En cierta forma, el nuevo presidente de Brasil ha enfrentado lo peor. En 2002, el año antes de asumir el poder, la deforestación en la Amazonía fue de 25.500 kilómetros cuadrados. En cinco años, logró reducirla en 60%.

De agosto de 2021 a julio de 2022, la deforestación fue de 11.568 kilómetros cuadrados, aunque seguía siendo el peor índice en una década.

La permisividad en torno a los delitos ambientales se disparó en el mandato de Jair Bolsonaro con la abierta colusión de los entes gubernamentales con las empresas madereras en la deforestación de la Amazonía y con el desmonte de los mecanismos de protección.

Pero a pesar de este involucramiento en las altas esferas, los mineros y taladores ilegales se han erigido como la cara del crimen organizado en la Amazonía. Se conoce mucho más de los enfrentamientos que han tenido estos mineros con las comunidades indígenas que sobre los patrocinadores que los financian. Esto a pesar de la abrumadora producción de oro de 54% en Brasil en 2021, o del estimado de 47,9 toneladas extraídas ilegalmente, según una encuesta.

Las políticas implementadas por el nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, más conocido como Lula, deben enfrentar ambos extremos de este espectro criminal: las cuadrillas en primera línea que escarban buscando oro o derriban los árboles, por lo general debido a falta de opciones distintas, y las intrincadas redes transnacionales que los apoyan.

Es una tarea ingrata. Después de cuatro años de tolerancia en el gobierno de Bolsonaro, la tala y la minería ilegales han tomado fuerza. Los aliados de los grupos de presión extractivo en el Congreso han enfrentado poca oposición. Por esa razón, el nuevo mandatario debe destituir a quienes cometen esas atrocidades, concentrarse en hacer caer a sus financiadores y patrocinadores, y crear vías sustentables de generación de ingresos para los sectores legales.

«Para tener un impacto duradero en los delitos ambientales, el gobierno de Lula deberá adoptar una estrategia integrada con un respaldo político y recursos financieros sostenidos», opinó Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, centro de pensamiento brasileño dedicado a temas de desarrollo, seguridad y clima.

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Si bien Lula realizó una labor admirable en temas ambientales en su primer mandato, no hay garantías de que pueda replicarla, pues los partidos de derecha tuvieron un buen desempeño en las elecciones de 2022, a pesar de la derrota de Bolsonaro.

La minería no es un problema menor

El estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil, en especial los territorios de la comunidad Yanomami, contiene cerca de 20.000 mineros ilegales dispersos en una extensión considerable, según un estimativo del Instituto Escolhas, centro de pensamiento brasileño que estudia el desarrollo sostenible.

El número de taladores es más difícil de establecer. Pero a pesar de una caída de 11%, la deforestación ilegal se llevó 11.568 kilómetros cuadrados entre agosto de 2021 y julio de 2022, una extensión del área de Catar. Puede asumirse que miles de personas, si no decenas de miles, constituyen la fuerza de trabajo que derriba la selva tropical.

Ese número se expandió rápidamente con el incremento de los delitos ambientales en el mandato de Bolsonaro. Contando con ese respaldo, una minoría de estos grupos, en especial mineros, se enfrentaron con las poblaciones indígenas y con la policía, dejando cientos de muertos. También se atribuye al incremento de la minería los brotes de enfermedades y malnutrición entre los habitantes de la cuenca del Amazonas. El mercurio empleado en la minería de oro ha matado las poblaciones de peses y contaminado el agua de la que dependen los Yanomami.

La pregunta ahora es qué hacer con esos miles de personas, cuya subsistencia depende de la tala y la minería.

El 31 de enero, el ministro de defensa de Lula, José Mucio, anunció que se está preparando una fuerza de tarea para retirar por la fuerza a los mineros de zonas aisladas de la Amazonía, incluida la importante reserva Yanomami. «Pronto los enfrentaremos. Debemos erradicar esa plaga», comentó en una entrevista con un canal de televisión brasileño.

Pero aquí entra en juego el tema de los números. Dado el alcance del daño causado por los mineros ilegales en los últimos años, el gobierno parece ponerlos a todos en el mismo saco.

«Estamos en una nueva era», declaró recientemente a la prensa Joenia Wapichana, jefa entrante del ente regulador ambiental de Brasil, el Funai.

Añadió que los responsables de la crisis humanitaria entre los Yanomani serían penalizados por negligencia y quizá incluso por genocidio.

Ya se desplegaron operativos similares a mediados de enero en los estados de Roraima, Acre y Pará. Su meta declarada es impedir que se abran nuevas zonas de tala ilegal y la imposición de multas a cualquier persona que se encuentra con madera ilegal.

Pero los delitos varían. Es posible que todos hayan contribuido a la degradación ambiental, pero no todos han atacado con violencia a las comunidades indígenas.

Para Daniel Nepstad, presidente y director ejecutivo del Instituto sin ánimo de lucro Earth Innovation, las soluciones económicas deben ir de la mano de los procesos penales. En particular, los mineros y los taladores ilegales podrían transformarse en obreros de las industrias legales.

«Es de la mayor importancia no solo desmantelar una actividad perjudicial como la minería de oro o la tala ilegal, sino proporcionar oportunidades económicas como alternativas a esa actividad», le dijo a InSight Crime, al señalar ejemplos actuales de minería sostenible en la Amazonía.

Hasta ahora, Lula no ha dado muchos detalles sobre cómo podrían desarrollarse esas actividades sostenibles. Pero su énfasis en una red de seguridad social más sólida puede resultar igual de útil. El 1 de enero, Lula declaró permanente el incremento de 50%, aprobado por primera vez en el mandato de Bolsonaro, a su programa de asistencia social bandera Bolsa Família, mediante el cual se entrega 600 reales (US$118) mensuales a las familias más pobres de Brasil.

«La gran mayoría de quienes participan [en la tala y la minería ilegales] son mano de obra migrante informal, muchos viviendo en condiciones de indigencia», explicó Muggah.

«Este grupo requiere ‘salidas’, entre las que se cuentan la asistencia social, como Bolsa Família y la capacitación laboral», agregó.

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Los aliados políticos de Lula están muy conscientes de ese hecho. Balancear las prioridades ambientales mientras se genera empleo para el pueblo es «el mayor desafío de nuestra historia», declaró Zé Ricardo, diputado federal por el estado de Amazonas del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT), al que también pertenece Lula, y miembro del equipo regional de desarrollo del presidente, en una entrevista con el centro de pensamiento brasileño ICL.

El manejo de los grupos de presión de la industria

Aparte de ordenar el despliegue de las fuerzas armadas para detener la tala y la minería ilegales, Lula ha tomado otras medidas para contener la propagación legal de la explotación minera. El 31 de enero, firmó un decreto que prohíbe cualquier exploración minera en territorios indígenas.

«He ordenado al regulador minero […] que no se permita la más mínima actividad en tierras indígenas. No se autoriza ni una sola exploración», señaló Lula.

Esas restricciones, junto con los planes de endurecer los gravámenes a la industria minera, han acrecentado los temores de los grupos de presión de la minería frente a las políticas de Lula.

Aun así, no es claro si el presidente buscará el apoyo de la industria minera para sus planes de volver a capacitar y legalizar el trabajo de los mineros ilegales en la Amazonía. El plan macro de Lula para su nueva administración, denominada el Brasil de Mañana (Brasil do Amanhã) no ofrece muchos detalles.

Hace dos referencias relevantes, prometiendo «acabar con la minería ilegal en territorios indígenas» y crear «muchos empleos de calidad mediante inversiones ecológicas».

«Las estrategias para frenar los delitos ambientales deben consistir de garrotes y zanahorias», le comentó Muggah a InSight Crime.

Si bien apoya los operativos de seguridad para desalojar a los invasores de las tierras Yanomami, Muggah recomendó que dichas intervenciones incluyan «una serie de medidas correctivas […] para asegurar que no se reincida en la deforestación y delitos ambientales relacionados».

El presidente tiene antecedentes de diálogos con los grupos de presión mineros y madereros. Durante su primer mandato, Lula aprobó un nuevo marco regulatorio para esa industria.

«Con una gobernanza sólida […] la minería de oro puede organizarse, minimizando sus importantes daños sociales y ambientales y generando ingresos fiscales para Brasil”, comentó Nepstad. «La tala podría ampliarse mediante una gestión forestal bien planeada y manejada».