Pase lo que pase luego de “la madre de todas las marchas” en Venezuela el 19 de abril, lo más seguro es que reinará la incertidumbre política y el provecho que sacará de ella el crimen organizado. A continuación, InSight Crime analiza algunos de los posibles escenarios de Venezuela en el futuro próximo, y sus implicaciones en el panorama delincuencial.
Venezuela hoy
La agitación social en Venezuela a lo largo de las últimas dos semanas ha sido la más extendida desde el arresto y posterior encarcelamiento del líder de la oposición Leopoldo López por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro en 2015.
Las más recientes manifestaciones contra el gobierno fueron desatadas por una decisión del Tribunal Supremo, controlado por el régimen de gobierno, de vetar la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Más adelante el Tribunal Supremo se retractó, pero era demasiado tarde: los críticos del régimen habían cobrado valor con la audaz medida. Luisa Ortega Díaz, fiscal general del país y tradicional partidaria de Maduro, también rechazó el intento del Tribunal Supremo de consolidarse en el poder, lo cual socavó aún más la legitimidad del gobierno de Maduro.
La indignación se avivó con la decisión, pocos días después, de vetar por quince años la participación en política a Henrique Capriles, prominente miembro de la oposición. Capriles, que se ha lanzado dos veces como candidato a la presidencia, es una de las esperanzas más sólidas de la oposición para ganar las elecciones frente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro, a finales de 2018.
Una recesión económica crónica en Venezuela ha provocado el desbordamiento de la inflación, la escasez de alimentos y productos básicos, y el colapso de los sistemas de salud y educación. La popularidad de Maduro va en caída libre, pero el pueblo venezolano ha mostrado hasta el momento una tolerancia increíble para lo que muchos se han visto reducidos a hacer: buscar comida en la basura, esperar horas en fila para comprar productos básicos, muchas veces a precios inflados, y recorrer el país buscando medicamentos en el mercado negro ante el sufrimiento e incluso la muerte de sus familiares.
La difícil situación social y económica por la que pasa el país ha tenido otra consecuencia siniestra: ha provocado el aumento de la criminalidad y el crimen organizado hasta niveles sin precedentes.
La tasa de homicidios en Venezuela es una de las más altas del mundo, y Caracas es hoy por hoy la ciudad más peligrosa del planeta. Nuevas formas de crimen organizado han aparecido en las cárceles del país, en sus fuerzas armadas y en sus calles, en la forma de Megabandas, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, en 1999. El narcotráfico ha penetrado las esferas más altas del actual régimen, tocando hasta la familia del presidente Maduro. Grupos de civiles armados, conocidos como colectivos, que fueron aceptados y promovidos por Chávez como defensores de la revolución, han pasado a ser renegados y se sostienen cada vez más con actividades criminales. La corrupción desenfrenada ha permitido que los cleptócratas saqueen las arcas públicas mediante tasas de cambio artificiales y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA).
A continuación, analizamos algunos escenarios futuros posibles y sus implicaciones para el crimen organizado.
El régimen se mantiene o se renueva
A los elementos criminales en el régimen y fuera de él nada les gustaría más que mantener el statu quo.
Las fuerzas armadas son el músculo y la columna política del gobierno de turno. De los 32 ministros de gobierno de Maduro, 11 son oficiales del ejército activos o en retiro. Algunos tienen sanciones o actas de acusación del gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico (ver gráfico abajo). Las fuerzas armadas han acentuado su participación en el tráfico transnacional de cocaína desde 1999, en parte como resultado directo de las decisiones políticas de Hugo Chávez, y se benefician de otras fuentes de ingresos ilegales, como la venta de petróleo de contrabando, protegido por subsidios gubernamentales, en la frontera con Colombia y del proceso de la distribución de alimentos, de la cual tienen control. La Guardia Nacional Bolivariana controla las fronteras del país, los aeropuertos y los puertos y se ha visto implicada en algunos de los decomisos de cocaína más grandes de los últimos años.
La delincuencia no se limita a los militares en el gobierno. El vicepresidente Tareck El-Aissami fue sancionado recientemente por Estados Unidos por su presunto rol en narcotráfico, que data de la época en que fungía como gobernador del estado de Aragua.
Si Maduro decide dimitir, El Aissami es su sucesor natural a la presidencia. Eso podría ocasionar un remezón político y dar al régimen una oportunidad de renovarse con algunos cambios y movimientos internos. Si El Aissami cambiara el curso de las políticas económicas del régimen y revirtiera parte del daño causado en los últimos años, podría mejorar las posibilidades del PSUV de triunfar en las elecciones presidenciales de finales del próximo año —algo que es casi seguro que no podría lograr Maduro en este momento.
No es claro, sin embargo, qué camino tomaría El Aissami, radical del partido, si llega a la presidencia. Su condición como sospechoso de narcotráfico podría no inspirar nueva confianza en los venezolanos ya cansados de la corrupción y del abuso del poder del actual sistema.
Para otros elementos criminales, mantener el statu quo sigue siendo la mejor opción. Los colectivos armados progobierno, muchos de los cuales son percibidos como matones violentos por quienes viven en los territorios bajo su control, dependen por completo del régimen socialista para su supervivencia. Las investigaciones de InSight Crime en el barrio 23 de Enero, de Caracas, que alguna vez fue bastión del chavismo, muestran que estos grupos recurren cada vez más a actividades criminales, como la extorsión y el microtráfico para sostenerse.
También están implicados en los operativos contra la delincuencia, conocidos como Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en el que trabajan hombro a hombro con las fuerzas de seguridad estatales para eliminar a los grupos criminales y a las megabandas.
Esos operativos se vieron instigados cuando la política de “zonas de paz” del gobierno falló, la cual entregó ingentes porciones de territorio a las pandillas criminales que las ocupaban. En efecto, el plan convirtió a las Megabandas en la ley de facto en esas zonas, porque las fuerzas de seguridad tenían prohibido el ingreso sin autorización previa. Muchas de esas zonas de paz existen actualmente. Aunque las Megabandas atacan abiertamente a las patrullas y los cuarteles de las fuerzas de seguridad venezolana, y se han visto forzados a reagruparse luego de la eliminación de muchos de sus líderes originales, siguen manejando sus economías criminales, lo que incluye extorsión, secuestro, sicariato y microtráfico.
En lo que respecta a las cárceles del país, la economía criminal está mejor que nunca, aun cuando la violencia y el hacinamiento constituyan graves problemas de derechos humanos. La creación de un Ministerio de Servicios Penitenciarios en 2011 efectivamente pasó el gobierno de las cárceles del país a los poderosos jefes que hay allí encerrados, a quienes se conoce como “pranes”, que ahora las dirigen como sus feudos. La violencia sigue siendo uno de los principales medios para mantener el control.
Régimen y oposición forman un gobierno conjunto
La decisión de revertir el fallo del Tribunal Supremo en el cual anulaba a la Asamblea Nacional puede ser una señal de que la administración de Maduro se tambalea. El Miami Herald informó esta semana que el presidente ofreció en secreto un acuerdo a la oposición, mediante el cual este año se celebrarían elecciones regionales, en las cuales la oposición parece en camino de lograr un fuerte apoyo.
Dada la hostilidad entre el gobierno y la oposición, y el fracaso de los diálogos seguidos por el Vaticano a finales de 2016, esto parece el escenario menos probable. Si eso pasara, es posible que se vea frustrado por disputas y desacuerdos internos entre las diferentes partes. La coalición tendría que ponerse de acuerdo en temas fundamentales de largo alcance, como la participación del ejército en el país, la seguridad, el sistema penitenciario y los controles económicos.
En este escenario improbable, la principal víctima serían los colectivos, a los que la administración de Maduro se vería forzado a poner en cintura como condición para un gobierno conjunto. Es posible que se les ponga límite a las armas, así como a su función como represores de los medios y de las protestas de la oposición. Además de eso, habría pocos cambios visibles a corto plazo en lo que respecta a la dinámica criminal.
Las fuerzas armadas organizan un golpe u obligan a Maduro a una transición política
No puede exagerarse la importancia del respaldo de las fuerzas armadas para el presidente Maduro y el régimen. Pero anteriormente ha habido facciones que se han ido contra el régimen, como sucedió en el fallido golpe contra Hugo Chávez en 2002, que lo destituyó por un par de días.
A corto plazo, los colectivos y el mismo ejército serían los elementos criminales que mayor impacto absorberían con un cambio dirigido por facciones del ejército para forzar la posición de Maduro. Las fuerzas armadas querrían asegurar su lugar en la mesa del nuevo gobierno, y podrían ofrecer a los colectivos —despreciados y temidos por la oposición— como sacrificio.
“Los colectivos en realidad consideran que se los ha puesto en el cadalso como peones sacrificados en un contexto de negociación”, comentó a InSight Crime Alejandro Velasco, autor del libro Barrio Rising. “Ellos tienen la convicción de que la lucha que se aproxima será no contra la oposición, sino en realidad contra los militares por la supervivencia. Ambos se encuentran en una especie de maniobra por la supervivencia en un contexto de transición”.
De presentarse este escenario, la incertidumbre política que generaría podría llevar a un empeoramiento de la realidad en las calles de Venezuela antes de que hubiera cualquier mejoría. Tendría un impacto negativo inmediato en las megabandas o en las empresas criminales manejadas en las prisiones. En todo caso, la criminalidad y la impunidad no harían más que aumentar, al dar a estos elementos más libertad de movimiento. A más largo plazo, una administración capaz de gobernar podría tomar medidas para frenar sus libertades y feudos criminales.
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El ejército, como agente y mediador, tendría que hacer algunas concesiones por sí mismo. Si las fuerzas armadas estuvieran implicadas en la mediación o la implementación forzosa de esta posible transición, en sus negociaciones estaría implícita la continuación de su administración de los puertos, fronteras y aeropuertos del país, elemento fundamental de su participación como beneficiarios del crimen organizado transnacional.
El volumen de coca y cocaína que se está produciendo en la vecina Colombia se encuentra en niveles récord, y la red de oficiales del ejército venezolano implicados en el negocio de la droga, que se conoce en general como Cartel de los Soles, querrá mantener a salvo sus intereses.
Pero rodarán cabezas como parte de un cambio en el gobierno, y muchos de los puestos en la picota pueden ser los oficiales del ejército que se consideran más corruptos y fieles al régimen socialista. Poca duda cabe, sin embargo, de que serán reemplazados por otros igualmente dispuestos a sacar provecho de su poder y su posición en este país de tránsito clave en la industria global de tráfico de cocaína.