Siete personas murieron como resultado del ataque de un grupo de hombres armados contra uno de los hospitales más grandes de Guatemala, con el fin de liberar a un preso que había sido trasladado allí para una cita médica, un hecho que podría generar mayor apoyo de la ciudadanía a políticas antipandillas más duras en el país.
El 16 de agosto, varios presuntos miembros de la pandilla callejera MS13 entraron al Hospital Roosevelt, uno de los más grandes del país, para tratar de liberar a uno de sus compañeros, Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, informó Prensa Libre.
Tras el ataque murieron siete personas: dos guardias de prisión, dos empleados del hospital, dos niños y una persona más. Otras doce resultaron heridas.
Cabrera Cifuentes, quien logró escapar durante el ataque, había estado en la cárcel desde 2013 por varios asesinatos y otros crímenes. Había sido trasladado de la prisión de máxima seguridad Fraijanes 2 al hospital para realizarse un examen de sangre que requería para una operación que se le iba a practicar próximamente, informó Nómada.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala
El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, le dijo a Prensa Libre que, después de este ataque, el hospital ya no permitirá el tratamiento de los presos allí, como también lo han expresado otros hospitales del país.
Después de que se presentó la muerte de un recluso tras el ataque a un hospital en el año 2016, los presos sólo pueden ser trasladados a los hospitales para recibir tratamientos médicos si cuentan con la orden de un juez. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno de Guatemala anunció en un comunicado de prensa que, a partir de ahora, antes de obtener la orden de un juez, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) tendrá que autorizar el traslado de los presos a los hospitales para recibir los tratamientos.
Según Prensa Libre, la policía de Guatemala arrestó a cinco de los presuntos atacantes cuando intentaban huir del hospital, e incautó tres fusiles de asalto y una subametralladora.
Análisis de InSight Crime
Los violentos acontecimientos en el hospital podrían promover el apoyo de la ciudadanía a las medidas de mano dura contra las pandillas, medidas que a menudo han demostrado ser contraproducentes en otros lugares de la región. De hecho, después del ataque, el Congreso de Guatemala aprobó una ley “antiterrorista” que permitirá clasificar como terroristas a quienes realicen ataques violentos similares. Esta ley se asemeja a una medida aprobada el año pasado en El Salvador, mediante la cual se clasificaron las pandillas del país como organizaciones terroristas.
El ataque al hospital y la respuesta del gobierno probablemente llevarán a que la atención popular se desvíe de los viejos y profundos problemas de corrupción en la nación centroamericana, y que se enfoque en las pandillas del país. Aunque es claro que las pandillas plantean una amenaza significativa para la seguridad de Guatemala, muchas otras graves formas de criminalidad han sido vinculadas a la corrupción en los altos niveles.
VEA TAMBIÉN: Una explicación de los escándalos de corrupción en el gobierno de Guatemala
Las autoridades podrían utilizar el reciente incidente en el hospital como justificación para desviar la atención y los recursos de los programas contra la corrupción —que han sido atacados desde varios frentes por diversos intereses—. De hecho, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha abogado por medidas de seguridad de mano dura, y recientemente se negó públicamente a apoyar los esfuerzos contra la corrupción adelantados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas.