El cuerpo internacional contra la impunidad de Guatemala, CICIG, está entrando en sus últimos meses de existencia bajo el nuevo liderazgo de un veterano investigador colombiano; pero, persisten las dudas sobre lo que va a ser capaz de lograr, con los muchos enemigos de la comisión rondando por ahí.
Con el nombramiento del colombiano Iván Velásquez Gómez como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas, llegó a su fin el reinado tumultuoso de Francisco Dall’Anese, quien se retiró en agosto después de renunciar por “razones personales”.
Los últimos meses de los tres años que Dall’Anese estuvo como jefe de la CICIG vieron cómo la posición del ex fiscal general de la República de Costa Rica se volvió insostenible, a medida que las críticas sobre sus métodos provinieron de todos los lados. La gota que rebasó la copa estuvo acompañada de las declaraciones públicas de la CICIG durante el juicio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, lo que llevó al gobierno de Guatemala a enviar una delegación a Nueva York para presentar una queja ante la ONU (Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y condenado a 80 años de prisión, pero el Tribunal Constitucional anuló la decisión, enviando de nuevo el juicio a los tribunales).
Según un informe de Contrapoder de Guatemala, a Dall’Anese también le quedaban pocos amigos en Nueva York. Citando anónimos “funcionarios de alto nivel cercanos a la oficina del presidente y la CICIG”, el informe afirmó que funcionarios de la ONU se estaban impacientando con Dall’Anese, a quien cada vez más veían como aislado, habiendo bloqueado sus conexiones con las instituciones guatemaltecas y alienado a sus colegas con la falta de comunicación y negándose a aceptar consejos.
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La CICIG bajo Dall’Anese también se ha enfrentado a acusaciones de conductas severas y comportamiento intimidante. En agosto, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Héctor Hugo Pérez Aguilera acusó al secretario privado de Dall’Anese, Thomas Pastor, de utilizar amenazas para presionarlo a actuar en el caso de corrupción del expresidente Alfonso Portillo.
Las acusaciones del magistrado provocaron un intento, por parte de numerosos enemigos políticos de la CICIG, de revocar su mandato mediante una votación en el Congreso. La votación fue derrotada, pero sólo luego de lo que pareció ser una maniobra política hábil por parte de los aliados de la comisión.
Dall’Anese incluso ha sido criticado por activistas de derechos humanos. Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack y exjefe de la comisión de reforma policial, ha sido una crítica frecuente y fue mordaz en su evaluación de la jefatura de Dall’Anese después de su partida.
“La Comisión es un instrumento y una oportunidad que teníamos los guatemaltecos, y por incompetencias del liderazgo se ha debilitado” dijo Mack según la Associated Press.
No obstante, la CICIG está lejos de ser un fracaso. Desde su inicio en 2007, los niveles de impunidad en Guatemala han caído un 23 por ciento, según las propias cifras de la agencia. Ciertamente, la fiscal general Claudia Paz y Paz ha jugado un papel muy importante en este proceso, pero la CICIG ha ayudado.
La CICIG también ha presionado para que se aprueben las leyes sobre las escuchas telefónicas, sentencias flexibles para los colaboradores, el control de armas, la compra de droga controlad, y la incautación de propiedades y mercancías obtenidas ilegalmente. Ha ayudado a desarrollar un programa de protección de testigos y capacitación de fiscales en la habilidad de construir casos a partir de registros telefónicos y conversaciones grabadas.
Diseñó un tribunal especial para juzgar los casos peligrosos y de alto impacto. Purgó la policía de miles de agentes corruptos y los tribunales de decenas de jueces corruptos. Sus acciones también dieron lugar a la investigación y el despido de un fiscal general corrupto conectado a las adopciones ilegales, entre otros presuntos crímenes.
Bajo la dirección de Dall’Anese, la agencia también ha estado implicada en varios casos emblemáticos que van al corazón de la corrupción institucional. Aparte de su controvertido papel en el juicio por genocidio de Ríos Montt, la CICIG también estuvo en el centro de la acusación del expresidente Alfonso Portillo, acusado de corrupción. Portillo fue absuelto pese a la evidencia condenatoria en su contra, pero luego fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero, fraude y malversación de fondos públicos.
La CICIG también ha librado una guerra contra la corrupción en las fuerzas de seguridad de Guatemala y el sistema judicial. En uno de los casos más famosos de Guatemala en los últimos años, el llamado caso Pavón-El Infiernito, la CICIG ayudó a sacar a la luz una red de oficiales de seguridad de alto rango implicados en homicidios, narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, extorsión, robo de drogas y en la ejecución extrajudicial de 10 presos.
Esto fue seguido en 2012 por la publicación de un informe titulado “Los jueces de la impunidad“, que nombró a 18 jueces a quienes acusó de trabajar en los intereses del crimen organizado.
A pesar de sus diferencias con la comisión, algunos en el gobierno están tomando un tono más conciliador hacia Dall’Anese y la CICIG.
“[Dall’Anese ] decidió que su atención se centraría en el fortalecimiento de la capacidad institucional y en los casos con un perfil más bajo en medios de comunicación -y creo que no fue una mala elección-“, dijo el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco Luis Fernando Carrera a InSight Crime. “El debate ahora es sobre cuál ha sido el legado de este proceso, y en esa área creo que ha habido una falta de sistematización”.
Y para Carrera, por lo menos, el trabajo de la comisión aún no está hecho.
“La CICIG ha cumplido sus objetivos en el ámbito del Estado de derecho, pero la idea ahora es desmantelar las redes criminales que funcionan paralelamente al estado -Creo que ha tenido menos éxito en esto-“, agregó.
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Es poco probable que Iván Velásquez, el hombre que se enfrenta ahora a esta tarea, se deje intimidar por el ambiente hostil y las relaciones envenenadas dejados por Dall’Anese. Velásquez es un investigador aguerrido de las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares de Colombia y la complicidad del Estado que las facilitó, y ha soportado amenazas de muerte, conspiración, escuchas telefónicas y el asesinato de sus colegas.
Velásquez es más famoso por su crucial papel en la investigación de los vínculos entre los políticos colombianos y los paramilitares. Conocida como el escándalo de la “parapolítica”, esta investigación condujo al encarcelamiento de 55 congresistas. Debido a su trabajo, fue objeto de escuchas telefónicas ilegales por parte de los agentes del gobierno colombiano y se convirtió en una víctima de una campaña de desprestigio vinculada a familiares del expresidente Álvaro Uribe, que él había ayudado a condenar por conspiración paramilitar.
Sin embargo, pese a todas las credenciales de Velázquez, sus ambiciones deben limitarse, por lo menos según el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina. El presidente ya había descartado ampliar el mandato de la CICIG cuando expire en septiembre de 2015, y ha dejado claro que espera poco de la agencia durante el tiempo que le queda. Después de la filtración de la noticia del nombramiento de Velázquez, Pérez dijo que los dos últimos años de las operaciones de la CICIG se centrarían en la transferencia de la capacidad a las instituciones judiciales guatemaltecas.
La CICIG ha sido capaz de ahondar en la corrupción institucional y la impunidad en Guatemala, debido a la influencia de su respaldo internacional. Pero dentro del sistema político guatemalteco no hay el mismo nivel de entusiasmo por su trabajo, y luchar contra la corrupción le ha generado muchos enemigos poderosos dentro de las instituciones judiciales y de seguridad de Guatemala, así como dentro de las élites económicas y políticas tradicionales.
Con el poco tiempo que tiene para asentarse, y la posición aislada que ha dejado en su antecesor, Velásquez tendrá que luchar para manejar la CICIG como la agresiva institución contra la impunidad que ha sido en los últimos años. No obstante, la transferencia de la capacidad a las autoridades de Guatemala también es un trabajo crucial y puede llegar a ser la verdadera prueba del legado de la CICIG.