El enjuiciamiento de un alcalde de El Salvador por tráfico de drogas es un claro ejemplo de la falta de rigor en los nombramientos políticos en Centroamérica, y llama la atención sobre un sistema corrupto que requiere una reforma urgente.
Cristóbal Benítez Canales, alcalde de San Francisco Gotera, ha sido condenado a 13 años de prisión por tráfico de drogas, informó El Diario de Hoy.
Benítez fue capturado en octubre de 2010, durante una supuesta negociación de dos kilos de cocaína, informó La Prensa Gráfica. En el momento de la captura, se creía que Benítez hacía parte de una red de tráfico de drogas que distribuía cocaína y crack en la región oriental de El Salvador y en el departamento de Cabañas.
Sin embargo, por ciertos tecnicismos, el juez Enrique Beltrán absolvió a Benítez de los cargos en 2011, según La Prensa Gráfica. Beltrán fue luego suspendido, y en 2014 fue procesado por cargos de soborno.
En 2013, un tribunal anuló la sentencia de Beltrán y reabrió el caso.
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A pesar de los casos abiertos en su contra, en 2015 Benítez fue elegido alcalde de San Francisco de Gotera, en el departamento de Morazán, como candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Benítez es además ex vicepresidente del equipo de fútbol Vista Hermosa, del municipio de San Francisco Gotera. Además llevó a cabo la construcción del estadio del equipo, Correcaminos, a través de su empresa, Constructora Benítez, por un costo de US$510.000.
La sentencia del alcalde se produce poco después de la elección del nuevo procurador general de El Salvador, Douglas Meléndez. Durante su larga carrera en la procuraduría, Meléndez ha participado en el procesamiento de casos de corrupción y crimen organizado; además, fundó la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos, según El Diario de Hoy.
Análisis de InSight Crime
Como político, director de un club de fútbol, hombre de negocios y criminal condenado, la trayectoria de Benítez no es muy diferente a la de los numerosos miembros de las élites centroamericanas que han sido declarados culpables de participar en el crimen organizado. De hecho, se cree que la participación en la industria del fútbol es una manera en que los políticos corruptos ganan apoyo popular, el cual a su vez los protege del escrutinio público. Por ejemplo, en la reciente detención de seis miembros de las élites futboleras en la vecina Honduras, entre los detenidos se encontraban exministros, exalcaldes y empresarios.
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El lento enjuiciamiento de Benítez llama también la atención sobre la facilidad con la que los presuntos criminales pueden ser elegidos para cargos públicos. Según La Prensa Gráfica, a los candidatos para cargos municipales en El Salvador no se les verifican sus antecedentes, a pesar de que las personas con casos judiciales contra ellas están técnicamente inhabilitadas para postularse para cargos públicos. El único requisito es que los candidatos declaren que no tienen ningún problema legal, declaración que las Juntas Electorales Departamentales (JED) deben aceptar de buena fe.
Aún está por verse si el nombramiento de Meléndez, dada su trayectoria en la lucha contra la corrupción, conducirá a una reducción de la impunidad oficial en El Salvador, como reflejo de los recientes acontecimientos en los países del Triángulo del Norte. Por ejemplo, se considera que el reciente interés de las autoridades de Honduras por acabar con las élites corruptas hace parte de su serie de detenciones de funcionarios del fútbol; por su parte, en Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es la que ha logrado en gran parte el derrocamiento de los miembros corruptos de las altas esferas de la política guatemalteca.