Las autoridades de El Salvador han arrestado a un sacerdote y líder juvenil que se ha desempeñado como intermediario clave con las pandillas callejeras “maras”, en un fuerte indicio de que el nuevo gobierno está intentado expulsar a algunos jugadores de cualquier proceso futuro de negociación.
El padre español Antonio Rodríguez fue detenido el 30 de julio acusado de ingresar ilegalmente objetos a las cárceles del país, asociación ilícita y tráfico de influencias. Según informes de La Página, los objetos en cuestión incluyen drogas, dinero en efectivo y teléfonos móviles ingresados a las prisiones de Cojutepeque e Izalco.
Según la Fiscalía General de la República, las acciones del padre ayudaron a que los miembros de las pandillas siguieran cometiendo crímenes. Basándose en grabaciones de conversaciones telefónicas, el organismo asegura que el sacerdote trabajaba con el recluido líder de la pandilla Barrio 18, Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias “El Viejo Lin”, haciéndole favores, como la transferencia de prisioneros en su nombre, e ingresado teléfonos celulares que serían utilizados para extorsionar, informó La Prensa Gráfica.
A raíz de las protestas apoyando al sacerdote -conocido popularmente como “Padre Toño”- un tribunal de San Salvador le concedió libertad condicional el 4 de agosto mientras continúan con los procedimientos, informó El Diario de Hoy.
Análisis de InSight Crime
El padre Antonio Rodríguez, un sacerdote español que dirige una iglesia en la zona metropolitana de San Salvador, ha sido un importante y a menudo polémico intermediario entre la sociedad civil y las dos principales pandillas de El Salvador -Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13).
Durante mucho tiempo el Padre Toño ha defendido el diálogo con las pandillas, aunque inicialmente se opuso a la tregua alcanzada entre las dos partes en marzo de 2012. Sin embargo, él se unió a la iniciativa después del asesinato de un estrecho colaborador que trabajó con exmiembros de las pandillas.
Rodríguez era miembro de uno de los dos campos de intermediarios, el otro estaba dirigido por Raúl Mijango y por el monseñor Fabio Colindres, quienes jugaron un papel decisivo en la negociación del acuerdo inicial. Estos mediadores originales fueron, en gran medida, dejados de lado por el gobierno anterior después de que el exministro de Seguridad, Ricardo Perdomo -un importante crítico de tregua- asumió el cargo a mediados de 2013. Desde entonces, la tregua se ha venido desmoronando lentamente, y actualmente los asesinatos en el país han alcanzado los niveles previos a la tregua.
El sacerdote más tarde se asoció con Perdomo para planear un nuevo proceso de paz -que contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, pero que fue rechazado frontalmente por las pandillas- despertando acusaciones de que había tratado de usurpar a Mijango y a Colindres. Perdomo cerró los canales de comunicación que habían sido utilizados para facilitar las negociaciones entre las pandillas, pero aparentemente concedió al Padre Toño autorización para ingresar a las cárceles.
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El arresto del Padre Toño sugiere que el nuevo gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén está buscando expulsar a su equipo -y por extensión, posiblemente a Perdomo- del proceso. Aunque todavía no se ha dicho que se apoyará formalmente a Mijango y a Colindres, el ministro de Seguridad Benito Lara señaló en julio que el gobierno no bloqueará ningún intento de negociación con las pandillas.