Todo el aparato judicial de Perú ha entrado en conmoción tras la filtración de grabaciones de audio que al parecer indican que varios funcionarios poderosos están involucrados en diversos esquemas de tráfico de influencias y corrupción.
Las grabaciones se obtuvieron como parte de una investigación sobre tráfico de drogas en la ciudad portuaria de El Callao, sobre el litoral del Pacífico, un importante punto de salida de los cargamentos de drogas internacionales.
El año pasado, los fiscales lograron obtener las órdenes para interceptar varios números telefónicos que los investigadores habían relacionado con un grupo de tráfico de drogas local denominado “Castañuelas de Rich Port”. Pero al parecer las autoridades no sabían quiénes eran los dueños de dichos números hasta que empezaron a escuchar sus conversaciones.
Uno de esos números pertenecía a Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, quien recientemente fue puesto en detención preventiva mientras la fiscalía adelanta un caso de corrupción en un contra. Otro de los números pertenecía a César José Hinostroza, magistrado de la Corte Suprema de la República, quien fue suspendido tras la publicación de las cintas.
En las grabaciones se escucha a miembros del Congreso, así como a destacados empresarios y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, una rama independiente del Gobierno, encargada del nombramiento y la supervisión de importantes funcionarios judiciales.
Aunque varios funcionarios han renunciado, han sido suspendidos o están siendo investigados, prácticamente todas las personas mencionadas en las grabaciones han negado su participación en comportamientos ilegales o poco éticos.
¿Qué contienen las grabaciones?
A pesar de que la interceptación de las conversaciones se produjo como parte de una investigación sobre drogas, algunas de las grabaciones filtradas hasta ahora han implicado directamente a funcionarios judiciales vinculados con traficantes.
De hecho, el único medio que ha publicado grabaciones relacionadas con el narcotráfico fue un programa de televisión llamado Panorama, que emitió un segmento el pasado 22 de julio, en el que se escuchan conversaciones de Gerson Aldair Gálvez Calle, alias “Caracol”, un jefe criminal de El Callao.
En las grabaciones, alias Caracol, quien fue arrestado y extraditado desde Colombia en mayo de 2016, se queja por los altos costos de los sobornos exigidos por funcionarios judiciales de quienes buscaba obtener favores.
“¿Usted sabe cuánto dinero invierto yo?”, dice en la grabación el líder pandillero encarcelado.
Otras de las cintas filtradas contienen claros indicios del comportamiento aparentemente criminal de funcionarios judiciales.
Una grabación publicada por IDL-Reporteros contiene una llamada telefónica realizada en el mes de abril, en la cual el magistrado Hinostroza parece discutir el arreglo del caso de un hombre acusado de violar a una menor.
“¿Qué es lo que quieren? ¿Que él reduzca la pena o que lo declaren inocente?”, pregunta el juez.
La República publicó conversaciones que indican que Ríos, el magistrado de la Corte Superior del Callao, recibió sobornos en efectivo y en obsequios, a cambio de influir en las acciones de la Corte.
Muchas de las conversaciones no apuntan necesariamente a comportamientos abiertamente criminales, pero dan indicios de que el intercambio de favores y el tráfico de influencias son comunes en el sistema judicial peruano.
Por ejemplo, un artículo de IDL-Reporteros describe varios casos evidentes de tráfico de influencias.
En una conversación grabada el pasado mes de enero, Ríos presiona a uno de sus compañeros para que promueva a un empleado recomendado por un poderoso miembro del Consejo de la Magistratura.
“Ya en este mundillo llamado rama judicial […] la palabra ‘poder’ no es para los inocentes”, le dice Ríos a su interlocutor. “En este sistema, de alguna manera respondemos a […] ciertos amigos que nos piden ciertas cosas”.
En otra de las grabaciones se escucha a otro miembro del Consejo de la Magistratura, quien le pide a Ríos celebrar un contrato con la universidad donde trabaja la esposa del consejero como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
En una conversación del mes de marzo, Ríos parece manipular un examen escrito que se les aplica a miembros del Consejo de la Magistratura. Le pide a uno de sus asistentes jurídicos que escriba preguntas fáciles para “apoyar a nuestros amigos”.
Otro de los artículos publicados por IDL-Reporteros se centra en una llamada de Hinostroza a Camayo, en la que el congresista le pide al empresario que ayude a su hija a conseguir un trabajo en una firma de abogados que gestionaba los aspectos legales de los negocios de Camayo.
Los efectos
Las grabaciones han ocupado el centro de atención de los medios peruanos durante varias semanas, en parte debido a la abundancia de investigaciones, renuncias y solicitudes de reforma judicial desencadenadas tras su divulgación.
A raíz del escándalo, varios políticos y otras personalidades han solicitado que se haga una profunda revisión del sistema judicial.
Días después de la divulgación de las primeras grabaciones, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que su Gobierno crearía una comisión de reforma que estaría encargada de hacer recomendaciones para la creación de un poder judicial “efectivo, oportuno, transparente, eficiente e incorruptible”.
El 18 de julio, el poder judicial declaró un estado de emergencia de 90 días para poder efectuar reformas extraordinarias que aún no han sido especificadas. Al día siguiente, el presidente de la Corte Suprema presentó su renuncia.
El 20 de julio, el Congreso destituyó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no habían renunciado todavía, a pesar de estar implicados en las grabaciones, y el 23 de julio la legislatura declaró un estado de emergencia de nueve meses para poder hacer las reformas que el organismo requiere.
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La policía también ha hecho varios arrestos y ha decomisado más de US$25.000 en efectivo de personas acusadas de formar parte de la red de tráfico de influencias de Ríos en El Callao, conocida por las autoridades como “Cuellos Blancos del Puerto”.
Sin embargo, no todas las acciones tomadas como respuesta a la crisis han estado orientadas a una reforma. La Organización de Estados Americanos y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus iniciales en inglés) criticaron las medidas del poder judicial y del Congreso que buscan obligar a los periodistas que divulgaron las noticias a entregar sus materiales fuente.
Pocos días después de la publicación del primer artículo, la policía inspeccionó las oficinas de IDL-Reporteros y trató de apoderarse de los materiales del medio de noticias. Más adelante, Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rosana Cueva, directora de Panorama, fueron citados ante el Congreso y amenazados con acciones penales si no entregaban sus fuentes.
¿Qué sigue ahora?
Gorriti ha afirmado que existen más grabaciones y que continuarán emergiendo más revelaciones. A medida que continúan las filtraciones, es probable que aumenten cada vez más las solicitudes de reforma judicial.
En un discurso reciente, el presidente Vizcarra expuso la propuesta de seis cambios legislativos y una propuesta de reforma constitucional que según él ayudarán a combatir la corrupción judicial.
Dentro de los cambios legislativos propuestos se encuentra la creación de un organismo de supervisión del poder judicial, la modificación de la manera como la Fiscalía General de la Nación participa en los casos de corrupción, el mayor acceso público a la información sobre el poder judicial, el establecimiento de sanciones para los abogados que incurran en acciones no éticas, el desarrollo de unidades fiscales especiales dedicadas a los casos de corrupción pública y la conformación de un consejo presidencial para la reforma judicial.
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El presidente propuso además modificar la Constitución con el fin de cambiar la manera como se eligen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Actualmente, los miembros de dicho consejo son elegidos por la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, colegios de abogados y escuelas de derecho acreditadas. No está claro qué entidad o entidades asumirían el proceso según la propuesta de Vizcarra, pero el presidente señaló que el sistema debe basarse en los méritos de los candidatos.
El jefe de Estado dijo además que se llevaría a cabo un referéndum en el país para que los ciudadanos puedan votar por las reformas judiciales propuestas, así como por los posibles cambios en el sistema político, como prohibir la reelección de los miembros del Congreso, erradicar la financiación privada de las campañas políticas y cambiar la legislatura peruana de un sistema unicameral a uno bicameral.