Buenaventura es el puerto principal del pacífico colombiano, y uno de los principales puntos de partida de cargamentos de droga. La ciudad, disputada durante mucho tiempo por grupos criminales, es ahora un escenario de conversaciones de paz con el gobierno.
Willian Carvajal Obregón, alias “Jerónimo” un hombre alto e imponente, vestido con pantalones militares y camisa negra, es el portavoz de la banda los Shottas. Junto con sus rivales, los Espartanos, los Shottas han entablado diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Petro hizo campaña y ganó basándose, en parte, en su plan de la “Paz Total”, que busca poner fin a seis décadas de conflicto interno en Colombia.
Los Shottas y los Espartanos son los últimos en una larga línea de grupos criminales que han luchado por el control del puerto de Buenaventura, que procesa millones de dólares en mercancía cada año. En medio de barrios construidos en pilotes sobre las turbias aguas de la bahía, el puerto garantiza riquezas a quien cobre por el paso de la cocaína que sale de Buenaventura con destino al extranjero.
Desde la década de los 90, una gran diversidad de actores armados ha dejado su marca de violencia en Buenaventura, desde el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los nombres de los grupos cambian con los años, pero muchos de sus miembros permanecen.
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Por casi diez años, la pandilla llamada La Local controló gran parte de la ciudad en el área urbana. Sin embargo, a finales de 2020, cambios en su liderazgo que provocaron una violenta separación y el nacimiento de dos nuevas pandillas: los Shottas y los Espartanos.
Buenaventura se divide entre la costa y una isla cercana. Los Espartanos controlan la parte de la ciudad que queda en la isla y que se conecta al continente a través de un único puente, que marca además la frontera con el territorio de los Shottas. Ambas pandillas controlan ferozmente los barrios de la ciudad, especialmente los que tienen acceso al mar, donde, en medio de casas de madera y latón sobre pilotes, abundan los embarcaderos clandestinos que sirven para despachar pequeñas lanchas con todo tipo de mercancías ilegales: contrabando, armas e incluso drogas.
La sangrienta guerra territorial entre las dos bandas terminó, casi por completo, el 19 de octubre de 2022, con el inicio formal del diálogo con el gobierno de Petro. Sin embargo, el plan de paz del gobierno todavía no tiene un marco legal para continuar con las negociaciones, y, un año después del inicio de los diálogos hay pocos avances que mostrar. Con la Paz Total enfrentando problemas en otras zonas del país, hay una sensación de que el tiempo se acaba. InSight Crime habló con Jerónimo sobre las expectativas de los Shottas en este momento crucial.
InSight Crime (IC): ¿Cuáles son las expectativas de los Shottas frente al proceso de negociación que están llevando con el gobierno? ¿Qué es lo que están buscando?
Jerónimo (J): Lo primero que yo he podido evidenciar de las personas que represento es el deseo de dejar de vivir la zozobra del conflicto; de que no puedo salir, que si salgo dos cuadras más adelante me pueden suceder muchas cosas y a mis familiares. Involuntariamente todos los familiares también se vuelven un objetivo y donde van los discriminan.
La idea es acabar todo esto y que verdaderamente la ciudad pueda estar en total tranquilidad, porque el conflicto ha puesto a llorar a muchas familias que no tienen nada que ver con el tema. También es de tener en cuenta que durante mucho tiempo el Estado no se ha acordado de Buenaventura. La idea es que el Estado no se olvide de los jóvenes de Buenaventura.
IC: ¿Entonces hay un componente social ligado al proceso?
J: El Estado siempre se ha olvidado de Buenaventura, tanto en la zona urbana como la rural. Buenaventura es el primer puerto sobre el litoral pacífico, la economía que maneja es extremadamente grande, pero es olvidada por el Estado. No hay inversión social.
Y realmente la gente vive en condiciones muy precarias, eso hace que las personas tengan que buscar el sustento día a día por medio de otras actividades. Entre esas actividades está lo que se llama el rebusque y eso es lo que ha ocasionado [los problemas].
IC: En ese contexto de abandono estatal, ¿qué confianza hay en que el Gobierno vaya a cumplir con lo pactado en las negociaciones?
J: Creemos mucho en el gobierno de Gustavo Petro, porque desde hace mucho rato ha venido trabajando por la clase obrera. Hasta ahora lo que han prometido lo han cumplido y esperamos que pueda seguir así, solo que las cosas con el gobierno son muy lentas.
Por eso el tema de dejación de armas es el último punto. Si no se ve que el gobierno cumpla, pues entonces uno para qué va a dejar las armas. Esperamos que el gobierno pueda cumplir las necesidades del pueblo y que haya un programa de sostenibilidad para los que hoy están alzados en armas. Eso es lo que más se quiere.
IC: ¿Cómo funciona la mesa? ¿En qué fase están en ese momento?
J: Esta mesa es socio-jurídica y es un primer paso para poder tener el puerto en tranquilidad hasta que los senadores aprueben la ley de Sometimiento, que vendría siendo el marco jurídico para la paz. Ahí es donde ellos nos van a decir: bueno, las penas para ustedes son estas y prohibido repetir. De ahí comienzan unas negociaciones para el pago de penas mínimas, por ejemplo, a cambio de labor social en Buenaventura. Tampoco todo puede ser cárcel.
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Buenaventura, por ser el primer puerto sobre el litoral pacífico, es apetecido por muchos grupos. Aquí es el paso de la mercancía, de la droga, del contrabando y de otro mundo de cosas ilegales. Entonces siempre produce buena economía. Si uno que está aquí, que es de Buenaventura, se sale, pues vendrán otros. Entonces hay que mirar también ese ese punto.
IC: ¿Hay un cese de hostilidades en Buenaventura entre las bandas?
J: Si, se pactó un cese al fuego: cero agresiones. También se pactó la reducción del hurto, extorsiones y eliminación de fronteras invisibles, porque esa es la mayor alteración de orden público que hay. Llevamos un mes y diez días* aproximadamente y se está esperando que siga así como va.
*Esta entrevista fue realizada el 12 de septiembre de 2023
IC: Luego de dejar las armas, ¿cómo se financiarían?
J: Debe existir [una alternativa], y eso es lo que el marco jurídico nos va a determinar, porque se necesita un mecanismo que brinde estabilidad y pueda prepararlos en agricultura, en pesca, en lo portuario. Además, brindar esas fuentes de empleo sostenibles para que la gente no regrese de nuevo a delinquir.
IC: ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta este proceso?
J: El reto más grande es poder sostener la tregua, porque para poder sostenerla se debe tener a [los miembros de] ambas partes ocupadas en deporte y recreación. Explotar los talentos que tienen para que no solamente piensen en que debo matar a este, tengo que cobrarle a este o tengo que robar a este otro. Claro que vienen unos proyectos muy buenos, pero entonces hay que pensar a corto, mediano y largo plazo.
IC: ¿Qué pasó con el rompimiento de la tregua a principios de este año?
J: Para ese momento la tregua se rompió porque el principal facilitador era el gobierno y ellos entraron a vacaciones y por eso pasó mucho tiempo hasta la siguiente reunión. Entonces la gente pensó que ya no había más negociación, además que las ayudas que habían dado solo alcanzaron hasta febrero. Después se empezó a ver la ruptura y como [el gobierno] no tenía las leyes para sentarse con nosotros, entonces no se reinstaló el proceso sino hasta agosto.
Estaba a punto de que ya fracasara todo. La mesa socio-jurídica es la primera etapa, pero también es la forma de controlarlos [a los pandilleros]: uno a ellos los mantiene tranquilos diciéndoles ‘no, esto no se puede hacer, porque mire que ya estamos en una mesa’.
IC: ¿Cómo es la relación entre los dos grupos [Shottas y Espartanos]?
J: Aquí se maneja mucho el tema de que este mató a mi hermano y entonces yo se la tengo que cobrar; y que el de acá mató a mi amigo y no tenía nada que ver. Entonces se vuelve un problema personal. Se está tratando de contrarrestar esa parte, de trabajarla con labor social, de que puedan trabajar en conjunto todos para que esos síntomas de rencor vayan mejorando.
IC: ¿Qué tipo de integrantes ingresan a este proceso?
J: Aquí entran exmiembros de las FARC y de los paramilitares, del Clan del Golfo (también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC). Hay miembros que han sido de ambas estructuras.
IC: ¿Hay una parte de alguno de los grupos que haya decidido no hacer parte del proceso e irse por su cuenta?
J: Sí, más que todos los que no tienen órdenes de captura. Ellos no piensan en someterse, pero son una mínima parte.
IC: ¿Usted cree que realmente es posible tener una paz real?
J: Puede ser que la tranquilidad llegue por un par de años, pero si el gobierno no está presente vuelve [la violencia]. Sabemos que para ese tipo de cosas también debe de haber leyes muy fuertes. Si no las hay, no se hace nada. Esperamos que el gobierno cumpla con lo pactado y no ser como los 12 o 16 procesos de paz que han fallado aquí en Colombia.
Hasta ahora, las negociaciones entre el gobierno y las pandillas en Buenaventura han logrado reducir los altos índices de violencia que sumieron al puerto en una grave crisis humanitaria. Pero la mesa socio-jurídica enfrenta obstáculos. El gobierno no tiene las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar la nueva ley que le permitiría negociar con organizaciones criminales, y las tensiones alrededor de la Paz Total están aumentando.
Además, por segundo año consecutivo, los niveles de producción de cocaína en el país rompieron un récord, aumentando el atractivo del puerto para las numerosas organizaciones narcotraficantes que existen en Colombia. Hasta el momento no existe una solución inmediata para estos problemas, y, a medida que pasa el tiempo, el cese al fuego entre las bandas rivales -que ya pende de un hilo- podría fracturarse, poniendo en peligro el futuro de la Paz Total.
*Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.
