La Fiscal General Claudia Paz y Paz, ha sido excluída de la lista final de candidatos que competirán para ser el próximo Fiscal General de Guatemala, una movida que, según muchos grupos de derechos humanos, tiene motivaciones políticas y representa una victoria para la impunidad.
La exclusión de Paz y Paz fue confirmada después de que sólo cuatro de 14 miembros de la comisión encargada de la selección de los últimos seis candidatos, votaran por ella, informó Siglo21. La preselección –reducida de una lista original de 26 candidatos- será ahora remitida al presidente Otto Pérez Molina, quien tomará la decisión final.
La decisión se produce después de que Paz y Paz -cuyo mandato como Fiscal General fue reciente, y controversialmente interrumpido- recibió la segunda calificación más alta entre los 26 candidatos, en una evaluación sobre su pertinencia, basada en sus capacidades académicas, profesionales y personales, informó Prensa Libre. Paz y Paz fue sólo uno de los tres candidatos en conseguir calificaciones por encima de 51 puntos. Los otros dos más destacados fueron incluidos en los seis finalistas.
Su exclusión de la nómina causó indignación entre los grupos de derechos humanos y observadores independientes. El expresidente Álvaro Colom afirmó que “es evidente que hay manipulación”, e Induvina Hernández de la ONG Seguridad en Democracia, dijo que ” se consolidó un pacto de impunidad”. Mientras tanto, Diego Álvarez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuestionó el hecho de que los resultados de la evaluación previa parecían haber tenido poco que ver con la lista final.
Análisis de InSight Crime
Desde que asumió el papel de Fiscal General en el 2010, Paz y Paz ha ganado elogios internacionales por su agresivo ataque contra el crimen organizado y la corrupción, y fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2013.
Sin embargo en febrero, la corte constitucional del país ordenó que debía terminar su periodo en mayo -siete meses antes de lo previsto- basándose en un tecnicismo. La decisión generó críticas generalizadas, y provocó acusaciones de que la poderosas élite del país había planeado su salida.
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La corrupción y los vínculos con el crimen organizado se presentan directamente en las altas esferas de la sociedad guatemalteca, con fuertes vínculos entre las redes criminales y las élites del país, como es el caso de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Otros grupos de traficantes, como los Mendoza y los Lorenzana, también son conocidos por mantener poderosos aliados políticos en sus áreas de operación.
La decisión de excluir a Paz y Paz de la lista ha sellado su destino, y probablemente siga siendo visto como uno de los varios golpes graves que ha recibido la lucha contra la impunidad. El mandato de la CICIG –la cual ha sido reconocida por su incesante persecución a los CIACS- también termina el año que viene.