El fiscal principal de El Salvador dice que aplicará la legislación antiterrorista del gobierno para procesar a los miembros de pandillas que ataquen a la policía, abriendo el camino para que enjuiciar a las pandillas sea más complicado de lo que ya es, y desdibujando todavía más la borrosa línea entre crimen organizado y terrorismo en la región.
El Fiscal General salvadoreño, Luis Martínez, anunció que la Ley Especial contra Actos de Terrorismo se aplicará ahora a los individuos y grupos detrás de los ataques contra la policía, los cuales han aumentado considerablemente en lo que va de 2014, informó El Diario de Hoy.
“Terroristas estén advertidos serán perseguidos y procesados por sus ataques cobardes contra la sociedad y contra valientes policías” dijo Martínez en Twitter.
Terroristas estén advertidos serán perseguidos y procesados por sus ataques cobardes contra la sociedad y contra valientes policías.
— luis martinez (@luism_abogado) April 15, 2014
El anuncio se produjo tras el asesinato de un agente de la unidad de lucha contra la extorsión de la policía, lo que llevó al número de policías asesinados en lo que va del año a tres, y al número de ataques contra la policía perpetuados por pandillas a más de 55, según el subdirector de la policía, Mauricio Ramírez Landaverde.
La medida recibió el respaldo de los miembros de todos los partidos de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, quienes reconocieron que la ley no tenía por objeto hacer frente a las pandillas o a los delincuentes, y argumentaron que las acciones de las pandillas justificaban su uso, informó La Prensa Gráfica.
Análisis de InSight Crime
La ley antiterrorismo de El Salvador es imprecisa a la hora de definir el terrorismo, y sólo afirma que estas acciones deben evidenciar “la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas.”
Incluido en la lista de crímenes que pueden ser juzgados como actos terroristas, están los ataques contra los “funcionarios públicos o autoridades públicas”, que junto con la vaga definición de los motivos terroristas, podría abrir el camino para la persecución de las pandillas que están detrás de los ataques -en su mayor parte las maras, del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS13).
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Como InSight Crime ha informado, los vínculos entre el terrorismo y el crimen organizado han crecido en los últimos años, pero esto casi siempre toma la forma de un acuerdo de negocios de beneficio mutuo y, a menudo, transitorio. Algunos expertos sostienen que las tácticas terroristas de los grupos criminales significa que éstos deben ser calificados de terroristas sean cuales sean sus motivos, y otros países como Brasil ya han introducido leyes que definen el terrorismo como un acto en lugar de un motivo.
Sin embargo, en el clima actual, el terrorismo es una palabra políticamente cargada, que se ha convertido en una frase de cajón para justificar las políticas de línea dura. También ha sido utilizada por los gobiernos de todo el mundo para restringir las libertades civiles, eludir normas jurídicas y para perseguir a quien el gobierno considere como indeseable –desde criminales hasta manifestantes. Bajo estas circunstancias, confundir a las pandillas con terroristas genera el riesgo de aumentar los abusos de poder en la lucha contra el crimen organizado.