En Argentina, las autoridades implicaron a la policía local y a varios fiscales en una red de extorsión y apuestas ilegales vinculada al grupo criminal Los Monos, lo que resalta cómo la pandemia del coronavirus ha abierto aún más espacio para la corrupción oficial.

Cinco personas fueron imputadas el 23 de julio en conexión con la red criminal, que operaba varios centros de apuestas ilegales en la ciudad de Rosario bajo la dirección del jefe de Los Monos en prisión, Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, como informó Rosario Plus. 

Entre los acusados se encuentra el exjefe de policía Alejandro Torrisi, quien fue arrestado saliendo de un casino ilegal con un sobre de dinero en la mano. Se presume que este ayudaba a conseguir la liberación de los miembros del grupo criminal presos, a la vez que administraba algunas de las casas de apuestas, según La Capital.

En el mes de marzo, Argentina clausuró sus casinos legales en medio del confinamiento frente al coronavirus, una medida que parece haber llevado a los apostadores a buscar alternativas ilícitas, según la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA).

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Durante la investigación, La Capital informó que los fiscales también develaron mensajes de WhatsApp entre un miembro de la red criminal y un funcionario oficial desconocido adscrito a la Fiscalía General, quien presuntamente entregaba información sobre uno de los miembros del grupo arrestados. 

Alias Guille supuestamente envió a miembros del grupo a extorsionar negocios legales e ilegales en Rosario. El dinero obtenido se invirtió en las casas de apuestas, que operaban con ayuda de la corrupción oficial.

“Comenzamos a ver evidencia de que era posible que este grupo hubiera tomado el control de este negocio mediante extorsión y con [la ayuda de] exagentes de policía. […] Enfrentamos un problema mayúsculo”, declaró el secretario de seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, a medios locales.

Las recientes revelaciones se derivan de una investigación en curso por un tiroteo ocurrido en enero en el casino City Center de Rosario por el que se ha señalado al miembro de Los Monos, Maximiliano Díaz, alias “Cachete”, quien también fue acusado en el caso de apuestas ilegales y extorsión. Las autoridades creen que el tiroteo en el casino más grande de la ciudad tiene relación con las actividades extorsivas de la banda, según Clarín.

Análisis de InSight Crime

El centro regional de juegos de azar de Rosario ha creado las condiciones ideales para que la corrupción oficial siga creciendo en medio de la pandemia por el coronavirus.

Con el cierre de los casinos legales por las restricciones impuestas a los negocios para intentar frenar la propagación del virus, las casas de apuestas ilegales operadas en parte por Los Monos están ganando popularidad.

Las apuestas ilegales son un magnífico negocio en Argentina. En 2016, se estimaba que generaban anualmente unos 50 mil millones de pesos argentinos (cerca de US$3 mil millones) solo en la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, nuevas regulaciones impusieron penas más severas para quienes manejaran operaciones ilegales de apuestas, y las autoridades comenzaron a allanar casinos clandestinos en todo el país. Pero ahora que esos medios legales de juegos de azar se mantienen cerrados, los juegos ilegales nuevamente están en auge.

“Sin juego legal, crece el juego clandestino. Por ejemplo, sin loterías en Argentina, el juego ilegal trabajaba con la Quiniela de Montevideo (capital de Uruguay), que no se detuvo… pero con la flexibilización de la cuarentena en muchas ciudades los denominados garitos volverán a funcionar”, declaró a La Nación el secretario del sindicato argentino de trabajadores de los juegos de azar, Ariel Fassione.

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La corrupción oficial en Rosario no ha hecho más que contribuir al fenómeno. Son notorios los bajos salarios en la policía de la ciudad y con frecuencia el organismo se ha visto implicado en narcotráfico y otras modalidades de crimen organizado. En 2018, nueve agentes de policía fueron sentenciados por hacer parte de Los Monos. Al año siguiente, seis policías más, incluido el jefe de la policía federal de Santa Fe, fueron acusados de narcotráfico.

Dicho esto, el más reciente operativo contra la red ilegal de extorsión y juegos de azar se presenta en un momento en que las autoridades buscan activamente la depuración del organismo policial.

Cuando Sain asumió su cargo en diciembre pasado, La Nación informó que encabezó una “purga” de la policía de la provincia, en la cual despidió a los 31 jefes de policía locales. Ahora, encabeza una serie de reformas de seguridad con el fin de reorganizar y profesionalizar la policía y nombrar un inspector general y un tribunal disciplinario.