Un alcalde arrestado en Honduras por homicidio y conexiones con grupos criminales representa el más reciente caso de burgomaestres que han sido acusados de corrupción en el país centroamericano, un patrón que se repite por toda Latinoamérica.
Delvin Salgado, alcalde de la ciudad de El Negrito, en el norte de Honduras, fue detenido el 7 de septiembre por cargos de homicidio y concierto para delinquir, informó La Prensa. Se le acusa de cometer dos homicidios entre 2013 y 2014, así como de tener vínculos con una banda local y un grupo de “limpieza social”, de acuerdo con El Heraldo.
La fiscalía dice que un oficial de policía había confiscado las armas de fuego de toda aquella persona de El Negrito que no tuviera licencia para llevar armas, incluidos los miembros del grupo de limpieza social. Salgado supuestamente ordenó devolver las armas al grupo.
El policía fue atacado y asesinado pocos días más tarde, mientras se dirigía a El Negrito, informó El Heraldo.
Salgado ha negado vigorosamente las acusaciones.
De acuerdo con los informes, mientras estaba en custodia en San Pedro Sula, Salgado dijo: “Juro por mi madre y mi padre que acaban de morir que no tengo nada que ver con esto”.
Análisis de InSight Crime
En varios casos, se ha demostrado que las organizaciones criminales tienen estrechas relaciones con los alcaldes de Honduras. Nueve alcaldes de todo el país han sido detenidos por diversos delitos, como asesinato, narcotráfico y lavado de dinero (dos han sido absueltos después de sus arrestos). Desde abril de 2015, las autoridades han estado investigando nada menos que 35 alcaldes o vicealcaldes por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El portavoz de la secretaría de seguridad de Honduras, Luis Osabas, dijo recientemente que la participación de los alcaldes en actividades criminales está relacionada con el poder que ejercen a nivel local.
“No se trata de deshonrar la figura del alcalde, ya que estos son actos personales y no tienen nada que ver con la figura o posición que ocupan”, dijo Osabas.
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Pero la descentralización del poder político en Honduras y en toda Latinoamérica les ha dado a los alcaldes mayor control sobre los presupuestos municipales y las fuerzas de seguridad. Esta autonomía ha hecho de las alcaldías uno de los blancos preferidos por los grupos criminales, que buscan cooptar a los funcionarios locales o poner a uno de sus miembros en una posición de autoridad.
Aunque la corrupción local es muy frecuente en toda la región, el caso más notorio ocurrió en 2014, cuando el alcalde de la ciudad de Iguala, México, presuntamente les ordenó a la policía y a una banda criminal que secuestraran y posiblemente también que asesinaran a 43 estudiantes universitarios.