Un caso de tráfico de órganos que irá a juicio en Costa Rica podría revelar nuevos detalles sobre el papel del país centroamericano en el comercio internacional ilegal de órganos.
El 8 de febrero, la fiscalía de Costa Rica formuló cargos contra cinco personas presuntamente involucradas en el tráfico ilegal de más de una docena de riñones para ser trasplantados, informó Tico Times.
Los informes de prensa identifican al cabecilla de la red de trasplantes ilícitos como el doctor Francisco José Mora Palma, exjefe de Nefrología del Hospital público Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, donde supuestamente se realizaron algunas de las operaciones.
Los fiscales también levantaron cargos contra otros tres empleados del hospital, así como contra el dueño de una pizzería ubicada en la calle de enfrente, quien al parecer reclutaba los “donantes” de los riñones que eran utilizados en los procedimientos.
A algunos “donantes” les pagaron hasta US$20.000 por riñón, mientras que los receptores de los órganos ilícitos pagaban hasta US$100.000 por los trasplantes, según fuentes judiciales consultadas por Tico Times.
Una investigación de The New York Times en el año 2014 relacionó la red costarricense con figuras importantes del enorme mercado negro de riñones en Israel, que según el diario es generado por una relativa falta de donaciones de riñones de personas fallecidas debido a proscripciones religiosas con relación a los restos humanos.
Según The New York Times, la mayoría de los receptores de los órganos “donados” viajaban de Israel a Costa Rica para ser operados. La investigación del diario identificó también a ciudadanos de Grecia y Estados Unidos entre los receptores de los órganos.
Análisis de InSight Crime
Aunque Costa Rica cumple un papel relativamente pequeño en el comercio ilegal de órganos a nivel mundial, este caso llama la atención sobre algunas de las dificultades que enfrentan las autoridades costarricenses en sus intentos por combatir el problema.
Como en otros países donde el tráfico de órganos es prevalente, como India, Pakistán y China, los criminales costarricenses involucrados en este tipo de comercio enganchan típicamente a ciudadanos pobres, tentándolos con grandes sumas de dinero a cambio de quedarse con sus órganos. Esos órganos son vendidos luego a individuos que a menudo provienen de países extranjeros donde la demanda de órganos donados supera ampliamente la oferta.
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La legislación de Costa Rica con respecto a la trata de personas establece penas de hasta 16 años de prisión para las personas condenadas por la extracción ilegal de órganos. Pero dado que muchos “donantes” venden sus órganos voluntariamente, para las autoridades resulta difícil detectar operaciones ilegales como la descrita anteriormente. Y tanto los receptores de órganos ilícitos como los médicos que llevan a cabo las cirugías tienen pocos incentivos para llamar la atención de las autoridades sobre estas actividades.
Otras formas de trata de personas, como el tráfico sexual y el trabajo forzado, también son comunes en Costa Rica. En 2015, el Informe Anual del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Trata de Personas ubicó a Costa Rica en el “Nivel 2 de la Lista de Supervisión” (“Tier 2 Watch List”), argumentando falta de esfuerzos de las autoridades para combatir la trata de personas, deficientes mecanismos de recolección de datos, y servicios inadecuados para las víctimas.