Más del 60 por ciento de la población de Uruguay cree que la ley de marihuana del país debe ser derogada, indicando una continua oposición generalizada a la legalización de la droga, mientras se prolonga el proceso de implementación de la nueva legislación.
En una reciente encuesta realizada por CIFRA, el 64 por ciento de los encuestados se opusó a la ley que legaliza la marihuana, y el 62 por ciento consideró que la legislación debe ser derogada lo antes posible, en lugar de esperar hasta que se haya implementado para determinar su impacto.
El mismo día que se dieron a conocer los resultados de la encuesta, el presidente José Mujica señaló a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle que los efectos de la legislación no serían visibles al menos hasta dentro de dos años, debido a las dificultades para regular el mercado existente de la marihuana. “Hay 150.000 consumidores”, dijo el presidente. “Lo queremos sacarlo de la sombra, de la clandestinidad a ese mercado, para golpearlo en la razón económica”.
Semanas antes, Mujica había dicho que la venta legal de marihuana -uno de los elementos de la ley aprobada por la legislatura del país en diciembre de 2013- no comenzará hasta algún momento en 2015 debido a “dificultades prácticas”.
Análisis de Insight Crime
Uruguay se ha convertido en el primer país del mundo en legalizar y en tratar de regular todos los aspectos del mercado de la marihuana que se consume con fines recreativos -la producción, la venta y el consumo. La nueva ley, que Mujica ha enmarcado en parte como una forma para combatir el tráfico de drogas, permitirá la producción de hasta 22 toneladas de marihuana al año y la venta de la droga en las farmacias.
La encuesta más reciente indica que a pesar de los esfuerzos del gobierno para construir el apoyo, aún sigue siendo generalizada la oposición a la legislación. El porcentaje de los encuestados que se oponen a la ley de marihuana se ha mantenido relativamente constante en los últimos dos años, con un 66 por ciento contra el proyecto de ley en julio de 2012 y un 64 por ciento en contra, en diciembre de ese año, lo que ha llevado a Mujica a pedir a los legisladores detener el análisis del proyecto de ley para darle más tiempo al debate nacional.
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El alto porcentaje de los uruguayos que quiere revocar la ley, ejercerá una gran presión sobre el gobierno para demostrar resultados positivos después de su implementación el próximo año. Casi el 40 por ciento de los encuestados en un reciente estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) vio la ley como una herramienta para prevenir el delito y luchar contra el tráfico de drogas, lo que significa que el gobierno probablemente tendrá que mostrar índices de criminalidad en descenso si la política busca ganar apoyo público.
No obstante, el escaso apoyo que hay actualmente puede no ser un gran problema, ya que el partido gobernante, el Frente Amplio, en el pasado ha demostrado ser capaz de pasar una legislación impopular.