A un año de que las pandillas se comprometieran a no agredirse entre sí, a través de un pacto que ha incidido de forma contundente en la reducción de la cifra de homicidios, la extorsión se ha convertido en el problema delictivo que más está afectando a la población salvadoreña.
Las cifras oficiales destacan una disminución de las denuncias por el delito de extorsión, pero en la realidad la “cifra negra” parece haberse disparado, según denunciaron algunos investigadores de la propia Policía Nacional Civil (PNC) y un exdirector de esta misma institución.
Las fuentes advirtieron sobre la evolución que están teniendo las pandillas en el cobro de las extorsiones, es decir, la aplicación de nuevas formas de extorsionar.
Los investigadores policiales consultados por El Diario de Hoy aseguraron que solo el 10 por ciento de las empresas o personas que son víctimas de extorsión deciden denunciar ante las autoridades policiales y fiscales. Mientras que el resto prefiere callar por miedo a represalias por parte de los pandilleros.
A manera de ejemplo, citaron el caso de una empresa instalada en Soyapango, la cual ha destinado la cantidad de 27,000 dólares mensuales para el pago de las extorsiones. Ese dinero ya forma parte de los costos de operación de la empresa.
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