El más reciente escándalo de narcopolítica en Paraguay ha implicado a una serie de altos funcionarios gubernamentales, pero es poco probable que la situación genere un cambio significativo en un país donde el narcotráfico parece haber penetrado profundamente la arena política.
El 5 de junio se hizo público un audio de una reunión en noviembre de 2014 entre Ezequiel de Souza (narcotraficante brasileño), Luis Rojas (jefe de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, SENAD) y los senadores Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens. La reunión con De Souza, quien está a la espera de un juicio tras ser capturado con más de 1.700 kilos de cocaína en el departamento de Canindeyú en 2012, tuvo lugar en la sede de la SENAD, después de que el narcotraficante expresara temor por su vida y dijera que tenía información sobre una red de corrupción que implicaba a abogados, policías y políticos, informó La Nación.
Durante la entrevista, que fue grabada en secreto por Giuzzio, De Souza afirmó que pagaba mensualmente “unos 160.000” a varios funcionarios del gobierno. Según AP, si bien en la grabación no se especifica el tipo de moneda, Giuzzio ha señalado que son dólares.
De Souza también afirmó que pagaba 60.000 a Javier Ibarra, actual viceministro de Seguridad, cuando era el segundo al mando después de Francisco de Vargas, el actual ministro del Interior. “Todos cobraban: policías, fiscales, jueces también, militares […] no recuerdo un fiscal que no haya sido pagado”, dice De Souza en la grabación.
Otros políticos a los que De Souza menciona con nombre propio son: Cristina Villalba, una congresista del departamento de Canindeyú por el Partido Colorado, actualmente en el poder, su hermano Carlos Villalba, el fiscal Diosnel Giménez y Pompeyo Lugo, hermano del expresidente Fernando Lugo.
Si bien hay controversia sobre lo qué pasó con la grabación después de la entrevista, en última instancia ésta terminó en manos de Carlos Rubén Sánchez, alias “Chicharõ”, político paraguayo vinculado a una red de tráfico de drogas que fue arrestado recientemente por cargos de lavado de dinero. El abogado de Chicharõ fue quien entregó la grabación a la prensa.
Análisis de InSight Crime
La aparición de la grabación de Ezequiel de Souza es apenas el más reciente en una serie de escándalos de narcopolítica en Paraguay.
En mayo de este año fue asesinado a tiros Magdaleno Silva, quien ha sido congresista paraguayo dos veces y es apodado “el representante de los narcotraficantes en el Congreso”. El año pasado, tres congresistas fueron acusados de tener vínculos con narcotraficantes brasileños. El actual presidente Horacio Cartes también ha sido acusado de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, y en 2013 su tío fue encarcelado en Uruguay por cargos de tráfico de drogas.
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Por otro lado, Brasil podría estar próximo a extraditar a Paraguay al exmiembro del Partido Colorado Vilmar “Neneco” Acosta, para enfrentar cargos por el homicidio en 2014 del periodista Pablo Medina, quien fue asesinado por sus informes sobre el narcotráfico. La muerte de Medina generó mayor atención sobre la influencia de los narcotraficantes en las instituciones paraguayas.
Sin embargo, la corrupción generalizada en Paraguay y su débil sistema judicial han generado la incapacidad del país para investigar, procesar y exigir rendición de cuentas a los implicados en el tráfico de drogas, y hay pocas razones para creer que este último escándalo vaya a ser manejado de manera diferente.