El operativo militar desplegado por el gobierno de Colombia en el que murieron 14 disidentes de las ex guerrillas de las FARC, un día después de que reconocidos miembros del grupo anunciaran su retorno a las armas, parece insinuar la forma en la que la administración Duque hará frente a esta amenaza.

El 30 de agosto, el presidente Iván Duque anunció el resultado de una operación militar en una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá, en el que fueron dados de baja 14 disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una de las personas que fue abatida es alias “Gildardo Cucho”, a quien Duque identificó en sus declaraciones como un alto cabecilla y narcotraficante de las disidencias en Caquetá, aunque hasta este operativo era un personaje prácticamente desconocido.

Un día antes, un grupo de guerrilleros encabezado por Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich” y Hernán Darío Vélez, alias “El Paisa”, anunciaron a través de un video en YouTube, su regreso a la lucha armada.

Los tres habían sido figuras claves en el proceso de paz que comenzó con la firma de los acuerdos en 2016.

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El general Luis Fernando Navarro, jefe de las fuerzas armadas de Colombia, dijo que el bombardeo en San Vicente del Caguán será sólo el primero de varios ataques planeados.

“Van a haber más bombardeos, van a estar a disposición todas las capacidades que tenemos para defender a los colombianos” comentó Navarro en una rueda de prensa poco después del anuncio del presidente Duque, según reportó El Heraldo.

El comandante del Ejército Nacional, general Nicasio Martínez, agregó que esta nueva amenaza de las exFARC será atendida por un grupo especializado en inteligencia y judicialización con cobertura y movilidad a nivel nacional, que perseguirá a las principales cabezas de esta nueva estructura.

Análisis de InSight Crime

Si bien la rapidez con la este operativo que fue anunciado parecería ser apenas un intento del gobierno de Duque por mostrar resultados, el despliegue de un bombardeo de esta magnitud y las declaraciones de altos rangos militares podrían estar develando pistas sobre el posible futuro de la lucha contra miembros desmovilizados de la exguerrilla.

En menos de 24 horas, el gobierno de Colombia expidió nuevas órdenes de captura contra Márquez, Santrich y El Paisa y se fijó una recompensa por información que dé con su paradero. Miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las instituciones encargadas de implementar los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las exFARC, están adelantando su expulsión del proceso.

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A pesar de que este no es el primer bombardeo que se ha realizado bajo el mandato de Duque en contra de elementos disidentes de las FARC, el alto número de bajas da cuenta de los esfuerzos a los que estaría dispuesto a ir este gobierno con tal de contrarrestar los movimientos de esta nueva estructura.

Sin embargo, los potenciales peligros que este tipo de operativos pueden significar para la población civil, sumado a su cuestionable efectividad frente a la consolidación de estas nuevas disidencias – no se ha comprobado, por ejemplo que Gildardo Cucho fuera un personaje con poder o que tuviera nexos con la organización de Márquez — generan más preguntas que respuestas cuando el proceso de paz continúa tambaleándose.