El hermano y el hijo del presidente de Guatemala Jimmy Morales, quien fuera elegido en 2015 en una campaña anticorrupción, fueron arrestados por presuntos actos de corrupción, pero el caso siendo muy distinto al que derrocó al anterior jefe de estado.
Los fiscales alegan que el hermano de Morales, Samuel Everardo Morales Cabrera, y su propio hijo José Manuel Morales Marroquín, establecieron un esquema para beneficiar a Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel, informó El Periódico.
Afirman que el hijo y el hermano del presidente pagaron a Orellana un total de 200.000 quetzales (alrededor de US$26.000), que debían utilizarse para la organización de varios eventos. Algunos de estos fueron un desayuno para 564 personas, servicio de comida para un seminario de tres días del Registro General de la Propiedad (RGP), y la entrega de cestos de Navidad a los empleados del RGP. Sin embargo, ninguno de estos eventos y servicios se llevaron a cabo.
Los fiscales dicen que ni Samuel Morales ni José Manuel Morales ganaron dinero del esquema, pero aún así fueron responsables por lo que llaman “favor ilícito” para Orellana. No queda claro cuál fue la compensación.
La fiscal general de Guatemala Thelma Aldana solicitó que ambos fueran arrestados en espera de juicio por fraude en su contra, y en el caso de Samuel Morales, también por lavado de dinero. Sin embargo, ya se retiró el cargo por lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime
Aunque el arresto del hermano y el hijo del presidente Morales es el tipo de caso que puede afectar su presidencia y representa un paso importante en el desarrollo de un sistema judicial independiente en Guatemala, ni siquiera se compara con el que llevó a la caída del expresidente Otto Pérez Molina y su administración en 2015.
Para empezar, el actual escándalo parece un caso aislado, en comparación con la red de corrupción aduanera más sofisticada y de mayor magnitud, que presuntamente creó Pérez Molina. Con el nombre de “La Línea“, el caso formaba parte de un esquema de sobornos de varios milllones de dólares, manejado por antiguas y actuales redes militares, y se remonta por lo menos a la década de 1990.
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Más aún, Morales y su familia no tienen vínculos de larga data con las élites políticas y burocráticas que llevan décadas saqueando el gobierno de Guatemala. En contraste, Pérez Molina sigue ejerciendo considerable poder, aún desde prisión.
No cabe duda de que el escándalo que ahora implica a la familia de Morales tiene enormes ramificaciones y podría poner en peligro a la actual administración, pero no parece que el caso se inscriba en el estado mafioso que vivió Guatemala durante la administración de Pérez Molina.