Una nueva investigación de Associated Press ha arrojado nueva luz sobre la manera como la corrupción y la falta de voluntad política actúan como principales factores de la lucrativa industria de tala ilegal en Perú, con impactos dañinos en la seguridad y el medio ambiente.
La tala ilegal podría estar cobrando impulso nuevamente en Perú, país que alberga la segunda mayor porción de Amazonas, luego de Brasil, como lo expone un reportaje publicado por Associated Press el 19 de abril.
Pese a los esfuerzos por combatir el crimen, se estima que cada año se talan ilegalmente 1.554 kilómetros cuadrados de bosque en Perú, informó la AP.
La corrupción es un factor clave en este problema. Durante años, los funcionarios forestales han emitido documentos en los que se falsifican los orígenes de la madera beneficiada ilegalmente. La vocera del servicio forestal Lissete Herrera declaró a Associated Press que se está investigando a uno de cada siete de los más de 150 empleados autorizados para firmar esas licencias.
La falta de capacidad de control y de voluntad política también son factores cruciales. A la fecha, no ha habido sentencias de una ley de 2015 contra la tala ilegal, que estipulaba penas máximas de ocho años de prisión para los condenados por ese delito, informó la AP.
La agencia de prensa también señaló que Rolando Navarro, anterior jefe del servicio de inspección forestal de Perú, que había liderado varios operativos importantes contra la tala ilegal, fue despedido en enero de 2016 por el expresidente Ollanta Humala. Poco después, Navarro huyó a Estados Unidos, tras recibir amenazas de muerte. Según se dice, los funcionarios peruanos adujeron que su destitución se debió a que se necesitaba una “cara nueva”.
Las cosas no han ido mejor en el actual gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Al asumir el poder, Kuczynski disolvió la oficina del zar de la tala ilegal, mientras se han bloqueado las iniciativas de desarrollo de un sistema de identificación de árboles por GPS y de creación de una flota de inspección mediante drones.
Se estima que el 80 por ciento de las exportaciones madereras de Perú son ilegales, según un estudio conjunto de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y el Programa de Pueblos Forestales (Forest Peoples Programme).
Análisis de InSight Crime
No cabe duda de que la tala ilícita no es la única actividad criminal que amenaza el medio ambiente y la seguridad nacional de Perú. Las autoridades también han luchado por contener la minería ilegal y el negocio de la droga. Pero la tala ilegal es particularmente rentable para los grupos criminales.
De hecho, un reciente informe de Integridad Global Financiera (GFI por sus iniciales en inglés) encontró que la tala ilegal es el delito más rentable contra los recursos naturales, y estimó que esta industria ilícita genera entre US$52 y US$157 mil millones de ingresos anuales. La razón de su rentabilidad es la relación costo-beneficio. Los taladores, por lo general miembros de las comunidades indígenas, ganan alrededor de US$70 por metro cúbico de caoba peruana, según la GFI. Pero a medida que la madera avanza a lo largo de la cadena de suministro, los exportadores ganan US$1.804 por pie cúbico —un incremento de 2.477 por ciento en comparación con los ingresos de loa taladores ilegales—, mientras que la ganancia de los importadores es de US$3.170 por metro cúbico, un exorbitante incremento de 5.200 por ciento.
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La tala ilegal también ha estado asociada a la violencia. Los taladores ilegales pobres con mucha frecuencia son tan solo peones en la industria maderera, y quienes intenten oponerse a los grupos criminales lo hacen bajo su propio riesgo, como lo mostró la muerte de cuatro indígenas presuntamente a manos de taladores ilegales en septiembre de 2014.
Además de la amenaza contra el medio ambiente y la seguridad, la tala ilegal plantea graves problemas para la economía peruana. En los dos últimos años, según consta en el reportaje de Associated Press, la industria de explotación forestal en el país perdió cerca de US$140 millones en ventas por mala publicidad referente a la tala ilegal.