Una nueva estrategia implementada por Colombia para combatir la deforestación incluye el procesamiento judicial de los causantes de impacto ambiental, un delito para el cual no hay pocos culpables.
El 6 de diciembre, el ministerio de medio ambiente y la Policía de Colombia anunciaron conjuntamente las nuevas medidas, que incluyen un escuadrón de policía especializado para combatir la deforestación, mayor monitoreo en línea para hacer seguimiento de venta ilegal de flora y fauna y mayor protección para activistas y líderes comunitarios, cuyos asesinatos crecen escandalosamente en el país.
Otro frente de la estrategia es un nuevo énfasis, en vigor desde noviembre, en el procesamiento judicial de los responsables directos de devastación ambiental.
Tres comandantes disidentes de las FARC son los primeros imputados por deforestación criminal dentro de la nueva legislación.
El 24 de noviembre, el fiscal general Francisco Barbosa Delgado anunció la imputación de cargos contra Miguel Botache Santillana, alias «Gentil Duarte»; Nestor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, y Géner García Molina, alias «John 40«, todas figuras importantes de lo que InSight Crime ha llamado las ex-FARC Mafia. Barbosa acusó a los tres disidentes de «fomentar la destrucción de la Amazonía colombiana» y de «promover la deforestación en zonas de importancia ecológica especial» en su actividad al mando de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Barbosa resaltó que los fiscales tienen evidencia de que los tres líderes disidentes supervisaron la construcción de vías ilegales en medio de la selva y que talaron grandes áreas para la cría de ganado y la siembra de coca.
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Se acusa a los comandantes de promover la deforestación en el centro de la Amazonía, que representó un 60 por ciento de la pérdida de selva amazónica en Colombia durante 2020, según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Análisis de InSight Crime
Los comandantes de las antiguas FARC son blancos fáciles como primeros sindicados por deforestación luego de que el presidente colombiano Iván Duque firmara la nueva ley en agosto.
Esta ley creó seis nuevas categorías de delitos ambientales y reforzó cinco existentes, según información de El Tiempo. Los nuevos delitos por los que los tres comandantes aparecen acusados incluyen financiación y promoción de la deforestación y financiación de la invasión de áreas protegidas.
Los presuntos delitos cubren el corredor marginal de la selva Amazónica, una serie de caminos ilegales creados por la guerrilla de las FARC antes de la desmovilización del grupo en 2016. Esas vías conectan municipios como La Macarena, Vistahermosa, San José del Guaviare y los parques nacionales aledaños. Las disidencias siguen extendiendo esas vías para facilitar el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades.
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Las carreteras ilegales han facilitado proyectos de ganadería extensiva y siembra de palma de aceite, que son empresas legales. Muchas veces, esos proyectos tienen participación de políticos locales y grandes terratenientes, y los colonos son por lo general quienes realizan el despeje de la tierra.
Acusar a los comandantes de las FARC fue fácil, ya que además enfrentan toda una serie de otros delitos penales. Pero los fiscales encargados de montar estos nuevos casos según las nuevas leyes ambientales también deberán tener en cuenta el abanico de colaboradores locales, si desean mostrar que la ley tiene dientes.