Un estado de emergencia general anunciado para toda Jamaica con el fin de contener la escalada de violencia fue recibido con burla, como un ejemplo más de una larga serie de medidas que no parecen haber logrado mucho.

El primer ministro jamaiquino Andrew Holness declaró el estado de emergencia en nueve de las 14 parroquias de la isla, incluidos algunos sectores de la capital, Kingston, y el centro turístico de Montego Bay, a partir del 6 de diciembre.

La medida se dictó tras registrar 1.421 homicidios en Jamaica en lo corrido de 2022, cifra que supera los 1.375 homicidios ocurridos entre enero y comienzos de diciembre de 2021, como detalló un portavoz de la policía a Associated Press. Jamaica tuvo la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica y el Caribe en 2021, según el Balance anual de homicidios de InSight Crime.

Esta nueva declaratoria de estado de emergencia es una extensión de una iniciativa infructuosa aplicada en noviembre, cuando Holness impuso medidas similares en Kingston y en otras parroquias, una situación que solo duró dos semanas, pues el Senado se negó a extenderlas.

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Estrategias similares han sido implementadas con bastante frecuencia en Jamaica, por lo general para mitigar focos de crimen y violencia de pandillas. Aunque la tasa de homicidios sigue en aumento, los estados de emergencia se han asociado a acusaciones de brutalidad policial y detenciones arbitrarias.

Políticos opositores y activistas de derechos humanos han criticado duramente que Holness haya continuado esa estrategia. Pero el primer ministro justificó la medida, aduciendo que la citada carta blanca a las “fuerzas de seguridad […] para detener de manera arbitraria a personas, sin formalización de cargos de manera indefinida, carece de todo fundamento”.

Análisis de InSight Crime

La posición en la que se encuentra Andrew Holness es poco envidiable. El país está desgarrado por la violencia de las pandillas, las cuales, según alega el primer ministro, son responsables de más del 70% de los homicidios.

El país enfrenta múltiples causas que contribuyen al fenómeno de la violencia pandillera. La desarticulación de la pandilla Klansman en 2021 y 2022 y los procesos judiciales contra sus miembros mostraron cómo numerosos jóvenes jamaiquinos, en particular los provenientes de zonas pobres, estaban enredados en estructuras pandilleras jerárquicas que se mantenían por generaciones bajo el control de jefes con gran poder.

La extorsión ha llegado a niveles asfixiantes. La pandilla Klansman recogía hasta US$100.000 semanales solo de los cobros coercitivos a los conductores de transporte público en el sur de la ciudad de Spanish Town. Los homicidios y el acceso a armas son comunes, pues las armas ilegales procedentes de Estados Unidos inundan la isla. El gobierno llegó a tal nivel de desesperación por detener el flujo de armas de fuego que incluso pidió la ayuda de las Naciones Unidas en junio pasado.

Las pandillas jamaiquinas también se han beneficiado del posicionamiento del país como punto de tránsito de cargamentos de marihuana y cocaína con destino a Estados Unidos, según el Departamento de Estado estadounidense. Además, se han internacionalizado, según denuncias de su supuesta presencia en lugares como las Islas Turcas y Caicos.

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Y cientos de personas privadas de la libertad siguen siendo agredidas y asesinadas cada año en las prisiones hacinadas y desfinanciadas del país.

Nada de eso es exclusivo de Jamaica. Los mismos factores atizan la violencia en toda la región.

Aunque los estados de emergencia han ganado fuerza a pesar de lo controvertidas que puedan ser sus medidas para autoridades de países como El Salvador y Chile, Jamaica es quizás el único donde esta figura es más recurrente.

Las reacciones negativas van en aumento. El líder del opositor Partido Nacional Popular (People’s National Party), Mark Golding, se mofó de la decisión de Holness, al tildarla de ilegal e inconstitucional, y señaló que podría desplegar soldados y policías en las comunidades violentas sin necesidad de decretar un estado de emergencia.

“Arriesgar a la mayoría de los jamaiquinos a que sean detenidos por la policía o el ejército durante largos periodos sin formulación de cargos de ninguna forma ayuda a resolver un problema complejo y arraigado como la violencia criminal”, afirmó Golding.