Argentina comenzó la construcción de “El infierno”, la primera cárcel de máxima seguridad de alto perfil para narcos y sicarios, cerca de Rosario, reavivando el debate sobre la eficacia de las políticas de mano dura para contener la violencia que atraviesa la ciudad desde hace años.

La cárcel, prevista en el predio que está detrás de la Unidad Penitenciaria N° 11 en la localidad de Piñero, estará destinada para los reclusos más peligrosos de la provincia de Santa Fe, como narcos y sicarios, y contará con una capacidad para 1.152 personas. El establecimiento estará constituido por 4 penales, custodiados con 24 torres de vigilancia, que a su vez estarán cercados por un doble muro perimetral de 1.800 metros de largo.

La ubicación no es aleatoria. “El infierno”, nombre otorgado por el mismo gobierno provincial, se construirá dentro del Departamento de Rosario, donde se encuentra la tercera ciudad más importante de Argentina, epicentro de la violencia narco en el país tras alcanzar en 2022 un pico histórico en su tasa de homicidios, que llegó a ser cinco veces superior a la media nacional.

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La construcción de una cárcel para criminales de alto perfil en Argentina se inscribe en el marco del resurgimiento de políticas de mano dura a nivel regional. Este fenómeno se debe, en gran parte, al aparente éxito de las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha logrado reducir drásticamente las tasas de homicidios en El Salvador, en parte mediante el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros en una de las prisiones más grandes del mundo. Pero más allá del efecto mediático, es poco probable que la extrapolación de un modelo securitario a un país con características tan disímiles, conduzca a los resultados esperados.

Desde Ecuador, pasando por Honduras, hasta Costa Rica, varias de las iniciativas penitenciarias inspiradas en el modelo salvadoreño quedaron a medio camino. En Ecuador,  la construcción de dos megacárceles −anunciada a principios de 2024 “para todos los Bukele lovers”, según las palabras del propio presidente Daniel Noboa− enfrentó contratiempos: un año más tarde, una de ellas tuvo que ser reubicada debido a las protestas de las comunidades locales. Algo similar sucedió con la que estaba prevista en las Islas del Cisne en Honduras. Una serie de licitaciones fallidas y el descontento social marcaron, finalmente, su suspensión definitiva.

¿Una réplica del modelo Bukele?

En Argentina, un país con indicadores de violencia muy inferiores a la media regional, la inseguridad marcó la agenda política desde el inicio del gobierno de Javier Milei a fines de 2023. Una pieza clave de la política de seguridad “de mano dura” es el fortalecimiento del sistema penitenciario. Esto quedó claramente de manifiesto cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró recorriendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) con el fin de interiorizarse sobre los métodos securitarios implementados en El Salvador. 

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de distinto signo político, también contempla entre las principales medidas de seguridad el aumento de la capacidad y control penitenciarios, y coincide en alcanzar ese objetivo a través de un estilo similar al de Bukele. 

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, lo expuso claramente cuando aseguró que las medidas restrictivas en la nueva cárcel serán incluso más duras que las que se aplican actualmente en El Salvador. 

Esta no era la primera vez que el gobierno provincial demostraba su afinidad hacia el “modelo de Bukele”. Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través de sus redes sociales ya había difundido el 5 de marzo de 2024 imágenes de una requisa sorpresa en la prisión de Piñero, con una estética visual y una narrativa similar al actual gobierno salvadoreño, donde está prevista la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad. Ese mismo día se desataron una serie de asesinatos aleatorios que paralizaron la ciudad. 

Un enfoque sesgado

Varios factores indicarían que la estrategia penitenciaria no tendrá los resultados esperados. La implementación de la flamante Ley Antimafia, de marzo de 2025, es un claro ejemplo. Sus disposiciones prescriben que todos los integrantes de un grupo criminal recibirán la misma pena que corresponda al delito más grave cometido por el grupo, al tiempo que amplía las facultades de las fuerzas policiales en la detención de sospechosos. Esto podría conducir al aumento de la población carcelaria y a contrarrestar el principal objetivo del gobierno provincial de alcanzar un mayor aislamiento de los reclusos de alto perfil. 

Osvaldo Aguirre, periodista y autor de Rosario narco, al respecto, agrega otro elemento que podría perjudicar el aislamiento: “Todo parece estar enfocado exclusivamente en los presos, como si los guardias no fueran parte de ese circuito de comunicación […] cuando está comprobada la participación de funcionarios penitenciarios en ese tipo de delitos”. Efectivamente, este enfoque sesgado podría profundizar aún más el problema al no contemplar la colusión endémica entre los grupos criminales y las fuerzas del orden, expuesta en reiteradas oportunidades en diferentes investigaciones judiciales.

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Además, al poner el foco en la severidad de las sanciones para disuadir conductas criminales, se podría incitar a derivas autocráticas. Aunque, tal como indicó a InSight Crime, Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero: “No se puede replicar el modelo Bukele en nuestro país, sencillamente porque Argentina tiene un sistema de justicia bastante más fuerte y una sociedad civil mucho más activa que la salvadoreña. Establecer un sistema draconiano que impida el contacto con el mundo exterior, está vedado por nuestra Constitución Nacional”.

Cabe preguntarse, entonces, si el establecimiento de esta cárcel de alto perfil podrá alcanzar realmente su objetivo al aumentar la autonomía policial y promulgar un paquete de leyes punitivistas que, lejos de resolver el problema, podrían profundizarlo al provocar un probable aumento de la población carcelaria. Y, fundamentalmente, al ignorar la raíz central de la cuestión que no es otra más que la corrupción política, judicial y policial que acompañó la avanzada narco en la ciudad desde sus orígenes.

Imagen principal: Requisa sorpresa en la cárcel de Piñero, 5 de marzo de 2024. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Argentina.