En julio, el gobierno venezolano lanzó su más reciente iniciativa contra la delincuencia: OLP. Las operaciones consisten en el envío de fuerzas del ejército y la policía armadas hasta los dientes para reclamar el monopolio estatal de la violencia en áreas pobres presuntamente controladas por actores armados no estatales.
El presidente Maduro afirmó que la “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP )se mantendrán hasta que “sean eliminadas las pandillas criminales y las prácticas paramilitares infiltradas por la derecha en el país”.
“Lo que vimos en las últimas semanas no es nada [comparado] con lo que se va a ver en las semanas que vienen. En las próximas semanas vamos a graduar 20.000 nuevos funcionarios de la Guardia Nacional para incorporarse decididamente a las operaciones de liberación y protección del pueblo: las OLP. […] Pido que haya unidad nacional en torno a la OLP. ¡Basta ya de estos criminales, paramilitares, sicarios, asesinos!”, exclamó Maduro.
Este artículo fue publicado originalmente por Venezuela Politics and Human Rights, blog administrado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y se traduce y publica en este sitio con autorizacion. Vea el original aquí.
El lanzamiento de la OLP no estuvo acompañado por la publicación de resolución oficial alguna que declare su definición, propósito u objetivos. Solo fue anunciada por el Ministro del Interior en conferencia de prensa, el día después de que se inició la operación en Cota 905.
Hasta el momento ha producido cientos de arrestos. No hay cifras oficiales sobre el total de muertes en toda la operación de la OLP en el país, pero los informes de prensa muestran por lo menos dieciocho civiles muertos (ver aquí y aquí). Dichas muertes supuestamente tuvieron lugar en el desarrollo de confrontaciones armadas, pero no se hallaron reportes de bajas en las fuerzas de seguridad. Varios informes de testigos mencionan familias desalojadas por la fuerza de sus casas y violentadas por las fuerzas de seguridad.
Aunque el presidente Maduro ha llamado a esta operación de seguridad “el instrumento perfecto para la paz”, grupos de derechos humanos señalan que se parece más a la represión dura del Plan Unión en los años 80.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) dice que la escala de violaciones a los derechos humanos ha sido “masiva”, y que la versión del gobierno sobre la supuesta presencia de “paramilitares” ha convertido a la OLP en un “pogromo” contra inmigrantes colombianos y residentes de barrios. PROVEA informa que ha atendido “cientos de casos de desalojo por la fuerza” protagonizados por la OLP, sólo en Caracas.
El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), otra ONG histórica de derechos humanos en Venezuela, afirmó que dar a los funcionarios de seguridad órdenes de allanar las casas del pueblo sin una orden judicial equivale a “signos irrefutables” de que pueden actuar con impunidad. COFAVIC ha solicitado al gobierno venezolano que abra una investigación independiente sobre las operaciones.
Los críticos también han cuestionado fuertemente la efectividad de la OLP. Un reporte del diario pro-oposición El Nacional afirma que de las 346 personas presas en cuatro operaciones en Caracas, sólo cuarenta y siete enfrentan cargos formales. Los líderes de las bandas criminales no fueron hallados, ya que la mayoría tiene contactos desde adentro en las fuerzas de seguridad y fueron prevenidos de las operaciones de la policía.
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En un detallado informe sobre las “Zonas de paz” controladas por bandas criminales, Daniel Pardo, de la BBC, entrevistó a integrantes de pandillas, quienes también alegaron que los líderes reales de las bandas no tuvieron problema en evitar ser arrestados en las operaciones.
La activista Keymer Ávila afirma que la OLP está lejos de ser una estrategia efectiva para combatir el delito: “En términos de una relación costo-beneficio, no tiene lógica”, escribe Ávila, “[en el caso de la operación Cota 905 en Caracas] sacaron de sus casas a cientos de personas para arrestar a una persona buscada por abuso sexual (nada que tuviera que ver con crimen organizado), dos por distribución de droga en pequeña escala, quince al parecer por ser extranjeros (como si tal condición en sí fuera un delito)…¿Y cuántos ‘paramilitares’ o miembros de pandillas criminales capturaron? Ninguno”. Señala que la seguridad ciudadana debe diferenciarse claramente de la seguridad nacional.
El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López ha negado enfáticamente que la OLP haya ejercido violaciones a los derechos humanos. Las operaciones, según el ministro, “se hicieron bajo la revolución, [y por consiguiente] nunca de los nunca jamases podría haber en ellas una violación a los derechos humanos, porque todo lo que se hace en la revolución tiene el sello del respeto a todo lo humano: El hombre va primero”.
González López también sostuvo que antes de la revolución el delito estaba relacionado con la pobreza, pero que bajo la revolución: “los venezolanos ahora tienen acceso a vivienda decente, autos, cultura y deporte”. Por esto, dado que la pobreza ya no es la causa, el delito en Venezuela hoy solo puede explicarse por “una transferencia de cultura ajena a nosotros, que llegó aquí inoculada con las drogas, el narcotráfico y los dólares [usados] con el propósito político de hacer daño, ocupándonos”.
Pero incluso algunos revolucionarios se han pronunciado. Colectivos afines al gobierno, de una de las áreas afectadas por una OLP, publicaron, en la página web chavista Aporrea, una carta abierta dirigida al Presidente Maduro denunciando que más de 350 personas sufrieron abusos policiales y fueron desplazadas de sus hogares por la operación.
El Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, admite que su oficina recibió por lo menos veinte denuncias de casos de “excesos policiales” cometidos en las OLP, pero también defiende la necesidad de las operaciones: “Esas [áreas] eran territorios cerrados, ellos [las bandas criminales] instalaron puestos de control y asesinaron a policías y guardias nacionales, e incluso le dispararon a una caravana ministerial que pasó. Hubo un clamor nacional contra lo que estaba pasando allá, y hubo una operación de la policía. De hecho recibimos denuncias muy concretas sobre la manera como se hicieron algunos de los arrestos”, declaró el Defensor del Pueblo.
En declaraciones más recientes William Saab ha defendido con mayor ahínco la operación al asegurar que su oficina ha estado trabajando hombro a hombro con la policía y el ejército para velar por los derechos humanos. La OLP está, según el Defensor del Pueblo, “logrando su objetivo”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió a la crítica de PROVEA alegando que la ONG hace parte de una campaña de descrédito contra la OLP. En la jerga política venezolana, “campaña” se refiere a una iniciativa organizada maliciosa para desinformar al público por razones políticas. Cabello señaló en su programa de televisión “Con el mazo dando” que “Inti Ramírez, uno de los directores de PROVEA, está documentando casos falsos de violaciones a los derechos humanos durante la OLP, para llevar esos casos a los tribunales internacionales, quieren hacerlas ver [las OLP] como operaciones de ejecuciones extrajudiciales”.
No ha habido declaraciones sobre la OLP de la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democratica (MUD). En realidad, ha habido muy pocas declaraciones sobre el tema por parte de cualquier líder de la oposición. Henrique Capriles Radonski aludió brevemente a la OLP en una entrevista de radio y preguntó: “¿Cuántos planes de seguridad ha habido hasta el momento? ¿Es éste [la OLP] un plan de seguridad serio o uno más de los 23 planes anteriores fallidos?”
La líder y candidata de la oposición para las próximas elecciones legislativas Delsa Solórzano afirmó que el grupo de candidatos de MUD ya tiene un borrador de leyes sobre el tema de la seguridad ciudadana. “Lo presentaremos detalladamente durante la campaña que arrancará en pocos días… y abordará el problema de la inseguridad de forma efectiva y no efectista, sin violación de los derechos humanos de los venezolanos, como ocurrió con el OLP”, agregó Solórzano.
El gobernador del estado de Lara, Henri Falcón, fue aun menos crítico. Ofreció al Ministerio del Interior los 4.500 funcionarios de la fuerza de policía de su estado para unirse a la OLP, pero también pidió que las operaciones “respeten los derechos humanos”.