Las autoridades de El Salvador han arrestado a funcionarios públicos y mediadores de una polémica tregua de pandillas, ya extinta, acusados de actuar ilegalmente para facilitar dicha tregua, lo que lleva a preguntarse qué tan lejos —y hasta qué nivel— llegarán las investigaciones sobre el tema.
El 3 de mayo, la Fiscalía de El Salvador emitió 21 órdenes de arresto contra personas que facilitaron una tregua entre las pandillas rivales Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, informó La Prensa Gráfica.
Al cierre de esta noticia las autoridades habían detenido a 18 personas, pero tres continuaban prófugas. Entre los capturados se encuentran Raúl Mijango, un excongresista que defendía abiertamente la tregua y que sirvió como uno de los principales mediadores entre las facciones de las pandillas, así como tres agentes de policía de nivel medio, tres directores de prisiones y varios empleados de prisiones.
Los cargos contra los funcionarios incluyen asociación ilícita, tráfico de artículos prohibidos en las prisiones, falsificación de documentos y abandono del cargo. Los tres policías detenidos están acusados de coordinar los pagos de estipendios para los oficiales que participaban en la tregua, coordinar reuniones secretas entre miembros de las pandillas en las prisiones y coordinar el traslado de los líderes pandilleros de prisiones de máxima seguridad a instalaciones menos seguras.
La fiscalía también ha señalado que se utilizaron incorrectamente $2 millones de fondos del Estado para financiar las actividades de la tregua, lo que sugiere que los funcionarios desviaron fondos destinados a pagarles a los proveedores de las prisiones para solventar las actividades de la tregua. Los investigadores dicen que dichos fondos fueron utilizados, al menos en parte, para financiar beneficios para los líderes de las pandillas encarcelados, como comidas rápidas, televisión por cable, videojuegos y bailarinas, entre otras cosas. Todavía no se han levantado cargos relacionados con la malversación de fondos del Estado.
La tregua de las pandillas entró en vigencia desde marzo de 2012 y comenzó a romperse a finales de 2013, aunque continuó de manera inestable durante algún tiempo después.
Análisis de InSight Crime
Estos arrestos representan la manifestación más clara hasta el momento de que la actual administración salvadoreña no sólo está tratando de distanciarse de la tregua de pandillas, sino que además está buscando desacreditar completamente el acuerdo y a quienes estuvieron involucrados en las negociaciones.
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El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, hizo de la crítica a la tregua entre pandillas un tema clave en su campaña presidencial de 2014. Más adelante, de la crítica pasó a la acción, y en febrero de 2016 el fiscal general Douglas Meléndez declaró su intención de investigar los posibles vínculos del gobierno con la tregua. Poco después, surgieron nuevas evidencias que sugieren que los líderes pandilleros habían estado en contacto con funcionarios de alto nivel.
Sin embargo, arrestar a los involucrados lleva a esta investigación a otro nivel y plantea la pregunta acerca de qué tan lejos podría llegar la persecución a los funcionarios que estuvieron involucrados en la tregua.
Si bien el apoyo a la tregua de pandillas ha llegado a ser tóxico políticamente, su impacto sigue siendo acaloradamente debatido. Según algunas estimaciones, la tregua de pandillas permitió salvar unas 5.500 vidas debido a la disminución en los homicidios que tuvo lugar durante el cese de las hostilidades, aunque los críticos dicen que la tregua permitió que las pandillas se consolidaran militar y políticamente.