Las detenciones de siete alcaldes en Venezuela revelan cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha instrumentalizado la supuesta lucha contra el crimen organizado para alcanzar sus fines políticos.
Más de un tercio de los 21 alcaldes municipales del estado de Zulia han sido detenidos desde octubre de 2024.
El arresto más reciente se produjo el 2 de abril, cuando agentes de inteligencia detuvieron a Indira Fernández, alcaldesa del municipio Guajira. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, la vinculó a ella y a otros seis alcaldes con una presunta red de narcotráfico acusada de importar casi 32 toneladas de cocaína incautadas en lo que va del año.
La más reciente de estas incautaciones –más de 15 toneladas confiscadas en la ciudad de Los Puertos de Altagracia el 8 de abril– se sumó a la de 5,4 toneladas interceptadas cerca de la frontera de Zulia con Colombia a mediados de marzo, que Cabello calificó como un récord.
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Según Cabello, la red formaba parte de un complot que involucraba a la líder opositora María Corina Machado y a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes supuestamente buscaban derrocar a Maduro con el apoyo de fuerzas paramilitares.
“Es una operación de corrupción, conspiración, terrorismo y narcotráfico”, dijo Cabello en una rueda de prensa el 4 de abril, y agregó que esperará a que el caso llegue a los tribunales para presentar pruebas de sus afirmaciones.
Cuatro de los alcaldes detenidos por su presunta participación en el complot pertenecen al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tres a la oposición. Un octavo alcalde de Zulia, Nabil Maalouf, permanece detenido desde diciembre, aunque Cabello no lo ha vinculado con la supuesta red de narcotráfico.
Las detenciones ocurren a pocas semanas de las elecciones regionales de mayo. Dado que Rafael Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia, no ha sido visto desde su arresto en octubre y se cree que está en El Helicoide —la infame prisión donde se encarcela a presos políticos y figuras de alto perfil—, es poco probable que los detenidos puedan hacer campaña para su reelección.
Análisis de InSight Crime
Con las elecciones regionales a menos de dos meses, estas detenciones parecen buscar el control absoluto de Zulia, un estado de gran peso político y criminal.
Ubicado frente al epicentro cocalero de Catatumbo, en Colombia, Zulia es clave para las operaciones de tráfico de cocaína en Venezuela. Aunque Cabello ha afirmado haber golpeado al narcotráfico internacional, sus propios vínculos con este negocio —junto con los del ejército venezolano y el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), aliado del gobierno— apuntan a otro posible objetivo detrás de las detenciones: asegurar el control sin competencia de las rutas de tráfico.
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“Necesitan más control en todos esos municipios fronterizos por donde se dice que pasa la droga”, dijo a InSight Crime un político zuliano que pidió mantener el anonimato.
Maduro busca afianzar su control político sobre Zulia, el estado más poblado del país y uno de los pocos gobernados por la oposición, para evitar que surjan movimientos opositores.
Vincular a adversarios políticos con el crimen organizado es una táctica común de Maduro, y el arresto de alcaldes opositores encaja con el patrón de represión política que se ha intensificado tras su reelección en julio de 2024, ampliamente denunciada como fraudulenta.
El presidente nombró a Diosdado Cabello como “jefe supremo” de Zulia el 6 de marzo. Sin precisar los poderes que le confería el título rimbombante, Maduro dijo que Cabello tendría la tarea de “reunir todas las corrientes patrióticas, revolucionarias, bolivarianas, chavistas, democráticas y honestas de Zulia”, lo que sugiere una intención de consolidar su control sobre el PSUV antes de las elecciones de mayo.
Al atacar a miembros de su propio partido, el gobierno puede presentarse como implacable frente a la corrupción, sin importar la filiación política.
Las detenciones también podrían ofrecer a Maduro y Cabello la oportunidad de hacer una “limpieza de casa” política y garantizar que solo candidatos leales al presidente participen en los comicios. Cabe destacar que tres de los cuatro alcaldes del PSUV arrestados tienen vínculos cercanos con el exgobernador Omar Prieto, caído en desgracia y ausente entre los postulados este año, pese a haber competido en las elecciones de 2021.
“Podría ser que Cabello eliminó a alcaldes que estaban en el equipo de Omar de esta manera”, dijo el político a InSight Crime. “Y eso, obviamente, le despejaría el camino para poner a gente leal a él”.
Imagen principal: El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa el 4 de abril. Crédito: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP).
