La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha negado una petición para suspender la inmunidad de un expresidente y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en una muestra de cómo figuras poderosas pueden usar su filiación a organismos políticos como escudo judicial.

El tribunal rechazó una petición del equipo legal del excongresista ecuatoriano Tito Galo Lara, quien había buscado revocar la inmunidad mantenida por el expresidente panameño Ricardo Martinelli como actual miembro del Parlacen.

Lara voló a Panamá en septiembre de 2013 después de que un juzgado ecuatoriano lo condenara por su participación en un triple homicidio. Al mes siguiente, recibió asilo del gobierno de Martinelli. En mayo de 2014, sin embargo, el estatus de asilo de Lara fue revocado cuando el gobierno panameño declaró que había obtenido información que daba “plena certeza de la existencia de delitos comunes y no a una persecución política” contra el excongresista.

Las autoridades panameñas detuvieron a Lara en junio de 2014, y la Corte Suprema aprobó su extradición a Ecuador en agosto de ese año. Pero Lara insistió, aduciendo que el gobierno panameño, entonces encabezado por Martinelli, había aceptado un pago de US$6 millones de Ecuador a cambio de su extradición.

Los abogados de Lara solicitaron a la Corte Suprema de Panamá que revocara la inmunidad de Martinelli como representante del Parlacen con el fin de obligarlo a testificar, pero la corte determinó que levantar dicha inmunidad no tendría efecto en el caso de Lara.

Análisis de InSight Crime

La decisión de la Corte Suprema da muestra de los desafíos inherentes a intentar llevar ante la justicia a poderosas figuras políticas acusadas de conductas ilegales en el ejercicio de su cargo. Martinelli enfrenta actualmente otras investigaciones derivadas de su periodo como presidente de Panamá, que incluyen cargos por corrupción y espionaje ilegal. Los jueces panameños han despojado a Martinelli de su inmunidad en lo que respecta a ciertas acusaciones, e incluso el Parlacen anunció anteriormente que Martinelli no goza de inmunidad por su cargo en la organización regional. Aun así, los fiscales que buscan llevar al expresidente a juicio siguen encontrando obstáculos.

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Incluso sin la inmunidad, Martinelli, al igual que otras figuras acaudaladas y poderosas, pueden hacer uso de otros medios  para evitar ser juzgados.

Se dice que Martinelli huyó de Panamá en enero de 2015 después de que la Suprema Corte comenzara a investigarlo, y según varios medios, ahora reside en un lujoso condominio en Miami. También se afirma que el expresidente busca asilo en Estados Unidos, pero el estado de esa solicitud sigue sin aclararse. La Corte Suprema de Panamá ordenó su detención en diciembre de 2015. Sin embargo, como informó The Panama News, lo que sigue para Martinelli “depende de una compleja matriz que gira en torno a leyes y voluntades políticas” por parte de Estados Unidos y de Panamá.

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