Según informes, 346 pandilleros de El Salvador han muerto en enfrentamientos violentos con la policía en lo que va de este año, lo que vuelve a generar los temores de que la agresiva estrategia de seguridad del país esté llevando a abusos generalizados de los derechos humanos.

Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, dijo que policías apoyados por soldados han dado muerte a 346 presuntos pandilleros en igual número de enfrentamientos desde principios de 2016, informó El Mundo. Ello significa un promedio de 2,2 enfrentamientos —y pandilleros muertos— por día.

Cotto no especificó cuántos miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en los enfrentamientos. Sin embargo, otros informes indican que, hacia el 12 de abril de este año, presuntos pandilleros habían matado a 16 policías, muchos de los cuales fueron asesinados mientras estaban fuera de servicio, o fuera de las operaciones referidas por el director de la policía.

El número de enfrentamientos ha aumentado en las últimas semanas, tras el despliegue de fuerzas mixtas de la policía y el ejército, que conforman una unidad especial encargada de ir tras pandilleros que presuntamente se han trasladado a zonas rurales para huir de las estrictas medidas de seguridad en las principales ciudades del país. La mayor parte de los enfrentamientos mencionados por Cotto se han presentado en zonas rurales, informó El Mundo.

Análisis de InSight Crime

La gran cantidad de pandilleros muertos y el número desproporcionadamente bajo de oficiales que han muerto por disparos durante las operaciones plantea serias dudas sobre las circunstancias en las que ocurrieron esas muertes. En toda Latinoamérica, en países como México, Venezuela y Brasil, el término “enfrentamiento” se utiliza para dar una explicación a los conteos inequitativos de cuerpos y para encubrir las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

La constante represión por parte del gobierno ha planteado preocupaciones similares acerca de El Salvador, donde ya hay casos bien documentados de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la policía. En un caso que se presentó en marzo de 2015, agentes de la PNC informaron haber dado de baja a ocho delincuentes durante un tiroteo en una finca cafetera conocida como San Blas. Una investigación del medio de noticias salvadoreño El Faro descubrió que los “criminales,” entre los que se encontraban una mujer y dos menores de edad, habían sido ejecutados sumariamente y que sus cuerpos había sido reacomodados para sustentar la versión de los hechos presentada por la policía.

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La militarización de la lucha contra las pandillas salvadoreñas, tanto material como retóricamente, puede contribuir a una acción más agresiva por parte de la fuerza pública. En enero de 2015, por ejemplo, el entonces director de la PNC, y actual ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, les dijo a sus oficiales que debían sentir “completa confianza” al usar sus armas contra los criminales.