Una carta obtenida por un medio de comunicación colombiano ha arrojado luz sobre el grado en el que el grupo guerrillero más antiguo del país, las FARC, extorsiona a la industria minera.
La carta, publicada por Radio Caracol, tiene fecha del 14 de octubre de 2011, y supuestamente es del comandante guerrillero Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias “Pastor Alape”, y está dirigida al entonces líder Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano“, y a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez“, que actualmente lidera el equipo negociador de los guerrilleros en las conversaciones de paz en Cuba.
El lenguaje de la nota no es claro, pero esboza una estructura en la que los mineros están obligados a pagar el 5 por ciento de sus ingresos totales a las FARC, un 5 por ciento al grupo guerrillero ELN, así como 7 millones de pesos colombianos (unos US$3.800) a las FARC por la entrada de cada retroexcavadora mecánica a un lugar minero. El propietario de la tierra en donde se sitúe una mina recibe el 15 por ciento de los beneficios totales, según la carta, y el propietario debe dar a las FARC el 25 por ciento de eso. Los trabajadores que operan las retroexcavadoras y que llevan su combustible también deben pagar pequeñas contribuciones.
Análisis de InSight Crime
La extorsión fue la fuente de dinero original de las FARC y sigue siendo una fuente principal de ingresos. Se estima que la guerrilla tiene ingresos de alrededor US$90 millones al año, provenientes del crimen; según una reciente investigación de El Tiempo. La minería, principalmente la minería ilegal, se ha vuelto cada vez más importante para los guerrilleros; con la minería ilegal de oro superando a la producción de coca como su principal fuente de ingresos en ocho de los 32 departamentos (provincias) de Colombia, según un informe de 2012 de una organización española de análisis del conflicto, el Centro Internacional de Toledo para la Paz.
La policía estimó en 2011 que la minería ilegal y los grupos criminales convergieron en 151 Municipios de 25 departamentos, según un informe reciente de la revista Semana, que citó el auge de la industria minera en Colombia durante los últimos tres años, la debilidad institucional y la no regulación de gran parte del sector, como las razones que tanto atrajeron a la actividad criminal.