Varios funcionarios chilenos conspiraron para llevar ilegalmente a cientos de migrantes chinos al país, lo que constituye la mayor red de tráfico de personas en Chile y requiere respuestas de las autoridades.

A finales de mayo, Chile acusó a 11 personas por introducir al menos a 381 ciudadanos chinos al país de manera ilegal. Este caso permitió revelar la existencia de una sofisticada red de tráfico de personas que operaba desde 2016, en la que participaban Alex Brito, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Patricio Trigo, exgobernador de la provincia de Choapa; y Mauricio Navarro, exalcalde de la ciudad de Los Andes, cerca de Valparaíso.

Con la ayuda de varios socios en China, esta red enviaba al país asiático cartas de invitación fraudulentas, con firmas falsas de alcaldes y gobernadores chilenos. Estas eran utilizadas para hacer pasar a los migrantes como turistas o empresarios, lo que les permitía su ingreso a Chile.

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La operación para desmantelar esta red había comenzado desde mediados de 2018, y descubrió que los funcionarios chilenos involucrados recibían US$4.900 por cada migrante, para un total de más de US$1,1 millones enviados desde China.

Los funcionarios involucrados han sido detenidos, y los migrantes chinos han recibido un buen trato. Chile ha legalizado, o está en proceso de legalizar, la residencia de 203 de los migrantes, y otros 178 han cruzado a Argentina legalmente. Según los informes, algunos ya han encontrado trabajo entre la comunidad china en el país austral.

En los últimos años, Chile se ha convertido en un destino apetecido por migrantes de todo el mundo, especialmente de Venezuela y Haití; de hecho, se ha informado que el 1 por ciento de la población haitiana reside en Chile.

En abril de 2018, el presidente Sebastián Piñera lanzó una campaña para legalizar a 300.000 migrantes en el país. Sin embargo, las deportaciones iniciaron después de que terminó dicha campaña.

Análisis de InSight Crime

Dado que es uno de los países más ricos y pacíficos de Latinoamérica y que tradicionalmente ha acogido a los migrantes, Chile se ha convertido en un importante objetivo para los traficantes de personas.

Informes de toda la región muestran que los migrantes chinos están huyendo de la pobreza extrema. A pesar de los alardes de que China ha reducido la pobreza, el aumento del desempleo y el empeoramiento de las perspectivas económicas están obligando a algunos ciudadanos a buscar otros horizontes.

En los últimos años, Chile además se ha convertido en uno de los principales socios de China en la región. Como el primer país sudamericano en firmar un acuerdo de libre comercio con China, se ha convertido en un importante puerto de entrada de productos chinos, y numerosas empresas del país asiático se han establecido allí. Por este motivo es un destino natural de los migrantes chinos.

Sin embargo, en los últimos años Chile ha hecho progresos significativos en la lucha contra el tráfico de personas. La gran mayoría de los migrantes ilegales en Chile provienen de países latinoamericanos, pero el país ha fortalecido las medidas contra el tráfico en general, ubicándolo en el nivel 1 del Informe de Tráfico de Personas de Estados Unidos.

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Pero el tráfico de ciudadanos chinos en Latinoamérica no es un fenómeno nuevo. Un informe de 2016 estimaba que el 80 por ciento de la población china en Argentina había ingresado al país de manera ilegal, usualmente a través de fronteras terrestres con Brasil, Chile y Bolivia.

Y una investigación de dos años, que terminó en noviembre de 2018, permitió desmantelar una red de trata de personas, mediante la cual ciudadanos chinos eran llevados a Costa Rica y Panamá a través de Suramérica, para luego ser llevados a Estados Unidos o Canadá o “vendidos” como mano de obra barata.

El Informe Sobre la Trata de Personas 2018, del Gobierno de Estados Unidos, estima que los chinos son sometidos a trabajos forzados en al menos 57 países del mundo.