Durante años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo en riesgo de perder el poder, dado que las constantes crisis que enfrentaba su gobierno dieron lugar a levantamientos populares, intentos de golpe de Estado y la condena de la comunidad internacional, que lo consideraba una verdadera dictadura. Pero tras sobrevivir a todos los intentos de derrocarlo, Maduro estuvo todo el año pasado afianzando su control del poder en Venezuela, no solo políticamente, sino además poniendo orden en el caos del hampa que él mismo permitió prosperar durante los años de crisis.
“Ahora que Maduro ha derrotado a la oposición y se siente fuerte, parece que quiere poner todo en orden, enviar el mensaje de que las cosas se hacen cuando él las tolera y están bajo su control, o de lo contrario no se hacen”, afirma el politólogo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Andrés Bello en Caracas.
Crisis y clientelismo
La corrupción, los grupos armados y las economías criminales le ayudaron a Maduro a sobrevivir a una serie de crisis, que comenzaron con el colapso económico el año después de que asumiera el poder en 2013.
Cuando las protestas masivas inundaron las calles, se desplegaron grupos militantes armados, conocidos como colectivos, para reprimir las protestas de manera violenta. Cuando el sector petrolero colapsó, Maduro recurrió al comercio ilegal de oro para llenar el vacío presupuestario. Y cuando el Estado se quedó sin dinero para pagarles a las fuerzas de seguridad, a los militares se les permitió tomar una tajada de las ganancias del tráfico de drogas, el contrabando y otras economías criminales para mantenerlos leales al régimen.
VEA TAMBIÉN: La revolución de la cocaína en Venezuela
Nació entonces un sistema clientelista, mediante el cual Maduro mantuvo de su lado a los miembros del ejército y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ofreciendo oportunidades de acceso a la corrupción, a las economías criminales, y al control de territorios donde podían enriquecerse asociándose con los grupos criminales.
Pero si bien dicho sistema ayudó a mantener a Maduro en el poder, se volvió caótico y se salió de su control.
“Llegó un momento en que [los políticos y los militares] comenzaron a generar recursos para ellos mismos y a manejar las cosas sin ningún tipo de control”, señala Alarcón. “[Y] los grupos armados se convirtieron en los dueños y señores de sus territorios”.
Pero los tiempos han cambiado. La economía se ha estabilizado, las protestas se han apaciguado, la oposición política es débil y se encuentra dividida, y Venezuela está reingresando lentamente a la comunidad internacional. Esto le ha permitido a Maduro comenzar a recuperar el control.
Limpieza de imagen
El año 2022 comenzó con una declaración de intenciones del gobierno de Maduro. El 28 de enero, el superintendente nacional antidrogas, Richard López Vargas, publicó un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, en la que informaba sobre el éxito de una nueva operación, Mano de Hierro.
El comunicado señalaba que las autoridades habían detenido a tres presuntos narcotraficantes y, lo que es más inusual, a sus presuntos colaboradores políticos: un alcalde municipal del estado de Zulia y dos representantes de la Asamblea Nacional.
La declaración concluía con la promesa de erradicar la corrupción y con la frase que se convertiría en el lema oficial de la operación: “Caiga quien caiga”.
Dichos arrestos fueron los primeros de una serie de operaciones dirigidas contra funcionarios estatales presuntamente corruptos. Durante los meses que siguieron, fueron arrestados miembros de alto y bajo rango de las instituciones militares, policiales y judiciales, así como líderes políticos y funcionarios de empresas estatales, acusados de cargos como contrabando de combustible, tráfico de mercurio, extorsión y aceptación de sobornos.
En abril, Maduro dejó claro el mensaje detrás de la campaña: “¡Vamos a ir con mano de hierro contra todas las mafias, se disfracen como se disfracen!”, dijo ante los asistentes al congreso del PSUV.
Sin embargo, la proclamación de Maduro sonaba vacía. La corrupción desenfrenada y los vínculos que muchas de las figuras políticas y militares más importantes del país mantienen con la criminalidad son un secreto a voces en Venezuela y blanco de numerosas sanciones y acusaciones en el extranjero. Y, sin embargo, ninguna de las operaciones tocó a dichas figuras, lo que llevó a preguntarse sobre lo que había realmente detrás de la Mano de Hierro de Maduro.
Para los diversos políticos y analistas políticos consultados por InSight Crime, hay varias respuestas posibles para esa pregunta, pero todas apuntan en la misma dirección: Maduro está consolidando su poder al dejar claro quién puede beneficiarse de los esquemas de corrupción y las economías criminales y quién no.
“Maduro ha utilizado la mano de hierro como una herramienta para reposicionar algunos de los sectores que habían escapado de su control y no representaban sus intereses”, afirma un disidente chavista, exrepresentante de la Asamblea Nacional, quien pidió el anonimato por temor a persecuciones políticas. “Y está usando la mano de hierro como un medio para controlar las distintas facciones que existen dentro del sistema [político chavista]”.
Es probable que Maduro también pretenda combatir la percepción pública de corrupción rampante, como afirma Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor que reside en Caracas.
“También tenemos que recordar que en 2024 habrá elecciones presidenciales y el gobierno necesita limpiar su imagen. Va a haber cierta creación de marca política para eliminar de la opinión pública la idea de que el gobierno es corrupto”, señala Quintero.
La creación de marca política de Maduro se ha extendido al escenario internacional, donde él ha intentado rebatir las acusaciones de complicidad de su régimen con el narcotráfico, promulgando el aumento de las incautaciones de drogas y declarando vehementemente que “exterminará” a los grupos narcotraficantes colombianos en Venezuela.
Sin embargo, el patrón de operaciones antinarcóticos indica la existencia de una dinámica mucho más compleja, donde el objetivo final de Maduro no es erradicar el tráfico por completo, sino controlar quién puede mover drogas y dónde puede hacerlo.
Según cifras entregadas por las autoridades antinarcóticos el 3 de diciembre, las fuerzas de seguridad habían incautado 41,6 toneladas métricas de drogas hasta ese punto en 2022. Pero las incautaciones estuvieron distribuidas de manera desigual y no se correspondían con las rutas de tráfico.
Las drogas fluyen por la frontera de Venezuela con Colombia, se mueven a lo largo de un laberinto de rutas de tránsito interno y salen por vías fluviales, aéreas y terrestres desde sitios ubicados en todo el país. Pero aproximadamente el 80% del total incautado se produjo en solo dos estados: el estado de Zulia, fronterizo con Colombia, que representó alrededor del 70% de las incautaciones, y el estado de Falcón, ubicado en la costa Caribe, donde, según cifras oficiales, se han producido alrededor del 11% de las incautaciones.
Ambos estados albergan grupos narcotraficantes que anteriormente disfrutaron de la protección de elementos del Estado venezolano, pero que recientemente se han convertido en sus objetivos: las Ex-FARC Mafia en Zulia y el Cartel de Paraguaná en Falcón.
Falcón, en particular, era un paraíso para los traficantes, y allí, como InSight Crime informó anteriormente, el Cartel de Paraguaná, políticamente conectado, operaba en connivencia con las fuerzas de seguridad. Ahora, sin embargo, se les ha ordenado a las fuerzas de seguridad que arremetan contra el tráfico, según le dijo a InSight Crime un funcionario de la Guardia Nacional recientemente desplegado allí. Y las órdenes, creen los funcionarios, vienen directamente de arriba.
“Los que estamos aquí estamos buscando cualquier cantidad de droga para poder posicionarnos con el presidente, tenemos que mostrar resultados de alguna manera, demostrar que hemos logrado algo, aunque sea un poco”, dijo el funcionario, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
“Hay muchos políticos y oficiales militares involucrados en el tráfico de drogas, chatarra y combustible. Pero también hay un grupo que está tratando de descubrirlos para congraciarse con Maduro”, agregó.
La verdadera Mano de Hierro
Tras la retórica de Maduro de que con su mano de hierro aplastará a la corrupción, las verdaderas fuerzas del Estado se han desplegado hacia otros lados: contra los grupos criminales y armados que antes operaban en Venezuela con impunidad y, en algunos casos, con la anuencia del régimen. Los resultados han mostrado la voluntad de Maduro de usar la violencia para lograr sus objetivos, pero también las limitaciones de sus fuerzas de seguridad, así como las complejidades de manejar las relaciones del Estado con los actores criminales.
En el estado Apure, en la frontera con Colombia, el ejército venezolano continuó su campaña contra el Frente 10 de las Ex-FARC Mafia, un grupo guerrillero disidente que anteriormente estuvo aliado con el Estado venezolano, pero que ha sido un objetivo militar importante desde principios de 2021.
Sin embargo, la intervención decisiva en el conflicto no provino de las fuerzas de seguridad venezolanas, sino del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que anunció que se había unido a la lucha contra las ex-FARC, tras la masacre, a comienzos de año, de presuntos colaboradores del Frente 10 en el vecino departamento de Arauca, Colombia.
El ELN se coordinó con el ejército venezolano, incluso llevando a cabo operaciones conjuntas, según un informe de Human Rights Watch y fuentes de InSight Crime en la región fronteriza. En cuestión de meses pudieron hacer lo que los militares venezolanos por sí solos no pudieron en un año de campañas militares, y expulsaron al Frente 10 del país.
La derrota militar del Frente 10 y el debilitamiento de la red disidente a la que este pertenecía tanto en Colombia como en Venezuela ha dejado el control de la frontera en manos de guerrilleros que tienen estrechos vínculos con el Estado venezolano, el ELN y el Frente Acacio Medina de las ex-FARC en Amazonas.
“El hecho de que hayan desplazado al Frente 10 de la frontera venezolana ha llevado a que otros grupos tomen el control de la zona, y estos son grupos que se coordinan con el gobierno y las fuerzas armadas venezolanas”, afirma un líder social de Apure que pertenece a un movimiento político que ha tenido vínculos con grupos guerrilleros y el chavismo, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.
Pero el hecho de que la guerrilla haya podido hacer lo que los militares no pudieron lograr plantea interrogantes sobre dónde reside ahora el poder en su relación.
“Venezuela, en el caso de Apure, se está convirtiendo en un territorio donde la frontera no está controlada por el Ejército venezolano o la Guardia Nacional sino por grupos irregulares colombianos”, afirma el líder social. “El gobierno venezolano habla de soberanía, pero está permitiendo que estos grupos operen en nuestro territorio, está entregando la soberanía de nuestro país”.
Durante el año también hubo nuevas operaciones militares en otro estado clave, donde Maduro ha estado intentando poner orden en el caos criminal: en Bolívar, centro de la minería de oro. Obtener la riqueza mineral de Bolívar para sus aliados políticos y para las arcas estatales ha sido durante mucho tiempo una prioridad de Maduro, pero, dado que el comercio de oro se encuentra en manos de grupos armados conocidos como sindicatos, no ha obtenido grandes logros contra dichos grupos, profundamente arraigados y fuertemente armados, con influencia financiera y social.
Fuentes locales en zonas mineras que son objeto de disputas afirman que esta vez las fuerzas de seguridad no solo se enfrentan a sindicatos no alineados como la Organización R (OR) y El Perú, sino que también están atacando a las propias minas, así como a los mineros que trabajan en ellas.
“Los militares se están apoderando de las minas y están yendo tras los principales cabecillas”, dijo un minero en el municipio de El Callao, quien pidió el anonimato por razones de seguridad. “Nos están sacando de todas las minas”.
Mano dura con la política criminal
El gobierno de Maduro también está intentando mejorar su imagen con respecto al crimen y la seguridad ante los venezolanos, en el periodo previo a las elecciones.
El año pasado se produjo una serie de operaciones de seguridad a gran escala en áreas donde el control criminal está afectando la economía legal y las percepciones de inseguridad, que quizá sean las principales preocupaciones de muchos electores.
En estados como Guárico, Aragua, Miranda y Zulia, así como en el Área Metropolitana de Caracas, se han desplegado cientos de funcionarios de seguridad con órdenes de perseguir a las bandas dedicadas a la extorsión, el secuestro y el microtráfico, como el Tren del Llano, la banda de Carlos Capa y la banda de Wilexis.
Las operaciones han sido muy agresivas, y los resultados reportados, según los cuales muchos presuntos criminales han sido asesinados o capturados, se han visto empañados por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y abusos contra la población civil.
VEA TAMBIÉN: Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela
Las agresivas tácticas han producido resultados diversos. Mientras que algunas bandas, como la de El Curi, en el estado caribeño de Monagas, al parecer han sido aniquiladas, en otros casos, como el del Tren del Llano, en Guárico, las operaciones para eliminar a los cabecillas de la banda solo han producido fragmentaciones, por los que las fuerzas de seguridad han quedado enfrentadas a varias células autónomas en lugar de una estructura unificada.
Otros grupos, como la banda de Carlos Capa en Miranda y la banda Wilexis en las afueras de Caracas, han demostrado ser aún más resistentes, y las múltiples operaciones no han logrado reducir el control que dichos grupos tienen sobre las comunidades o amenazar a sus cabecillas.
Incluso el mayor éxito de Maduro hasta el momento, expulsar de Caracas al principal jefe criminal de Venezuela, Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, y asesinarlo mientras se encontraba oculto en las montañas de Aragua, no ha llevado a mejoras sostenibles en la seguridad.
Un año y medio después de que El Koki huyera de Caracas, y casi un año después de su muerte, el barrio Cota 905, que anteriormente estuvo sitiado por él, continúa fuertemente militarizado dado que, tras una retirada previa, las pandillas regresaron poco después al territorio.
Los habitantes del barrio le dijeron a InSight Crime que actualmente hay puestos de control de la policía y la Guardia Nacional casi cada 500 metros a lo largo de la principal arteria de transporte, y aún más en el interior del sector. Uno de los habitantes, que pidió el anonimato por razones de seguridad, dice que el barrio se ha militarizado tanto que, para los miembros de las bandas, “sería un suicidio” intentar retomar la zona.
Dicha presencia, sin embargo, representa un costo enorme para las fuerzas de seguridad. Y en dondequiera que se lleven a cabo estas operaciones se enfrentan dificultades similares para encontrar soluciones a largo plazo.
“Estas políticas de línea dura no funcionan”, afirma Jorge Govea Cabrera, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el estado Zulia, donde se han realizado múltiples megaoperaciones en el último año. “No es solo una cuestión de derechos humanos o moralidad, es solo que no funcionan. Los datos cuantitativos muestran que no hay un cambio significativo en la criminalidad. Puede haber una pequeña disminución temporal en la criminalidad, pero luego aumenta rápidamente porque los grupos se fracturan y se forman otros nuevos”.
Hacia un nuevo clientelismo criminal
A pesar de los contratiempos, debilidades y contradicciones, las estrategias de seguridad de Maduro le han permitido ubicarse en una posición más fuerte que en cualquier otro momento desde que sucedió a Hugo Chávez como presidente.
Chávez logró mantenerse en el poder en Venezuela mediante la unión de fuerzas e intereses dispares a su alrededor, no solo con carisma sino además con una astuta construcción de coaliciones. Maduro se está dirigiendo hacia los mismos niveles de autoridad personal, pero a través de intrigas, corrupción y fuertes demostraciones de poder.
Está avanzando en esta dirección en lo político, lo económico y lo criminal, ubicándose en el lugar donde se cruzan estos diferentes sectores y asegurando que ninguno de ellos pueda prosperar sin él.
“Hay mafias de intereses, de autoconservación, de hegemonía y de extensión del poder, pero estas generan sus propias redes subordinadas, lo que complica las interconexiones de estos intereses”, afirma el disidente chavista. “Maduro está creando controles sobre estos subordinados que creen que tienen más autonomía de la que él quiere otorgarles”.
Las cosas están cambiando en Venezuela, y el próximo año traerá nuevos retos para Maduro en el país y en el extranjero, que van desde el comienzo de la campaña presidencial hasta el papel de Venezuela como intermediario en las conversaciones de paz entre el aliado criminal de Maduro, el ELN, y el que él espera que sea un aliado político: el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro.
Todo indica que se está preparando para estos retos reforzando su control personal.
“Todavía está jugando el juego de la redistribución del poder, pero es cada vez más hacia sí mismo”, afirma el disidente. “A veces cede, a veces impone. Todavía existen ciertas formulaciones políticas que indican que no tiene hegemonía total, pero creo que está en camino de tener hegemonía total”.