Como parte de su fuerte ofensiva contra las pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado el encarcelamiento masivo de miles de personas, lo que podría poner en riesgo los recientes esfuerzos por mitigar el hacinamiento y controlar las pandillas en las cárceles del país.
Las autoridades de El Salvador afirman que han realizado más de 30.000 arrestos desde que comenzaron las redadas el 27 de marzo, día en que la Asamblea Nacional aprobó facultades de emergencia que flexibilizaron las reglas de los arrestos y restringieron las libertades civiles. El estado de emergencia se decretó después de una ola de tres días de asesinatos en el mes marzo, la cual dejó un saldo de 87 personas muertas, incluidas 62 en un solo día. El 24 de abril, el Congreso extendió los poderes de emergencia por otros 30 días.
El gobierno sostiene que casi todas las personas que han sido detenidas bajo el decreto de emergencia son pandilleros. Sin embargo, hay abundantes informes de detenciones arbitrarias, y los funcionarios sindicales de la policía afirman que los agentes son presionados para cumplir con cuotas de arresto y presentar declaraciones falsas contra los detenidos. Organizaciones derechos humanos y la prensa local también han documentado múltiples muertes de reclusos detenidos.
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Hasta el 29 de abril, más de 10.000 personas habían sido acusadas de presuntos vínculos con pandillas y puestas en prisión preventiva, según el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado. Pocas de las personas detenidas han sido puestas en libertad.
Con el fin de hacer frente a la repentina afluencia de presos, el presidente Bukele anunció planes para la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad con capacidad para 20.000 pandilleros. La asamblea legislativa del país aprobó el 19 de abril una ley para la construcción de las nuevas cárceles, aunque el plazo para las obras aún no está claro.
El gobierno también ha utilizado otras herramientas legales para mantener a los privados de la libertad tras las rejas. La legislatura modificó el código penal, con el fin de eliminar las medidas alternativas a la detención de los pandilleros. Y el 30 de marzo se aprobó una ley que elevó a 45 años las penas máximas de prisión por pertenencia a las pandillas.
El hacinamiento en las cárceles no es algo nuevo en El Salvador. Previos gobiernos han lidiado con la creciente población carcelaria, un problema derivado en parte de los limitados recursos estatales y del excesivo uso de políticas de seguridad represivas. Las prisiones del país operaron a más del doble de su capacidad durante gran parte de la década de 2010, según cifras de la autoridad penitenciaria de El Salvador.
Análisis de InSight Crime
Es probable que los arrestos masivos aumenten la presión sobre las sobrecargadas prisiones de El Salvador y afecten el accionar de las pandillas; aunque es difícil predecir exactamente cómo, si se toma como referencia las ofensivas anteriores.
“Todas las distintas opciones y los distintos escenarios generan preocupación”, afirma Luis Enrique Amaya, investigador y consultor salvadoreño especializado en seguridad pública.
“Si todo ese número de personas [de detenidos] ingresaran al sistema penitenciario, fueran judicializados y terminaran condenados […] significaría un incremento sin precedentes en la población penitenciaria en un periodo tan corto de tiempo”, dice Amaya.
El sistema penitenciario ya estaba sobrepoblado antes de que se dieran los arrestos generalizados.
Según cifras del gobierno, el sistema penitenciario del país albergaba alrededor de 39.400 reclusos en agosto de 2021, más de 10.000 por encima de la capacidad estimada para finales de 2020. A finales de 2021 entró en operación una nueva cárcel con espacio para 5.000 reclusos más.
El reciente aumento de reclusos significa que la población carcelaria probablemente ha superado los 70.000, alrededor del doble de su capacidad estimada.
InSight Crime intentó confirmar estas cifras con la autoridad penitenciaria de El Salvador, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
El grave hacinamiento carcelario a fines de la década de 2000 y mediados de la década de 2010 fue un catalizador para la consolidación y el crecimiento de las pandillas de El Salvador, donde los cabecillas de las pandillas MS13 y Barrio 18 han transformado las prisiones en centros operativos y bases de reclutamiento.
Desde entonces, El Salvador ha mejorado su infraestructura penitenciaria. Se han abierto nuevas cárceles y se han reforzado las medidas de seguridad, con el fin de recuperar el control de las pandillas.
Al parecer, las prisiones ya no son las incubadoras de anárquicas pandillas que solían ser, según dijeron analistas de pandillas a InSight Crime.
“No creo yo que la iniciativa gubernamental sea sencillamente meter presos en los mismos lugares”, dijo Amaya, refiriéndose a los recientes anuncios de planes para construir nuevas cárceles.
Aun así, el aumento de reclusos seguramente agotará los recursos estatales con el tiempo, como señala Roberto Valencia, periodista salvadoreño que ha informado sobre las pandillas durante años.
“Gestionar 60.000, 70.000 o 100.000 privados de la libertad requiere unas inversiones de fondos públicos [alimentación, vigilancia, cuidado, mantenimiento de infraestructura…] que dudo que un país empobrecido pueda afrontar a medio y largo plazo”, dijo Valencia en comunicación con InSight Crime.
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Los repentinos arrestos masivos también pueden influir en las operaciones de las pandillas, para bien o para mal. Amaya señala que los arrestos podrían interrumpir temporalmente la logística de las pandillas, incluida la recaudación de dineros de las extorsiones, aunque algunos informes de prensa indican que la extorsión ha continuado sin cesar.
“Los acontecimientos dentro de las prisiones condicionan lo que sucede en la calle, pero no lo determinan absolutamente”, afirma Amaya, y agrega que las pandillas han demostrado repetidamente su capacidad para superar la presión estatal ajustando sus operaciones.
“Las pandillas siempre han encontrado alguna forma de adaptarse y sobrevivir”, concluye Amaya.