Estados Unidos ha imputado a seis miembros de la Policía Nacional de Honduras en relación con un caso que también implicaría el hijo de un expresidente, lo que indica una mayor participación del país del norte en las medidas contra el crimen y la corrupción en Honduras.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos anunció el 29 de junio que imputó cargos a seis agentes de la Policía Nacional Hondureña: Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez por su “participación en una conspiración de grandes proporciones que habría inundado con cocaína a Estados Unidos”.

Según la acusación federal (pdf), desde 2004 los agentes de policía comenzaron a recibir cuantiosos sobornos a cambio de ayudar a narcotraficantes en el transporte de cientos de kilogramos de cocaína provenientes de Venezuela y Colombia a través de Honduras y hacia Estados Unidos.

“Como se afirmó, mediante sobornos a funcionarios públicos y la filtración de información sobre investigaciones en curso y puntos de inspección de las autoridades, estos acusados accedieron a garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína por las selvas de Honduras en su trayecto a ciudades estadounidenses”, afirmó el fiscal estadounidense Preet Bahrara en una declaración.

Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, fue uno de los narcotraficantes con quienes presuntamente trabajaron los policías. Fabio Lobo se declaró culpable el mes pasado de los delitos de narcotráfico, también presentados por el Distrito Sur de Nueva York.

Los fiscales sostienen que Lobo se reunió a comienzos de 2014 con fuentes encubiertas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), que simulaban ser narcotraficantes mexicanos. Más adelante, Lobo presentó los informantes a los agentes de policía hondureños, en una reunión que quedó registrada en video, durante la cual los agentes acordaron aceptar cientos de dólares en sobornos y usaron un mapa para explicar cómo facilitarían el envío de la cocaína.

La acusación indica que Lobo creía que su parte en la operación de tráfico equivaldría a US $1 millón de las ganancias por la venta de las drogas. Sin embargo, cuando Lobo aceptó viajar a Haití en 2015 para recibir el pago por el negocio de cocaína, fue arrestado en una operación encubierta y trasladado poco después a Estados Unidos.

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El Heraldo informó que una comisión especial de reforma de la policía creada por el gobierno hondureño en abril, retiró de la fuerza a uno de los agentes acusados y suspendió a otro. Los otros cuatro se encuentran bajo escrutinio. La comisión tiene la potestad de destituir a agentes del cuerpo, pero no tiene facultad para levantar cargos legales contra los policías acusados de delitos.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, los agentes acusados “siguen en libertad”. Un vocero de la oficina declinó hacer comentarios en respuesta a la pregunta de InSight Crime sobre si Estados Unidos ha solicitado o no la extradición de los agentes.

Análisis de InSight Crime

La acusación de la policía constituye otro ejemplo de imputación de cargos por parte de Estados Unidos a hondureños sospechosos de tener nexos con el crimen organizado, cuando las autoridades hondureñas parecen no decidirse a actuar. Otras acusaciones interpuestas en 2015 contra miembros de la poderosa familia Rosenthal, acusados de ayudar en el blanqueo de dinero para narcotraficantes, representan otro ejemplo notable de esta dinámica.

La comisión de reforma policial en Honduras ha dado avances sustanciales en términos de destitución de la policía a agentes acusados de corrupción. Pero hasta el momento, la Fiscalía General de Honduras no ha actuado para procesar a los acusados de algunos de los crímenes más graves, como los oficiales de alto rango implicados en una trama para asesinar al director del organismo antidrogas en Honduras, en 2009.

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Es posible que el levantamiento de cargos contra seis agentes en Estados Unidos augure medidas similares contra otros sospechosos en el futuro.

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