Ecuador permitirá que los civiles porten armas como respuesta a la creciente inseguridad en el país, lo que podría agravar la violencia al dar a los criminales un mayor acceso a las armas.
El presidente Guillermo Lasso anunció el 1 de abril un decreto que levanta la prohibición de portar armas de fuego impuesta a los civiles desde hace 12 años.
«Ecuatorianos, tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado», dijo el mandatario en una alocución presidencial.
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De acuerdo con la medida, quienes deseen portar un arma deben ser mayores de 25 años y superar una evaluación psicológica, una prueba de drogas y recibir un certificado de destreza en el manejo y uso de armas de fuego. Cualquier persona con antecedentes penales o de violencia doméstica tiene prohibido adquirir un arma de fuego. La ley de armas preexistente en Ecuador especifica que los civiles solo pueden poseer armas de «defensa personal», es decir, determinados tipos de pistolas, revólveres y escopetas.
El anuncio del presidente se produce en medio de un periodo de extrema violencia en el país. El año pasado, los asesinatos en Ecuador aumentaron más del 80%, y los expertos señalan a los grupos narcotraficantes del país.
En los dos últimos años, los grupos han provocado un dramático aumento en las disputas dentro de las cárceles, han hecho estallar carros bomba en las principales ciudades y han masacrado a funcionarios judiciales. Además de la violencia, las bandas han tratado de aterrorizar a la población con actos como colgar cadáveres de los pasos elevados.
Análisis de InSight Crime
La suspensión de las restricciones sobre las armas responde al creciente temor por la seguridad entre la población civil de Ecuador, pero estrategias similares han fracasado en otros lugares de América Latina.
En Brasil, la flexibilización de las leyes sobre armas hizo que algunas de ellas, adquiridas legalmente, cayeran en manos de delincuentes. Lo mismo podría ocurrir en Ecuador, según Carla Álvarez Velasco, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN).
«Se está buscando apagar el fuego con gasolina», dijo Álvarez Velasco a InSight Crime.
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La situación difiere un poco de la de Brasil. Allí, la flexibilización de las leyes permitió a las bandas acceder a armas de gran potencia compradas legalmente, como los fusiles de asalto. Pero las normas de Ecuador limitan a los ciudadanos a portar solo armas de «defensa personal», lo que significa que los delincuentes no tendrán una nueva vía para adquirir armamento militar.
No obstante, los delincuentes de Ecuador pueden acceder a armas de fuego prohibidas para civiles a través del tráfico de armas desde otros países de la región y del tráfico de armas por parte de las fuerzas de seguridad. Es difícil obtener estimaciones fiables de cuántas armas hay ya en el país. El asambleísta ecuatoriano Esteban Torres, que se ha mostrado partidario de eliminar las restricciones a las armas, afirmó en diciembre de 2020 que había entre 350.000 y 400.000 armas de fuego ilegales en el país.
Cabe destacar que las restricciones levantadas por Lasso fueron instauradas en 2011 por el expresidente Rafael Correa durante una época de creciente violencia. La tasa de homicidios de Ecuador cayó precipitadamente en los años posteriores a la restricción, disminuyendo la tasa de homicidios hasta 5,7 por 100.000 habitantes en 2017. Pero la violencia se ha disparado en los últimos años, elevando la tasa a 25,7 por cada 100.000 el año pasado, como resultado de las disputas entre los grupos por las rutas del narcotráfico y otras economías criminales.