Los inadecuados sistemas judiciales les están fallando a las mujeres condenadas por narcotráfico en Latinoamérica, según un informe de una organización no gubernamental líder en política de drogas, el cual hace un llamado a la implementación de estrategias internacionales y locales para abordar tanto las condiciones de detención como las causas de la participación de las mujeres en el narcotráfico.
El informe, “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina” (pdf), publicado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), describe cómo las actitudes arraigadas hacia el género y la continua marginación de las mujeres, han contribuido al crecimiento significativo de la población carcelaria femenina -en particular por delitos de drogas- desde 1980.
Como destaca el informe, aunque las mujeres en promedio sólo representan el cinco por ciento de la población carcelaria en Centroamérica y el seis por ciento en Suramérica, la cifra ha crecido a un ritmo mucho más rápido que la población carcelaria masculina en las últimas décadas.
La proporción de mujeres reclusas encarceladas por delitos de drogas también es sorprendente. En Ecuador, del 75 al 80 por ciento de las reclusas son encarceladas por delitos de drogas, frente a un 18,5 por ciento en 1983. En otras partes de la región predominan los cargos por narcotráfico; con un 60 por ciento en Brasil; un 70 por ciento en Argentina y Venezuela; y un 89 por ciento en Nicaragua, entre las mayores proporciones de mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas. Cabe destacar que en México, del 30 al 60 por ciento están encarceladas por cargos de drogas, una cifra que se eleva a entre un 75 y 80 por ciento en la región fronteriza de Estados Unidos, una zona clave para el narcotráfico.
Según el informe, la evolución del papel social y familiar de las mujeres en Latinoamérica ha contribuido a su mayor participación en el tráfico de drogas, pero no se han dado políticas de drogas y reformas carcelarias para abordar estas nuevas condiciones.
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Con un creciente número de familias con una sola cabeza de familia, las mujeres están adoptando cada vez más el papel de único proveedor, no sólo para sus hijos sino también a menudo para los parientes ancianos. Como dice el informe, “muchas de ellas [las mujeres prisioneras en Latinoamérica] son madres solteras que entran al negocio de las drogas solamente para poder alimentar a sus hijas e hijos”.
Junto a este cambio, la “feminización de la pobreza” ha visto un aumento significativo en el número de mujeres extremadamente pobres y sin hogar en toda la región; condiciones a menudo estrechamente relacionadas con el abuso personal de drogas, que es otro factor crítico que empuja a las mujeres hacia la criminalidad. El perfil general de las reclusas por drogas se caracteriza por la falta de educación, y un historial de empleos mal remunerados o inadecuados, según el informe.
El informe también pone de relieve cómo las relaciones personales -a menudo románticas- con los hombres pueden conducir a las mujeres a participar en el tráfico de drogas, donde por lo general ocupan los eslabones más bajos de las redes criminales: cultivando, transportando o vendiendo drogas. El contrabando de drogas también es un papel que frecuentemente juegan las mujeres, ya sea como “mulas” que transportan drogas a nivel internacional, o las llamadas “aguacateras” (portadores de aguacate: llamadas así por la forma de las cápsulas de la droga), quienes ocultan las drogas para llevarlas a la cárcel, usualmente para pasárselas a los prisioneros masculinos.
Las sanciones que se aplican a este tipo de actividades pueden ser severas, con condenas largas independientemente de si la mujer fue obligada a llevar las drogas. En muchos países de Latinoamérica, los delitos de drogas se encuentran con la automática detención preventiva, que puede durar meses o años y, como expone el informe, “la mayoría de estas mujeres procede de los estratos sociales más marginados y socialmente excluidos, y no cuenta con los medios económicos ni con el conocimiento legal o el capital social para proveerse de una defensa legal adecuada”.
Si bien el informe señala que los esfuerzos de reforma están en marcha en algunos países, el proceso ha sido lento, y muchos países aún excluyen automáticamente a los criminales de drogas de las consideraciones de sentencias y detenciones aplicadas a las mujeres por otros delitos.
Pese a que las cambiantes condiciones sociales han conducido a las mujeres a una mayor participación en el crimen organizado, la desigualdad de género se ha mantenido de una manera que ha agravado su situación a menudo nefasta, tanto adentro como afuera de las prisiones. No sólo el machismo arraigado resulta en las mujeres ocupando los más insignificantes y reemplazables roles dentro de las organizaciones natrcoraficantes, sino que también contribuye a la desigualdad de condiciones y de trato en la cárcel y a la ruptura de las unidades familiares.
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Según el informe, mientras que los hombres por lo general cuentan con el apoyo y las numerosas visitas de sus familiares y socios, las mujeres a menudo son “abandonadas a su suerte”, ya que el sesgo de género innato las ve pasar de ser percibidas como “madres” a “delincuentes”, con las dos caracterizaciones siendo a menudo incompatibles a los ojos de los miembros de la familia y la sociedad en general. Además, las mujeres a menudo no pueden tener visitas conyugales, mientras que el número inadecuado de cárceles de mujeres significa que o bien se encuentran lejos de su familia, o en condiciones inadecuadas e improvisadas en las cárceles de hombres.
La desigualdad también se confirma en las oportunidades de empleo disponibles para las mujeres reclusas, quienes a menudo están restringidas a trabajos “de poca utilidad para la integración en la economía formal después de salir de prisión”, como el bordado, relleno de animales blandos y el trabajo doméstico, mientras que los hombres tienen más acceso a una formación profesional.
Además de las instalaciones y oportunidades inadecuadas para las mujeres, hay una parte aún más sombría del tratamiento desigual, con la violación por parte de guardias penitenciarios masculinos siendo un incidente común en algunas prisiones, y las mujeres reclusas siendo obligadas a prestar servicios sexuales a los prisioneros masculinos en otras. Como señala el informe, a veces las mujeres se enfrentan a la elección entre ser encarceladas lejos de sus familias, o ser encarceladas cerca a los reclusos varones, donde tales abusos pueden tener lugar. En cualquiera de los casos el resultado puede ser un severo daño psicológico.
Análisis de InSight Crime
El crecimiento de la población penitenciaria femenina y el aumento de la proporción de reclusas por cargos de drogas en Latinoamérica es un fenómeno que ha recibido una atención creciente en los últimos años y está estrechamente relacionado con el creciente papel de las mujeres en el crimen organizado.
Ha habido algunas mujeres narcotraficantes de alto nivel, como la famosa colombiana Griselda Blanco, o la llamada “Reina del Pacífico”, Ávila Beltrán, y las autoridades mexicanas han observado un aumento de las mujeres operando como jefes de plaza, liderando escuadrones de choque y manejando bandas de secuestradores. Sin embargo, la mayoría de las mujeres permanecen en el peldaño más bajo del crimen organizado, en el que su creciente papel con las pandillas a menudo se limita a actividades como el contrabando, o la prestación de inteligencia, y sus oportunidades son a menudo limitadas por su género.
Los informes de que las mujeres están participando cada vez más en el crimen organizado han coincidido con el crecimiento de la población carcelaria femenina, que ha sido notable desde los años ochenta, pero que ha sido exponencial en los últimos años -un informe de Open Society Foundation (pdf) encontró que casi se había duplicado sólo entre 2006 y 2010- de 40.000 a 74.000.
Dada la relación entre el crimen organizado y el narcotráfico, así como el creciente consumo de drogas, es de esperarse que muchas mujeres sean encarceladas por cargos de narcotráfico. Esto también encaja en un patrón observado en otras partes del mundo, con Harm Reduction International señalando una tendencia similar en Europa y Asia Central en su informe de 2012 “Cause for Alarm” (pdf).
Esta relación entre las drogas y la creciente población carcelaria femenina provocó que el IDPC hiciera un llamado a la cooperación internacional para abordar las condiciones sociales que conducen a las mujeres hacia el tráfico de drogas y finalmente a la prisión, así como la necesidad de reformar el sistema penitenciario y de justicia en toda Latinoamérica. El informe elogia la inclusión de la discusión de la mesa redonda “Mujeres, drogas y derechos humanos en las Américas”, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en junio de 2013, e insta a la adopción de la política de drogas que está diseñada y enfocada en el género, como aparece en la “Declaración de Antigua”, firmada por los líderes regionales en dicha sesión de la OEA.
No obstante, como también señala el informe del IDPC, el problema va más allá de la delincuencia y las drogas. Uno de los principales obstáculos para la efectiva implementación de la reforma que responda a las causas de estos problemas es la persistencia del machismo arraigado en la sociedad latinoamericana -un problema que requerirá mucho más que nuevas leyes y regulaciones para hacerle frente-.