Mientras Bolivia avanza hacia la implementación de la ley de derribo de narcoaviones, el país ha creado un nuevo cuerpo enfocado en defender su espacio aéreo de los narcotraficantes –un paso que trae consigo grandes desafíos tanto técnicos como legales.
El Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo será dirigido por el general de Brigada Aérea, Melvin Arteaga, y estará integrado por representantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el Ministerio de Defensa, de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), informó El Deber.
Este comando será el responsable de defender los procesos operacionales para implementar la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo de abril de 2014, la cual incluye una cláusula que permite derribar las aeronaves “hostiles” que no respondan a las advertencias. La creación del nuevo comando estaba estipulada en la ley.
Arteaga dijo a La Razón que el comando necesita tres escuadrones de aviones cazas, cada uno compuesto de alrededor de una docena de aviones, aunque afirmó que aún no cuentan con todas estas aeronaves ni con radares.
Análisis de InSight Crime
Bolivia está en el proceso de adquirir el equipo y las aeronaves necesarias. Sin embargo, las operaciones del nuevo comando por ahora enfrentarán serias limitaciones. Según El Deber, varias empresas han ofrecido dotar a Bolivia con un sistema de radares que está entre los US$100 millones. Sin embargo, como se ha visto en el vecino Perú, el proceso de adquirir radares puede tomar bastante tiempo.
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Propiamente equipado, el comando podría convertirse en una herramienta muy necesaria para un país con creciente importancia en el comercio regional de drogas. Como señaló una investigación de InSight Crime, Bolivia corre el riesgo de ser cooptada por el crimen organizado transnacional, en parte gracias a su ubicación junto a los principales mercados para la cocaína en Latinoamérica, Brasil y Argentina. Bolivia ya se ha convertido en un punto de tránsito clave para los cargamentos de cocaína peruana con dirección a estos mercados –gran parte de los cuales se mueven a través de Bolivia por vía aérea.
Bolivia se encuentra entre las naciones latinoamericanas que están aumentando sus esfuerzos para controlar su espacio aéreo. Este mes, el Senado de Paraguay aprobó un proyecto de ley que autoriza derribar aeronaves en su espacio aéreo. En enero, el gobierno de Honduras aprobó una ley que también autoriza derribar aeronaves sospechosas.
Los tres países tienen varias cosas en común: ninguno cuenta con fuertes capacidades para defender su espacio aéreo, una fuerte tradición de vigilancia, o protocolos para operaciones complejas como derribar aeronaves. Esta combinación podría traer problemáticas batallas legales si las aeronaves sospechosas llegan a ser civiles disfrazados –como ocurrió en Perú en 2001.