Han surgido nuevos detalles sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, incluido el hecho de que el ataque fue planeado metódicamente en Medellín y que quienes orquestaron su asesinato pagaron más de US$500.000.

Cuatro de las cinco personas acusadas de participar en el complot para asesinar a Pecci, quien fue abaleado el 10 de mayo mientras disfrutaba de su luna de miel cerca de Cartagena, se han declarado culpables de homicidio. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ofreció nuevos detalles del crimen en una conferencia de prensa el 7 de junio, cuatro días después de que los cinco sospechosos fueran arrestados durante una operación de la policía colombiana en Medellín.

Los fiscales acusan a Francisco Luis Correa de ser el presunto autor intelectual del asesinato de Marcelo Pecci. Correa se declaró inocente de los cargos de asesinato.

Los fiscales también mencionaron al ciudadano venezolano Wendre Still Scott Carrillo como el que presuntamente oprimió el gatillo. Otros involucrados, según los fiscales, fueron Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, quien estaba a cargo del transporte y la logística; y Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, quienes rastrearon los movimientos de Pecci en Cartagena.

Según una cronología de los hechos presentada por la Fiscalía General de la Nación, los cinco presuntos responsables se reunieron el 5 de mayo en la Plaza Minorista, un gran mercado popular de Medellín. Al día siguiente viajaron a Cartagena, donde Londoño Bedoya y su hijo se instalaron en un hotel en el centro de la ciudad, mientras Zabaleta y Carrillo se refugiaron en el sector costero de El Laguito. Correa se quedó en otro lugar para “coordinar desde allí la acción ilegal”, como apuntan los fiscales en el comunicado de prensa.

El 9 de mayo, Londoño Bedoya y su hijo fueron trasladados a un hotel de la isla de Barú, donde se alojaban Pecci y su esposa, Claudia Aguilera. Pagaron tres días en el hotel y comenzaron a seguir a Pecci. Desde el momento en que llegaron, Londoño Bedoya llamó a Correa más de treinta veces, afirman los fiscales.

Al día siguiente, Carrillo y Zabaleta condujeron en un vehículo alquilado hasta Playa Blanca, en Barú. Alquilaron una moto acuática y luego se reunieron con Londoño Bedoya y su hijo. Para mostrar dónde estaban Pecci y su esposa en la playa, “dieron indicaciones con los movimientos de sus brazos”, afirman los fiscales.

El encargado de disparar se acercó a la playa privada en la moto acuática y le disparó a Pecci tres veces, continúan los fiscales. Después, el asesino regresó en la moto acuática a Playa Blanca y arrojó el arma al océano.

Durante el curso de la investigación, las autoridades recolectaron 200 pruebas y revisaron 2.500 horas de video de 120 cámaras de seguridad. Se interceptaron más de 60 llamadas y se investigaron 20 lugares diferentes. Se realizaron unas dos docenas de entrevistas, como reporta el fiscal general Barbosa en el comunicado de prensa.

El “crimen fue pagado o negociado por más de dos mil millones de pesos (unos US$530.000 dólares)”, afirma Barbosa.

Según El Espectador, Correa es un exsoldado colombiano de la 4ª Brigada del Ejército. También fue condenado por violencia sexual, delito por el que cumplió una sentencia hasta 2011.

Tres de las personas acusadas del asesinato planean cooperar con las autoridades, y quizá podrían ofrecer información sobre quién ordenó el asesinato del prestigioso fiscal del crimen organizado.

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En Paraguay, las autoridades han allanado las celdas de varias personas que estaban siendo investigadas por el fiscal.

Análisis de InSight Crime

Los cientos de miles de dólares pagados por el asesinato de Marcelo Pecci apuntan a la clara participación de grupos del crimen organizado de Paraguay y Brasil, y han surgido una gran cantidad de actores importantes.

El director general de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, dijo en un tuit que el asesinato de Pecci fue coordinado por la pandilla más poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), y que existía un “acuerdo entre las organizaciones criminales internacionales” de un plan para asesinarlo.

“Debido a la coordinación criminal entre ellos, y en línea con lo que mis colegas paraguayos me han informado, el homicidio no se pudo consumar en Paraguay”, señaló Vargas.

Pecci fue una figura central en la lucha contra el PCC en Paraguay, y estuvo al frente de varios casos importantes no solo contra miembros del grupo sino también contra funcionarios de justicia de alto rango.

En la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, la presencia del PCC no es ningún secreto. Entre las investigaciones realizadas por el fiscal se encuentra una relacionada con el narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias “Minotauro”, cabecilla del PCC en la región que se encuentra en prisión en Brasil.

Una serie de correos electrónicos filtrados indican que el Ministerio de Justicia de Brasil había pedido al fiscal información sobre la supuesta relación de Minotauro con el fiscal paraguayo y ex viceministro de Política Criminal, Hugo Volpe Mazó, quien renunció en enero de 2020 después de que surgieran acusaciones de corrupción relacionadas con narcotráfico. Las autoridades brasileñas han estado investigando los vínculos entre Minotauro y Volpe Mazó, incluidas algunas acusaciones de soborno.

Otra teoría sobre el asesinato de Pecci es que el homicidio está relacionado con una megaoperación que permitió descubrir la relación entre narcotraficantes y políticos en Paraguay.

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La Operación A Ultranza PY, que comenzó el 22 de febrero, desmanteló una red de tráfico de cocaína entre Paraguay y Europa que involucraba a varios políticos y miembros de una iglesia.

Aunque Marcelo Pecci no estuvo directamente involucrado en la operación, estuvo a cargo de dos investigaciones de asesinato relacionadas con esta.

La primera tiene que ver con el asesinato del empresario paraguayo Mauricio Schwartzman en septiembre de 2021. Según declaraciones hechas por Pecci en marzo de 2022, se sospechaba que uno de los individuos investigados como parte de la Operación A Ultranza PY había ordenado el asesinato. Schwartzman tenía vínculos con la red de narcotráfico, según información de los fiscales paraguayos. Presuntamente le daba órdenes sobre cargamentos de cocaína a Luis Fernando Sebriano, uno de los individuos detenidos en la operación.

La otra investigación es el asesinato de Fátima Rejala, quien trabajaba como cocinera en la casa de Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien fue acusado de estar a cargo de la logística de la red de narcotráfico.