Entre los 12 presuntos miembros de Los Gaitanistas capturados en el occidente de Colombia hay líderes locales de la comunidad y funcionarios electos, lo que pone de relieve el papel que juega la corrupción en el aseguramiento de los intereses de la principal red criminal de Colombia.
La Policía Nacional de Colombia arrestó a 12 personas y las acusó de homicidio, fraude, tráfico de armas, extorsión y tráfico de drogas, informó Caracol. Entre los arrestados está el Presidente del Consejo Comunitario Mayor Indígena de Río Quito y el Presidente del Consejo Municipal en Paimado, ambos ubicados en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano.
Según las investigaciones, los dos hombres –los cuales fueron elegidos de forma popular- se sumaron a Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el fin de extorsionar las operaciones mineras ilegales en la región. Los mineros que se negaran a pagar serían reportados a los dirigentes de las AGC, quienes utilizarían las amenazas de muerte para garantizar el pago.
También fueron arrestados un abogado, un concejal de Istmina, y el Presidente de la Red de Vigilancia Ciudadana para la municipalidad Cantón de San Pablo, informó Caracol.
Análisis de InSight Crime
Aunque las AGC carecen de la influencia política nacional de sus predecesores paramilitares, quienes controlaban hasta un tercio del Congreso e incluso tenían supuestamente la atención del presidente, la corrupción política sigue siendo un arma importante en su arsenal. El grupo buscará principalmente a aquellos con influencia política o comunitaria en las áreas que operan, con el objetivo de conseguir protección de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, o para asegurar que sus intereses criminales sean protegidos -como parece haber sido el caso en el Chocó.
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La alianza de las AGC con funcionarios políticos locales de comunidades remotas y marginadas, probablemente es facilitada por la limitada presencia del gobierno colombiano, lo cual puede producir sentimientos de exclusión y abandono por parte del Estado, dejando a estos funcionarios más susceptibles a conspirar con entidades ilegales. Como se observa en el Chocó, estos sentimientos pueden llevar a funcionarios locales a formar alianzas con grupos criminales, especialmente si el hacerlo les otorga un respaldo para promover sus propios intereses.
Este es un patrón que se repite en varios de los puntos críticos del crimen organizado de la región, como Honduras, donde las organizaciones campesinas estuvieron vinculadas al crimen organizado durante una serie de conflictos de derechos territoriales.