Un reciente informe de Estados Unidos documenta cómo el mecanismo de detención preventiva sigue contribuyendo a la sobrepoblación carcelaria en América Latina, lo que favorece el reclutamiento por parte de las pandillas, así como la violencia y las violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad.

Los países latinoamericanos siguen abusando de la detención preventiva —la retención de personas que han sido investigadas por delitos, pero aún no han sido juzgadas— para lidiar con las altas tasas de criminalidad, pese al hecho de que el encarcelamiento apuntala las organizaciones criminales que operan en las prisiones, como lo muestra el informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2019 (2019 Country Reports on Human Rights Practices), del Departamento de Estado estadounidense.

En El Salvador y Colombia, más de 30 por ciento de la población carcelaria general la conforman detenidos en prisión preventiva, sostiene el informe. En Guatemala, la cifra casi alcanza 50 por ciento. Y en Paraguay y Perú, supera 60 por ciento. Como resultado de ello, los detenidos preventivamente —retenidos muchas veces en las mismas instalaciones que presos convictos, aunque estén esperando ser juzgados por delitos menores— deben lidiar con pandillas y otros grupos criminales para sobrevivir.

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Los sistemas judiciales de Latinoamérica se ven desbordados por un número abrumador de detenciones preventivas. El informe señala que, en México y Brasil, los funcionarios no interponen cargos contra los detenidos dentro del límite legal debido a la continua acumulación de casos. En Guatemala, las investigaciones exhaustivas y los procedimientos judiciales han postergado juicios durante años. 

Los casos extremos en el informe incluyen a detenidos preventivamente en México, que fueron privados de la libertad por más de una década.

Las leyes de detención preventiva fueron diseñadas en algunos países para permitir la retención de los indiciados durante años, mientras ellos se pudren en prisión. En Honduras y Paraguay, por ejemplo, una persona puede estar detenida por dos años, luego de lo cual las autoridades pueden solicitar una extensión de seis meses. Guatemala tiene un límite de un año, que puede extenderse en periodos de seis meses de manera indefinida.

Otros países, como Brasil, establecen el tiempo máximo de detención preventiva caso por caso. Pero el informe señala que eso no ha contribuido a reducir la duración promedio de las detenciones. Más de la mitad de los detenidos bajo esta figura en 17 estados han permanecido privados de la libertad por más de tres meses.

Análisis de InSight Crime

Las alternativas a la detención preventiva podrían aliviar en parte la sobrepoblación en las prisiones latinoamericanas, que ha dado lugar a más criminales de carrera y al aumento del reclutamiento por parte de las pandillas, lo que a su vez exacerba el ciclo de pobreza y violencia en muchos países. 

En Estados Unidos, donde los altos costos de las fianzas tienden a dejar a los pobres y a la población negra atrapados en el sistema carcelario, se han presentado algunas mejoras recientemente, como los programas de excarcelación supervisada y la excarcelación previa al juicio para delitos menores y algunos delitos graves. Uruguay ha recurrido a programas de tratamiento en lugar de la reclusión para personas acusadas de delitos de drogas. Y los países podrían usar la libertad condicional en lugar de la privación de la libertad.

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El impacto económico de las detenciones preventivas prolongadas puede ser devastador. La detención preventiva puede ahogar económicamente a las familias, dado que las madres o padres pierden sus trabajos mientras esperan el fallo de un juzgado en prisión, lo que aumenta la presión sobre ellos por encontrar la forma de dar un sustento a sus hijos. En una situación sinsalida como esa, algunos caen en el crimen o en las drogas. 

La sobrepoblación carcelaria también da lugar a otros problemas. El informe documenta el uso de fuerza violenta o invasiva contra los reclusos en Guatemala, Bolivia y Brasil, que en algunos casos constituye tortura. El informe también detalla escasez de camas, alimentos y suministros médicos, lo que facilita la propagación de enfermedades. Más recientemente, los países latinoamericanos se han visto obligados a repensar el uso liberal que hacen de la detención, debido a la pandemia del coronavirus. El temor al contagio ha desembocado en motines violentos y fugas en prisiones de Colombia y Brasil, entre otros países.

Como señala el informe, el año pasado varios países dieron algunos pasos para mejorar las tasas de detención preventiva. En febrero, México aprobó una reforma constitucional que aumenta el número y la gravedad de delitos que ameritan detención preventiva. El Salvador construyó nuevas prisiones para reducir el hacinamiento, y Paraguay animó a los jueces para que impusieran “medidas alternativas” a la detención preventiva para acusados de delitos menores.

Aunque estos cambios de política son alentadores, sigue siendo difícil convencer a funcionarios y gobiernos de que no solo el encierro reduce el crimen.