El arresto de un ciudadano brasileño que es un minero con licencia en Colombia y a la vez el presunto cabecilla de una estructura de minería ilegal, ilustra la borrosa línea divisoria entre los sectores de la minería legal e ilegal del país.
La Policía Nacional de Colombia arrestó a José Antonio Cavalcante, uno de los dos brasileños que según las autoridades dirigían una red de minería ilegal en el departamento de Chocó, al noroeste del país. Otros nueve sospechosos fueron arrestados durante la operación.
El grupo, al que las autoridades han denominado como “Los Dragones”, supuestamente utilizaba 40 dragas para realizar operaciones de minería de oro a lo largo del río Quito, Chocó. El general de la policía Jorge Rodríguez Peralta le dijo a El Tiempo que el grupo producía aproximadamente 20 kilos de oro a la semana, por un valor comercial de unos US$672.000.
Las autoridades dicen que las actividades mineras ilegales del grupo causó un daño ambiental significativo. Según informes, al menos 37 niños han muerto en la zona debido al consumo de agua contaminada con mercurio, un subproducto nocivo de la minería ilegal.
Según la policía, los grupos armados ilegales, entre ellos Los Urabeños y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), le proporcionaban protección armada a la red de Cavalcante a cambio de recibir una parte de las ganancias de las actividades mineras.
Según El Tiempo, el gobierno informó el 26 de abril que en los primeros cuatro meses de 2016 había llevado a cabo casi 300 operaciones contra la minería ilegal y había destruido o confiscado más de 100 unidades de maquinaria pesada utilizadas para la minería ilegal.
Análisis de InSight Crime
Cavalcante encarna la imbricada naturaleza de los sectores mineros legales e ilegales de Colombia. No es precisamente una figura desconocida en el mundo de la minería ilegal: en 2014 había sido arrestado por cargos similares. En 2012, el director de una organización de desarrollo sostenible en el Chocó fue sancionado por solicitar sobornos de Cavalcante, quien había sido multado por ejercer la minería ilegal en el río Quito.
A pesar de estas actividades ilegales, Cavalcante también es el representante legal de una compañía de minería registrada en Colombia. Que el representante de una empresa minera oficial pueda también ser a la vez un violador flagrante de las leyes mineras indica que hay un alto grado de entrecruzamiento de los sectores de la minería ilegal y legal.
También refleja el pobre desempeño del gobierno en la regulación de este sector. Los grupos criminales aprovechan la falta de supervisión oficial para extorsionar a los mineros ilegales mediante lo que se conoce localmente como “vacunas”.
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Esta zona gris legal no se limita al sector de la minería de oro en Colombia. Desde hace décadas, las autoridades han luchado por frenar la influencia de grupos armados y actores criminales sobre la lucrativa industria esmeraldera. El llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza, incluso construyó su propia organización paramilitar para proteger su emporio comercial.