En medio de un clima de violencia y tensión, Ecuador va a una segunda vuelta electoral, apostando por medidas sociales para mejorar la seguridad del país. 

Tras las elecciones presidenciales del 20 de agosto, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), fueron los dos candidatos más votados, con un 33,25% y un 23,73% de los votos, respectivamente, e irán una segunda vuelta electoral programada para el 15 de octubre.   

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En las próximas semanas de campaña, ambos candidatos buscan hacer frente a los problemas de seguridad del país, que ha registrado un aumento del 74% de las muertes violentas en los seis primeros meses del año, incluido el asesinato de un candidato presidencial.  

Análisis de InSight Crime

A pesar de la situación actual de extrema violencia en Ecuador, los dos candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta parecen alejarse del uso de las fuerzas militares como opción principal y apuestan por medidas sociales. 

Por un lado, Luisa González busca reinstaurar el Ministerio de Justicia y el Ministerio Coordinador de Seguridad, que fueron absorbidos por otras entidades después de la presidencia de Rafael Correa (2007 – 2017). Además, plantea que el Estado recupere el monopolio sobre las armas y que se instauren programas de reinserción y rehabilitación social para los delincuentes. A la vez, busca formar y capacitar a las fuerzas de seguridad con mayor inversión en investigación, inteligencia y tecnología. 

Por su parte, Daniel Noboa propone políticas que refuercen el sistema judicial y capaciten a las fuerzas policiales en la resolución pacífica de conflictos. Además, busca aumentar la vigilancia comunitaria, mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y fomentar las penas alternativas. 

Sin embargo, tal y como comentó en una entrevista para Primicias antes de las elecciones, Noboa sí opta por el uso de las fuerzas armadas para “militarizar las fronteras para que no ingrese la cocaína que sale por puertos ecuatorianos”.

De alguna manera, sus posiciones corresponden con la movida electoral desde antes de las elecciones del 20 de agosto. En febrero, la población se había posicionado en contra de la propuesta de extradición de criminales a los Estados Unidos por medio de un referendo popular.  

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Esta era una de las medidas que pretendía implantar el presidente Guillermo Lasso para tratar de mejorar la seguridad del país. Lasso ha aplicado numerosos estados de emergencia, anunciado la construcción de nuevas prisiones y militarizado las actuales.  

Sin embargo, ninguna de esas medidas han sido capaces de parar el aumento de la violencia que parece estar ligado al tráfico internacional de cocaína, entre otros factores. 

Los resultados electorales también contrastan con las políticas de “mano dura” de otros países en la región, como El Salvador y Honduras, aunque los planes de seguridad de ambos candidatos fueron propuestos con anterioridad al asesinato de Villavicencio, por lo tanto, las propuestas pueden cambiar todavía.