La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una nueva ley que otorga al presidente Daniel Ortega un control sin precedentes sobre la fuerza policial del país, aumentando las preocupaciones acerca de la independencia de la institución e incrementando el riesgo de corrupción de la policía a través de los vínculos políticos.
La “Ley de Organización, Funciones, Carrera, y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional” (ver pdf adjunto) hace de la presidencia la “jefatura suprema” de la institución, junto con otras cláusulas que reestructuran y prestan apoyo institucional a la fuerza policial. La legislación sustituye a la Ley de la Policía Nacional de 1996, con la cual la policía estaba bajo el mando del Ministerio de Gobernación de Nicaragua.
La ley también aumenta la edad de jubilación de los funcionarios, crea nuevas unidades especializadas de la policía e instituciones para apoyarlas, y establece oficialmente dentro del marco de la fuerza, la creación de policías voluntarios ??en las comunidades, algo que se viene produciendo desde hace varios años como parte del exitoso modelo de policía comunitaria del país.
La nueva legislación ya ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores. Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) con sede en Nicaragua, dijo a InSight Crime que aunque muchos de los artículos proponen una reestructuración positiva de la institución, el vinculo presidencial directo que crea el artículo 1 de la ley, que permite a Ortega dictar cada faceta de la institución, esencialmente “politiza” a la policía.
Según Cuadra, las afirmaciones del gobierno de que entregar el control al presidente significará un fortalecimiento de la policía y hará a la fuerza más eficiente, son infundadas, y en su lugar otorgarán a Ortega un altísimo margen de discrecionalidad sobre las actuaciones de la policía.
El control general presidencial se ve agravado por el artículo 10 de la ley, que otorga al presidente la capacidad de nombrar para mandatos de cinco años, al director, subdirectores e inspector general de la institución, obviando el proceso de selección por ternas que se realizaba antes de la ley.
Además, la legislación otorga al presidente la autoridad para despedir a estos funcionarios de alto rango por “desobediencia”, así como por incapacidad física o mental, o por ser condenados de algún crimen.
Según las preocupaciones planteadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) antes de la aprobación de la ley, esto genera el riesgo de una jerarquía policial basada en la lealtad personal hacia el presidente, y también impide la implementación de reformas y de renovación institucional.
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Sin embargo, los partidarios del gobierno han respondido a las críticas. Siglo 21 informó que Edwin Castro, diputado y jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), había señalado que la ley “consolida más la democracia” del país.
Castro agregó que la policía, según la nueva ley, es una institución no partidista y al servicio de la comunidad, informó La Gente.
Análisis de InSight Crime
Los críticos de las reformas creen que la nueva ley de la policía representa una apropiación del poder por parte del presidente Ortega, que podría tener repercusiones preocupantes para la seguridad e integridad de la policía.
Para Cuadra del IEEPP, la aprobación de esta ley es el fruto de un proceso de “reconcentración” del poder en la oficina presidencial, un proceso que se viene desarrollando desde que Ortega llegó a la presidencia en 2006 después de haber estado ausente durante 16 años. Estos sentimientos se reflejan aún más en las consideraciones del CENIDH, al señalar que la ley “es un reflejo del afán del presidente Ortega de centralizar el poder”.
Con tanto poder concentrado en las manos del presidente, existe el riesgo de que Ortega se vea tentado a usarlo para servir a su agenda política, persiguiendo a los opositores o concediendo impunidad en casos vinculados a él o a los intereses del FSLN.
Incluso antes de que la ley fuera aprobada hubo varios casos en los que las acciones de la policía parecían actuar en pro de los intereses políticos de los sandinistas. En junio de 2013, manifestantes antisandinistas que ocuparon el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para exigir al gobierno las pensiones, fueron violentamente desalojados del edificio por criminales que según los informes trabajaban en conjunto con la policía y eran respaldados por el FSLN. En febrero de 2013, mineros de Santo Domingo, en el departamento central de Chontales, se quejaron de la represión policial y de los abusos cometidos durante las protestas contra las operaciones del gigante canadiense B2 Gold, que según el CENIDH dejó 141 heridos.
Además, como InSight Crime ha señalado, se cree que existen organizaciones criminales involucradas tanto con la policía como con el gobierno de Nicaragua, y una menor rendición de cuentas por parte de la policía podría jugar a su favor.
Se sabe que en el país operan tanto redes de tráfico de drogas como pandillas dedicadas al robo de cargamentos de droga conocidas como “tumbadores”. Estos grupos, como en otros lugares de la región, a menudo trabajan con funcionarios estatales corruptos y con la policía para llevar a cabo sus operaciones.
El FSLN también ha sido implicado en actividades criminales y en actos de corrupción. En 2006, los documentos confidenciales de Estados Unidos publicados por Wikileaks señalaron que el FSLN aceptó dinero de la droga para el financiamiento de campañas, ofreciendo a cambio favores judiciales a los traficantes.
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Según el CENIDH, es probable que este nivel de corrupción en la institución aumente con el artículo 38 de la ley, que permite a los miembros de la policía acumular hasta 40 años en el servicio, en lugar de los 30 que permitía la ley anterior, y que otorga al presidente el poder de ampliar la tenencia del cargo de los agentes de la policía. Para el CENDIH, esto evita la “renovación constante” de la dirección de la policía y de la institución, lo que puede ser un factor crítico en la lucha contra la corrupción policial.
Incluso los detractores de la ley han admitido que algunas de sus reformas podrían beneficiar a la policía y a la seguridad en el país, que sigue estando menos afectado por la corrupción y la violencia que muchos de sus vecinos de Centroamérica. Sin embargo, el potencial de politización de la fuerza de la policía generado por la concentración de poder en la presidencia y por la falta de rendición de cuentas sobre cómo se administra la institución, superan con creces a los aspectos positivos de la ley.