Durante tres días en julio de 2021, el barrio Cota 905 en Caracas se convirtió en zona de guerra urbana. A pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, más de 3.000 efectivos de la policía y el ejército, reforzados con vehículos blindados, atacaban calle por calle mientras los residentes se refugiaban temerosos en sus endebles casas de bloques de cemento.

Pero esta ostentación de fuerza no iba dirigida a enfrentar otro ejército, ni siquiera una milicia o grupo paramilitar. El enemigo era una pandilla callejera. Una pandilla bien armada y consolidada al mando de un notorio pran, pero aun así, un grupo de jóvenes extorsionistas y microtraficantes.

El llamado «megaoperativo» cobró docenas de vidas y dejó profundos traumas entre la población que sufrió los abusos de las fuerzas de seguridad. Pero el presidente Nicolás Maduro se declaró victorioso de esa guerra. El líder enemigo, Luis Carlos Revete, alias “El Koki” había sido desterrado de Cota 905.

Desde entonces, Maduro ha adoptado la táctica de los megaoperativos, que había usado ocasionalmente en el pasado, como un pilar central de su estrategia para combatir las bandas criminales que atemorizan a muchas comunidades en el país. A pesar de los aparentes éxitos, como la expulsión del Koki de la Cota 905, existen serios cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia para combatir a las bandas y acusaciones aún más graves sobre violaciones rampantes de los derechos humanos.

La radicalización de la guerra contra las pandillas

En el momento en que Maduro llegó al poder en 2013, Venezuela llevaba año tras año de tasas de homicidios récord, y se había ganado la reputación de uno de los países más peligrosos del mundo. Ese año, hubo más de 24.000 muertes violentas en el país, que equivalieron a unos 79 homicidios por 100.000 habitantes, según los cálculos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Detrás de gran parte de esa violencia había una generación emergente de bandas callejeras muy violentas, que crecieron para convertirse en lo que se llamó megabandas. Las estrategias de seguridad iniciales de Maduro fracasaron en contener la escalada de violencia, mientras que planes radicales para enfrentar a las megabandas, como la  creación de “zonas de paz”, libres de fuerzas de seguridad, lograron poco más que ceder territorio a las bandas.

En 2015, Maduro adoptó una estrategia más radical. En julio, el gobierno lanzó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), mediante la que fuerzas de seguridad haciendo gala de armamento pesado asaltaban las zonas controladas por las bandas con la orden de desalojar a los delincuentes a toda costa.

“La OLP fue la primera política de mano dura implementada en el país”, le dijo a InSight Crime un analista del OVV, que pidió no ser identificado por temor a la persecución política. “Se presentó como una política de exterminio de delincuentes”.

En ese punto, el OVV comenzó a recopilar información sobre ejecuciones sumarias a manos de la policía, que oficialmente se clasificaban como “resistencia a la autoridad”. En 2016, se registraron más de 5.000 muertes de ese tipo, equivalentes al 19% del total de muertes violentas en el país. Este porcentaje aumentó hasta el 36% en 2020 antes de caer al 13% en 2022, según datos de OVV.

A raíz de múltiples críticas de defensores de derechos humanos, que reunieron evidencia sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias masivas, las OLP se desmontaron gradualmente. Pero en su lugar se implantó una nueva fuerza policial que los venezolanos llegarían a considerar un escuadrón de la muerte, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Las FAES han ganado notoriedad internacional por su violencia extrema e indiscriminada y los abusos rampantes, que motivaron varios pedidos de desmonte por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En 2020, la administración de Maduro puso a prueba una nueva estrategia en Petare, un enorme distrito urbano en la periferia de Caracas, azotado por la pobreza y la violencia. En mayo, una fuerza mixta conformada por FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), incursionó en la zona en busca de la pandilla liderada por Wilexis Alexander Acevedo, alias “Wilexis”.

VEA TAMBIÉN: La persecución de ‘Wilexis’: un caos fabricado en Petare, Venezuela

La información de prensa del momento describe cómo las fuerzas de seguridad acordonaron toda la zona, confinando a los residentes, mientras que agentes armados y con las caras cubiertas corrían por las calles detrás de los vehículos blindados que recorrían las calles mientras había helicópteros zumbando sobre sus cabezas.

Aunque no se reportaron resultados oficiales, los medios informaron que fueron asesinadas al menos 12 personas. Wilexis se libró del operativo, pero se vio obligado a huir de Petare.

Y después de Wilexis vino la operación contra El Koki en Cota 905.

El gobierno le sacó el mayor jugo a esos resultados para sus relaciones públicas en el país y el exterior. Se llevó el crédito de «haber liberado» a Cota 905 y echó la culpa de la violencia en el sector a sus enemigos en Colombia y entre la oposición política venezolana.

“Este es un acto lleno de luz, de fuerza moral”, adujo Maduro, en comentarios reproducidos por medios locales. “Hemos desmantelado y seguiremos desmantelando el modelo de Colombia, de terrorismo y de muerte”.

Entre julio de 2021 y febrero de 2023, InSight Crime ha documentado siete megaoperativos más, en los que se han desplegado hasta miles de agentes de la policía y el ejército, junto con helicópteros y vehículos blindados, para atacar a las bandas delincuenciales.

De la misma manera, ha habido numerosas operaciones a menor escala que emplean tácticas similares, además de campañas militares contra grupos armados en la región fronteriza con Colombia y las bandas mineras del este del país.

Aparte de Wilexis y El Koki, los objetivos de esos despliegues han incluido el Tren del Llano, banda dedicada a la extorsión en los estados de Sucre y Guárico, y la banda de Carlos Capa, que fue el principal objetivo de un megaoperativo en la región de Valles del Tuy, estado de Miranda.

La fuerza bruta de estos operativos ha llegado a definir la respuesta de la administración de Maduro a la violencia y el control social ejercidos por las bandas delincuenciales.

“Los operativos policiales en Venezuela son dramáticos porque no se centran en la seguridad pública, sino que son operativos de corte anarquista y opresivos para recuperar espacios cedidos por el Estados [a las bandas criminales]”, comentó un investigador de Defiende Venezuela, organización de derechos humanos que ha recopilado   evidencia de abusos policiales en los megaoperativos recientes, y quien solicitó reserva de su identidad por temor a represalias del gobierno.

Nueva estrategia, los mismos abusos

Los megaoperativos no tienen reparo en recurrir a la violencia extrema. Pero el gobierno afirma que son cuidadosamente estudiados.

“[La policía] ejecutó a algunos de ellos en sus casas, a otros en los enfrentamientos”, aseguró un agente de la policía municipal del estado de Miranda, a InSight Crime, bajo la condición de anonimato después de que un megaoperativo dejara 27 muertos en la región. “Todos los muertos eran delincuentes, ellos son precisos. Trabajan con inteligencia social, tienen toda la información verificada”.

Pero parientes y amigos de las víctimas, además de organizaciones de derechos humanos, describen una realidad muy distinta.

“Mi hijo nunca había sido detenido, nunca tuvo problemas con el gobierno, nunca fue irrespetuoso con nadie”, aseguró a InSight Crime, la madre de un joven de 19 años asesinado por la policía en Petare.

Cuando la policía irrumpió en su casa una mañana de octubre de 2020, estaban convencidos de que él era miembro de una banda local que había asesinado a un agente de la policía. Cuando ella protestó diciendo que su hijo era inocente, la policía la golpeó, le puso un arma en la cabeza y la obligaron a tenderse en el suelo mientras ejecutaban a su hijo en la otra habitación, relata.

“Cuando oí el disparo y vi cómo… se lo llevaron, corrí a la habitación. Todo lo que pude ver fue un charco de sangre”, cuenta.

Sin importar si las víctimas son delincuentes o no, hay un patrón en los asesinatos, comentó el investigador de Defiende Venezuela.

“Los agentes se presentan en las casas de las víctimas sin una orden de cateo, preguntan por el joven o el adulto, lo ejecutan y luego simulan el delito que están castigando plantando evidencia”.

Y las ejecuciones son solo una parte de los abusos perpetrados durante los operativos de la policía. Tras la operación contra el Tren del Llano en Guárico, Defiende Venezuela recogió testimonios de abuso físico y verbal, tortura, violencia sexual, robos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Cuando se establecen en la zona, la policía también empieza a estafar a las comunidades, extorsionando y robando a los habitantes, según residentes y grupos de derechos humanos entrevistados por InSight Crime.

“La banda extorsionaba a la gente, pero los agentes montan retenes y comienzan a estafar a la gente. Si alguien no tiene sus papeles en orden, le quitan el dinero que lleve”, comentó el propietario de un pequeño negocio en Guárico, que fue agredido por la policía después de uno de esos encuentros.

El comerciante sostuvo que los policías le exigieron dos cajas de cervezas en medio de un operativo. Cuando se negó, lo golpearon y le dispararon en la pierna y abrieron fuego contra su tienda.

Cuando volvió del hospital, descubrió que los agentes se habían llevado las cámaras de seguridad en las que quedó grabado el hecho.

“Estaban borrachos y con uniforme”, dijo “No tenían orden, estaban en la calle que queda abajo de mi tienda bebiendo con unas mujeres, lo que querían era cerveza”.

Funcionarios corruptos también copian los mismos esquemas extorsivos de las bandas usando los teléfonos de los delincuentes para saber a quién han estado extorsionando y agredirlos también, según testimonios recogidos por Defiende Venezuela.

“Dicen a los dueños de pequeños establecimientos comerciales que si les pagaban a ellos, entonces tienen que pagarnos a nosotros”, relató el investigador.

Impactos difusos

Aunque hay evidencia sustancial de cómo esos megaoperativos han causado abusos generalizados contra la población civil, no es claro si han sido una estrategia de seguridad efectiva.

Más de dos años después de la operación en Petare, esta sigue siendo territorio de Wilexis y su banda, quienes regresaron a la zona en cuestión de unos meses y desde entonces están reforzando el control sobre la población.

Petare está atrapada en un ciclo de violencia: cada cierto número de meses estalla un conflicto entre la banda, que deja un rastro de muertos. Se despliega policía para responder y se dejan más muertos atrás. Los residentes salen a las calles a protestar contra la violencia policial y a pedir paz.

Para quienes viven en el sector, la tensión y el temor parecen haberse integrado a la vida cotidiana.

“En cualquier momento que uno se está desplazando por la zona debe estar alerta, porque cualquier bando [la banda o la policía] puede tomarlo por sorpresa y ponerlo en riesgo”, comentó un joven líder social de la zona. “Uno nunca se acostumbra a ello, se vive en permanente zozobra por todas las historias que uno ha oído y las cosas que ha visto”.

VEA TAMBIÉN:  Tras muerte de El Koki, bandas vuelven a agitar a Cota 905 en Caracas

La historia es otra en Cota 905. Después de expulsar a la banda de El Koki, las fuerzas de seguridad emprendieron una cacería del líder fugitivo, que terminó con su muerte acribillado en febrero de 2022 en una guarida en Aragua, a pocas horas de Caracas.

Pero las fuerzas de seguridad han implementado un estado de militarización casi permanente en Cota 905 para impedir que los remanentes de la banda de El Koki o sus rivales en el hampa llenen el vacío dejado por aquel.

En mayo de 2022, se puso fin a un intento de reducir el número de efectivos en Cota 905 cuando se arrojaron granadas a los policías restantes, una acción que se atribuyó a antiguos lugartenientes de El Koki. Los ataques rápidamente llevaron a la remilitarización del distrito, que se mantiene 18 meses después.

De manera similar a Petare, los residentes han debido acostumbrarse a vivir en un territorio básicamente ocupado, con retenes regulares, vehículos blindados en las esquinas y policías empuñando armas en todos lados. Pero sin más delincuentes que combatir, la policía pasa más tiempo hostigando a la población, señaló un residente de Cota 905, que no quiso ser identificado por razones de seguridad.

«La policía son malandros uniformados», dijo. «Ahora, cuando me dicen que la policía está por ahí me da miedo, aunque yo no sea malandra».

En los demás lugares, estos megaoperativos han tenido un éxito relativo. El Tren del Llano, la banda que fue perseguida en Sucre y Guárico, tuvo varios líderes muertos y más de 120 presuntos miembros detenidos o ejecutados, según el monitoreo de medios de InSight Crime.

Pero en lugar de desaparecer, el grupo se fragmentó en varias células. Aunque la fuerza total de la banda puede haberse debilitado, la amenaza que supone se ha multiplicado.

“Las operaciones militares han impulsado y promovido la transformación de la megabanda en formas criminales más sofisticadas”, observó un investigador de la dinámica criminal en Guárico, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

Pero a pesar de esas dudas, no hay indicios de que el gobierno de Maduro vaya a cambiar de estrategia.

Las operaciones se han vuelto otra vía para dirigir recursos a los oficiales de seguridad, pues las ganancias que obtienen del saqueo y la extorsión completan los precarios salarios que reciben del Estado, señaló el experto en derechos humanos de Defiende Venezuela.

“Las operativos van a seguir existiendo mientras sean útiles para los funcionarios, donde puedan cobrar botines de guerras”, opinó.

Y quizás lo más importante, con las elecciones presidenciales en el horizonte, es que Maduro desea mostrar a la opinión pública que está prestando atención a sus temores de crimen e inseguridad fuera de control.

“Estas operaciones van a continuar porque el estado venezolano no tiene una estrategia de seguridad ciudadana planificada. En lugar de eso, su única manera para enfrentar el crimen es la mano dura. Quieren mostrar, a punta de miedo y estadísticas, que están haciendo algo», concluyó el experto en derechos humanos.