La llamada “mega-comisión” que investiga el escándalo de los “indultos presidenciales” en Perú dijo que recomendará sancionar al expresidente Alan García, una decisión que podría afectar su intento de reelección y que ilustra el potencial alcanzado por el crimen organizado en este país.
La comisión –que está compuesta por siete congresistas y que fue convocada para estudiar las irregularidades de la segunda administración de García (2006-2011)- afirmó haber encontrado infracciones “constitucionales” y no descartó recomendar una investigación criminal a las acciones de García y el conocimiento que tenía con respecto a la pronta liberación de cientos de delincuentes convictos.
“Hemos documentado una serie de irregularidades” dijo a la prensa el presidente de la comisión Sergio Tejada Galindo. “Todas las personas mencionadas en el informe han sido citadas [a testificar] y hemos escuchado sus descargos. El derecho al debido proceso está garantizado.” (Vea el video abajo)
En octubre, García dijo a la comisión que conmutar las sentencias de los delincuentes convictos, incluyendo docenas de criminales de alto nivel, no era más que un “proceso [burocrático]” (“tramite”). La administración afirmó haber dejado en libertad a los presos para descongestionar las sobrepobladas cárceles.
Fuente: Canal N.
Análisis de InSight Crime
El caso, que salió a la luz en abril a raíz de un reportaje de televisión ya ha vinculado a dos exministros de justicia y todavía podría afectar a lo que se rumora, es la búsqueda de García de un tercer periodo presidencial en 2016.
A pesar de esto, el experto político es un maestro en operar en la ambigüedad. Sus dos administraciones (la primera 1985-1990) estuvieron plagadas de acusaciones de corrupción. Es además propietario de una famosa mansión en Lima, que el poderoso orador afirma haber pagado con dinero generado por charlas y otras actividades privadas.
Sin embargo, como es el caso del famoso “presidente Teflón” Ronald Reagan ninguna acusación en su contra se ha comprobado. Aún más, la comisión, que es a duras penas neutral, no tiene la autoridad para procesar a García y no puede, por si misma, prohibir a García ocupar cargos políticos.
Aún así, el caso es revelador. Como mínimo, García y sus ministros de justicia parecen haber perdonado a algunos narcotraficantes de alto nivel, varios de los que han sido posteriormente capturados desde que fueron dejados en libertad. Quizá, el testimonio más revelador es el del exnarco que se convirtió en colaborador de la DEA quien dijo que funcionarios de la administración de García le habían pedido la suma de US$150.000 para disminuir su sentencia.