Varios altos funcionarios de Brasil han planteado la idea de expandir el uso de las operaciones militares federales para combatir la delincuencia en todo el país, lo que sugiere que el Gobierno está tratando de institucionalizar una estrategia que ha demostrado ser poco efectiva en el pasado.
El presidente Michel Temer se reunió con políticos y miembros de su gabinete el 19 de febrero para discutir un decreto ejecutivo que él firmó el 16 de febrero, mediante el cual se le permite el ejército asumir el control de las operaciones de seguridad en Río de Janeiro.
Después de esa reunión, Wellington Moreira Franco, un asesor cercano a Temer, le dijo a Associated Press que esperaba que el modelo de despliegues militares federales “se extendiera por todo Brasil”.
Sergio Etchegoyen, el principal miembro del gabinete presidencial para asuntos militares y de seguridad, dijo que “Río de Janeiro es un laboratorio”.
Durante la reunión, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Maia, se refirió a las intervenciones militares federales como un “arma” en la “guerra contra el crimen”.
El ejército ha sido llamado repetidamente a ayudar a la policía civil en Río de Janeiro en los últimos años. Pero el decreto de Temer —sujeto a la aprobación del Congreso esta semana— representa la primera vez, desde el fin de la dictadura militar del país en 1985, que el Gobierno está utilizando la disposición constitucional que les permite a las fuerzas armadas federales asumir el control sobre la policía civil.
La propuesta de participación federal ha generado cierta controversia entre los políticos de la oposición, quienes afirman que la medida es cuestionable desde el punto de vista legal y que está motivada políticamente.
Además, el director del ejército brasileño, Eduardo Villas Bôas, advirtió recientemente contra el uso de los militares en la lucha contra el crimen a nivel interno, argumentando que tales acciones aumentan el riesgo de politización y de corrupción de las tropas.
La intervención en Río de Janeiro parece hacer parte de un juego de seguridad de Temer en vísperas de las elecciones generales que se llevarán a cabo en octubre. El día después de firmar el polémico decreto relacionado con Río, el presidente anunció la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que asumirá el control de la policía federal.
Por otra parte, en el estado de Ceará, ubicado al norte del país, el Gobierno ha desplegado un destacamento de fuerzas federales como respuesta a la creciente violencia y al reciente asesinato de dos importantes miembros del grupo criminal más poderoso del país, el Primer Comando Capital (PCC).
Análisis de InSight Crime
Los recientes comentarios de altos funcionarios brasileños apuntan hacia el deseo de institucionalizar una estrategia de militarización que ha demostrado tener pocos resultados en el largo plazo —tanto en Brasil como en toda Latinoamérica—.
Es significativo que Etchegoyen se haya referido a Río como un “laboratorio” de las políticas de seguridad militarizadas, dado que en la ciudad ha habido múltiples despliegues de las fuerzas armadas en los últimos años, que no han logrado ninguna mejora sostenible en cuanto a seguridad. Las estrategias militarizadas contra el crimen implementadas por las autoridades civiles en la ciudad también han tenido resultados mediocres.
Incluso hablando a favor de la intervención militar, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, dijo que las estrategias de seguridad deben tratar de abordar los aspectos socioeconómicos que generan el crimen.
“Solo ganaremos la guerra por la seguridad pública con permisos de trabajo”, señaló el gobernador.
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Sin embargo, la intervención federal en Río y la creación del nuevo Ministerio de Seguridad generan dudas acerca de si se dedicarán recursos suficientes para abordar esos temas.
La economía brasileña ha estado tambaleando durante años, y los recortes presupuestarios han afectado los programas sociales, así como al aparato de seguridad a nivel tanto federal como estatal. Es probable que la limitación de recursos siga siendo una barrera para abordar cuestiones fundamentales como la pobreza, el desempleo y la deficiente capacitación y remuneración de la policía civil.