El gobierno de Guatemala señaló que el 99 por ciento de los guardias de seguridad privada del país trabajan de manera ilegal, a medida que el país fracasa en sus esfuerzos por regular este floreciente sector, que ha sido acusado de todo, desde ejecuciones extrajudiciales hasta lazos criminales.
Sólo 400 de los 48.240 agentes de seguridad privada de Guatemala han completado el entrenamiento y la certificación requerida por una ley de 2010 que regula los servicios de seguridad privada (pdf), según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) del Ministerio del Interior, informó Prensa Libre (vea gráfico abajo).
De las 141 empresas de seguridad registradas ante la ley, 139 todavía no cumplen con la normatividad, a pesar de que la fecha límite para hacerlo pasó en 2012. Sin embargo, la jefa de la DIGESSP, Patricia Monge, dijo a La Hora que el proceso de certificación -que requiere de un proceso de entrenamiento de 10 a 30 días- apenas comenzó este año.
Además de los agentes de seguridad registrados, se estima que hay entre 30.000 y 40.000 guardias privados adicionales que trabajan clandestinamente o para empresas de seguridad ilegales, según un informe al que tuvo acceso Prensa Libre.
La ley de 2010 establece penas de prisión de seis a 12 años para quienes prestan, o a sabiendas contraten, servicios de seguridad que no estén certificados.
Análisis de InSight Crime
Los niveles de violencia por las nubes, y la falta de confianza en las corruptas y carentes de recursos instituciones de seguridad pública, han llevado a un auge en el sector de la seguridad privada en Guatemala y en sus vecinos del Triángulo del Norte -Honduras y El Salvador. En 2012, un informe de AFP encontró que Guatemala tenía cuatro agentes de seguridad privada por cada agente de la policía.
La privatización de la seguridad ha generado una serie de sus propios problemas de seguridad. En Guatemala, las empresas de seguridad privadas han sido acusadas ??de ejecuciones extrajudiciales, de colaborar con personal militar en Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) -que tienen fuertes vínculos con el narcotráfico- y de ser uno de los principales compradores del país de armas traficadas ilegalmente.
En otras partes de la región, las empresas de seguridad privada, supuestamente incluso sirven como cortinas de humo para que los grupos criminales lleven a cabo sus actividades.
Sin señales de mejoras drásticas en la situación de seguridad del Triángulo del Norte, es probable que en el largo plazo las empresas de seguridad privadas sigan siendo una característica de la vida pública, lo que resalta la importancia del tipo de regulación integral intentada por Guatemala.
Sin embargo, el torpe progreso e Guatemala demuestra cómo la legislación por sí misma no es suficiente, y debe estar respaldada tanto por recursos para hacer de la regulación práctica, como de su aplicación para que el incumplimiento de la ley sea un problema grave. De otro modo, existe el peligro de que la seguridad privada se pueda convertir en parte del problema.