Taladores ilegales y apropiadores de tierras en Colombia han comenzado a talar extensiones de terreno pequeñas y aisladas para evitar ser detectados desde el aire, un cambio de táctica que podría dificultar la lucha de las autoridades contra la deforestación.
Los grupos criminales están talando menos de una hectárea a la vez, alertó el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, donde se encuentra el Parque Nacional Sierra de La Macarena, una reserva forestal montañosa de alrededor de 629.000 hectáreas. Anteriormente, los grupos talaban extensiones mayores, de hasta 35 hectáreas, según explicó Zuluaga a Semana Sostenible. En los sobrevuelos con helicópteros es difícil detectar el despeje de zonas pequeñas, agregó el gobernador.
Los comentarios de Zuluaga se conocieron pocos días después de que la Fiscalía General de Colombia anunciara el lanzamiento de una ofensiva nacional de dos días contra la deforestación y la minería ilegal en las reservas protegidas de ese país.
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El 6 de febrero, las autoridades anunciaron la captura de 40 sospechosos luego de seis operativos en los departamentos de Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar.
En Boyacá, seis personas fueron arrestadas señaladas de dirigir una red de tráfico de madera que taló 350 hectáreas de selva. En San José de Guaviare, también hubo seis detenidos señalados de haber talado 800 hectáreas de áreas protegidas y por cría de ganado a gran escala dentro de la reserva indígena de los Nukak Makú.
Después de la búsqueda masiva, Zuluaga tuiteó que varios funcionarios del departamento del Meta habían estado cooperando con la Fiscalía General para combatir “los carteles de la deforestación”.
Análisis de InSight Crime
El cambio de táctica de los grupos criminales, por extensiones de terreno de menor área, puede muy bien tener éxito dada la inmensidad de los parques nacionales del país.
Solo un poco más del 15 por ciento del territorio colombiano está clasificado como «protegido». De esa extensión, los parques nacionales suman algo más de 14 millones de hectáreas. Solo el Parque Nacional Chiribiquete cubre un área equivalente a la extensión de Dinamarca.
Las reservas, situadas en lugares remotos, también están bajo constante amenaza de grupos armados y sus intenciones de sembrar coca. Según Semana Sostenible, Zuluaga señaló que disidencias de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bajo el mando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, están pagando hasta cinco millones de pesos (cerca de US$1.400) por hectárea de selva derribada y quemada para sembrar coca.
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Las disidencias Ex-FARC también han amenazado a guardaparques, y los han obligado a dejar sus puestos en el Amazonas.
Además del cultivo de coca, la tala y la minería ilegales también se practican sin control alguno en las reservas forestales.
Se sabe que la tala ilegal es una de las principales causas de deforestación en esas zonas. Pero los apropiadores de tierras que pretenden cultivar palma de aceite y criar ganado vacuno en los parques nacionales muchas veces queman los árboles para despejar la tierra y evitar las dificultades logísticas del transporte de madera ilícita desde zonas remotas.
La deforestación en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá ha escalado en los últimos años, según El Espectador. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia denunció que entre enero y marzo de 2020, se destruyeron 64.000 hectáreas de selva en los tres departamentos, lo que supone un incremento de más de 80 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019.
En el último año, se ha deforestado en Colombia un área equivalente a la ciudad de Bogotá, la más grande del país.