El anuncio de un acuerdo para avanzar en las negociaciones con el Estado Mayor Central de las ex-FARC mafia parece ser un paso adelante para la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, pero en la práctica podría tener pocos efectos en la reducción de la violencia.
El 4 de septiembre, delegados del gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC), una federación de grupos disidentes que surgieron luego de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hicieron públicos los avances de las reuniones que sostuvieron en Suárez, Cauca, en el suroccidente del país, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre para reanudar los diálogos de paz.
Entre los puntos acordados se encuentran la instalación de una mesa de diálogos y un cese al fuego bilateral, cuya fecha de inicio sería determinada el 17 de septiembre, además de misiones humanitarias a los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y sur de Bolívar.
Se espera que los enfrentamientos entre la fuerza pública y el EMC, y las afectaciones a la población civil asociadas con estos, se reduzcan, pasando de 5 eventos registrados en agosto a 0 luego del inicio del cese al fuego.
“Se entró en una nueva etapa de los contactos y conversaciones con el Estado Mayor Central, que se caracterizará por la instalación de la mesa y la definición de una agenda de alto aliento para buscar un acuerdo de paz” dijo Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno a el medio colombiano El Tiempo.
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Este sería el segundo cese al fuego con el grupo, pues ambas partes ya habían llegado a un acuerdo similar que tenía previsto el cese de hostilidades desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año. Sin embargo, en mayo, el gobierno los suspendió en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta tras el reclutamiento y posterior asesinato de cuatro jóvenes indígenas por el Frente Carolina Ramírez en Putumayo.
Días antes de las reuniones más recientes entre el gobierno y el EMC, el frente Jaime Martínez se atribuyó la emboscada contra la policía en Morales, Cauca, que dejó tres suboficiales muertos y uno herido. En ese mismo departamento, más de 700 personas fueron afectadas por hechos del conflicto -como ataques a la población civil, hostigamientos a la fuerza pública, y enfrentamientos entre grupos armados- en el último mes, según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanos de las Naciones Unidas (OCHA).
Análisis de InSight Crime
Aunque la instalación de una mesa de negociación y un cese al fuego con el Estado Mayor Central serían un gran avance para la Paz Total, es probable que la reducción en la violencia no sea la esperada.
La violencia entre grupos armados -que muchas veces deja a la población civil en medio de las balas- no está contemplada en los acuerdos de cese al fuego con ninguno de los grupos que actualmente negocia con el gobierno.
Es allí donde las preocupaciones de seguridad alrededor de la Paz Total se han concentrado. Según los informes de OCHA, las afectaciones humanitarias y violaciones a los derechos humanos en el 2023 han sucedido, en su mayoría, a causa de enfrentamientos entre grupos armados.
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Datos publicados por esta organización dan cuenta de al menos 148 eventos de ataques contra civiles desde el inicio del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 3 de agosto y cientos de personas han sido desplazadas en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño por enfrentamientos entre grupos armados.
En ese mismo periodo, el monitoreo de eventos del conflicto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha registrado al menos 14 enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, 8 de los cuales atribuye a las ex-FARC mafia, 5 al EMC y 3 a la Segunda Marquetalia, 4 a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 1 al ELN y 1 a un grupo sin identificar.