La Corte Suprema de Honduras ha anulado una condena histórica por corrupción contra una ex primera dama, lo que deja en evidencia la difícil batalla del país luego del desmantelamiento del organismo internacional anticorrupción que se creó con el apoyo de la comunidad internacional.
El máximo tribunal hondureño comunicó el 13 de marzo la anulación de la condena por fraude y apropiación indebida contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. La Corte Suprema también ordenó la celebración de un nuevo juicio.
La esposa del desacreditado expresidente Porfirio Lobo, Bonilla de Lobo fue puesta bajo custodia en febrero de 2018 en la capital, Tegucigalpa, antes de ser sentenciada en agosto de 2019 por el caso conocido como la “caja chica de la primera dama”.
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La investigación a Bonilla de Lobo fue llevada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, conocida como UFECIC, y terminó en una acusación formal a la ex primera dama y a otros de desviar alrededor de 16 millones de lempiras (unos US$650.000) y de crear una red de lavado de dinero para encubrir los recursos apropiados que estaban destinados a proyectos sociales.
La condena marcó un hito para la MACCIH, creada en 2015 con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En enero de 2020 el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se negó a extender el mandato de la misión. El Congreso hondureño, bajo el control del gobernante Partido Nacional, respaldó la decisión del Ejecutivo.
Análisis de InSight Crime
La condena de la ex primera dama Bonilla fue acaso la condena más emblemática que obtuvo la MACCIH antes de su cierre en Honduras. Que se haya revertido debería de ser una señal de alerta importante.
La MACCIH enfrentó obstáculos desde su creación, pero la misión desempeñó un rol importante en la lucha contra la corrupción en un país acostumbrado a que las élites políticas y empresariales se apropien de las instituciones del estado y roben de los recursos públicos.
Una sonada investigación, conocida como el Caso Pandora, por ejemplo, acusó a docenas de funcionarios tanto del partido Nacional como Liberal del desvío de unos US$12 millones del erario hondureño. Parte del dinero robado de las arcas del gobierno fue directamente a a la financiación de la primera campaña que llevó al presidente Hernández al poder en 2013.
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En sus cuatro años de operaciones, los miembros de la MACCIH contribuyeron a llevar a juicio a 133 personas y a investigar 14 casos, según información de la OEA. El presidente Hernández ha dicho que su gobierno sigue comprometido con la lucha anticorrupción, pero la excarcelación de Bonilla de Lobo y su negativa a prestar algún apoyo sustancial para la renovación de la MACCIH o para ampliar medidas anticorrupción más generales indican lo contrario.
La creación de la MACCIH fue esencial para que Honduras se distanciara temporalmente de la corrupción como “sistema operativo”, pero las élites han contraatacado.