El Congreso de Honduras no se pone de acuerdo sobre la designación de un nuevo fiscal general, una muestra de las trabas políticas para crear una estrategia efectiva contra el crimen organizado y la corrupción.
Los legisladores parecen no ponerse de acuerdo sobre el candidato para dirigir la fiscalía general del país, después de incumplir el plazo para su nombramiento el 1 de septiembre.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, señaló en los días siguientes al vencimiento del plazo que los legisladores implicados en investigaciones por corrupción están entorpeciendo la decisión y que deberían declararse impedidos en el proceso.
“Hay muchos con conflictos de intereses”, opinó Redondo. “Deberían anunciar que se abstendrán de participar”.
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El oficialista Partido Libre, de la presidenta Xiomara Castro, había apoyado la designación de Johel Zelaya, abogado que trabajaba con un ente del gobierno nacional, para fiscal general, y de Marcio Cabañas, fiscal con experiencia en delitos tributarios, crimen organizado y narcotráfico, como fiscal adjunto.
Pero los diputados por el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) objetaron la postulación de Zelaya a quien señalaron de haber asumido en secreto un segundo cargo en el gobierno, por lo que habría cobrado dobles salarios. Entonces, el bloque opositor propuso a Cabañas como fiscal general, y a la abogada de derechos humanos Jenny Almendares, la única candidata mujer, como fiscal adjunta.
Por tradición, el partido de gobierno ha impuesto la designación del fiscal general al Congreso, pero el partido Libre solo controla 50 escaños en el Congreso, mientras que el bloque opositor tiene 76. El proceso de designación requiere que el candidato reciba un mínimo de 86 votos.
El saliente fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, quedará como encargado provisional del Ministerio Público, pero su autoridad es turbia y tiene una investigación abierta por parte de una nueva comisión especial, creada para investigar a exfiscales por no procesar delitos de corrupción y narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
El estancamiento del proceso de elección de fiscal general pone en evidencia cómo los intereses políticos inciden en la administración de justicia en Honduras, y cómo las figuras políticas maniobran para manipular las políticas anticorrupción en el país.
“Históricamente, el cargo de fiscal general protegía los intereses estratégicos del partido en el poder, no del pueblo”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en conversación con InSight Crime.
“No dudo que los intereses del narcotráfico y el crimen organizado se han movilizado para tratar de corromper el proceso de selección y a los candidatos”, añadió.
A pesar de la ausencia de negociaciones visibles que caracterizan la semana después de la votación fallida, Libre prometió que esta semana se llegaría a un acuerdo.
“Los partidos están negociando a la sombra. Están negociando impunidad, y si no pueden encontrar a alguien de la lista que la ofrezca, intentarán designar a alguien de fuera de la lista que sí lo haga”, señaló Kenneth Madrid, director jurídico de la ASJ.
Por su parte, Corie Welch, analista para Centroamérica y quien tiene vínculos con organizaciones de la sociedad civil en Honduras que siguen el proceso, señaló muchos de estos grupos comparten el temor de Madrid.
“Desafortunadamente, Honduras no tiene directrices claras para la designación de un fiscal general”, lamentó Welch en conversación con InSight Crime. “Esto deja un margen para el poder partidista”.
El telón de fondo de esta controversia son las negociaciones que adelanta Castro para el retorno a Honduras de una misión anticorrupción de alto nivel de la ONU, conocida como Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
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La designación de un nuevo fiscal general podría determinar el retorno previsto de la misión. La iniciativa propuesta para combatir la corrupción sigue el modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por la ONU, que apoyó al Ministerio Público de ese país en la investigación y la apertura de procesos en casos de corrupción de alto nivel antes de su desmantelamiento sistemático por parte de las élites que se oponían a su labor.
Para su correcto funcionamiento, la CICIH necesitaría un fiscal general dispuesto a enfrentar la corrupción, no uno en deuda con intereses políticos corruptos.
“Creo que es imposible analizar la elección del fiscal general sin analizar también el proceso de reinstauración de la CICIH”, le comentó Welch a InSight Crime, “El fiscal general tendrá una participación muy importante en el procesamiento de delitos de corrupción”.