Un grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos, de dos partidos diferentes, le ha pedido al presidente Donald Trump que investigue y sancione a seis personas que han sido acusadas de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica, lo que aumenta la presión sobre las élites de la región.
El 2 de agosto, el congresista demócrata Eliot Engel y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen —dos altos funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso—, así como otros tres miembros del Congreso, anunciaron que habían firmado una carta en la que solicitaban que los departamentos de Estado y Tesoro de Estados Unidos determinaran si seis individuos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México cumplen con los criterios para ser sancionados según la Ley Global Magnitsky.
La Ley Global Magnitsky permite que Estados Unidos sancione a funcionarios implicados en corrupción y violaciones a los derechos humanos. Esto incluye sanciones económicas, la suspensión de visas y restricciones al acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
Las personas señaladas en la carta son Enrique Rais y José Luis Merino de El Salvador, Gustavo Alejos y Luis Mendizábal de Guatemala, Óscar Nájera de Honduras y Remigio Ángel González, de México.
Análisis de InSight Crime
La carta es el más reciente golpe político del Congreso de Estados Unidos a las élites del Triángulo Norte de Centroamérica. Se presenta unos pocos días después de la aprobación de una ley que exige que el Departamento de Estado divulgue ante el Congreso la identidad de los funcionarios públicos de El Salvador, Guatemala y Honduras que están involucrados en corrupción y tráfico de drogas.
Si bien señala a seis personas en particular, la carta envía un mensaje más general. De los funcionarios mencionados en la carta, el único que se encuentra actualmente en el cargo es Merino, quien se desempeña como viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. La Fiscalía General del país está investigando a Merino por posibles vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización ya desmovilizada. También está acusado de favorecer esquemas de corrupción y lavado relacionados con el Gobierno de Venezuela. Estas investigaciones no han podido avanzar, dado que Merino, también conocido como “Comandante Ramiro”, tiene inmunidad por su cargo gubernamental.
El otro salvadoreño, Enrique Rais, es un empresario acusado en El Salvador de formar parte de una red de corrupción que trabajó con el exfiscal general Luis Martínez, quien se encuentra actualmente en prisión por cargos de corrupción relacionados con sus actividades con Rais. Al referirse a Rais en su carta, los congresistas mencionan un documento judicial en el que las autoridades de Florida pidieron la incautación de un avión vinculado a Rais, donde se encontraron rastros de drogas, con la ayuda de perros antinarcóticos. Rais se encuentra fugitivo de El Salvador y ha vivido en Suiza desde 2017. La Interpol ha emitido una alerta roja para su captura.
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En Guatemala, Gustavo Alejos fue uno de los principales operadores políticos durante las administraciones de los exmandatarios Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. Su nombre aparece en varias investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en torno a redes de corrupción que ofrecían sobornos a cambio de obtener contratos gubernamentales. Específicamente, Alejos estuvo implicado en un esquema de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que “favoreció a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos”.
Mendizábal también ha estado implicado en redes de corrupción en Guatemala. En particular, los congresistas estadounidenses afirman que él participó en la red de fraudes de “La Línea“, que presuntamente estuvo encabezada por el entonces presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Al parecer, Mendizábal era dueño de una empresa que fue utilizada para coordinar los sobornos; además, supuestamente sobornó a un juez para que “sustituyera las medidas” impuestas a los acusados involucrados en el caso.
El mexicano Remigio Ángel González estuvo implicado en otra red de corrupción en Guatemala, cuyo caso se conoció como “Cooptación del Estado“, que se utilizó para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Pérez Molina y Baldetti. Según la carta, dos empresas de propiedad de González canalizaron unos US$2,3 millones para la campaña de los dos políticos entre 2008 y 2011.
Por último, el congresista hondureño Nájera ha estado vinculado a actividades de narcotráfico y a la poderosa organización criminal Los Cachiros. En testimonio ante un tribunal de Estados Unidos en Nueva York, el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, implicó a Nájera —y a otros miembros de las élites—, señalándolo como colaborador del grupo criminal. Según la carta, Nájera supuestamente recibió pagos para que le proporcionara al grupo información sobre cuentas y propiedades que habían sido incautadas por las autoridades.